La Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR-100), determinó que ante la indolente pasividad ejecutiva del Gobierno de la Ciudad de México para resolver el conflicto laboral de este gremio -que data hace más de 20 años, iniciará jornadas dobles, acciones dos veces por semana ante diversas dependencias gubernamentales, legislativas y judiciales.
Dijo que no importando quien tenga mayoría parlamentaria en las tareas legislativas del recinto de Donceles y Allende, el SUTAUR-100 conminará a todos los agentes del poder legislativo para que respeten los acuerdos políticos que dejó inconcluso la VI ALDF.
Lucharemos por lograr la Reparación del “Daño Patrimonial del Estado”-que antes de la reforma a la Ley del Código de Procedimientos Penales, se calificaba el hecho como “omisión gubernamental”. Informó que el jueves 10 de septiembre pasado, realizaron un mitin de protesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que encabeza la doctora Perla Gómez Gallardo, como una acción de presión pacífica y demandarle que actúe a favor de la clase trabajadora, “porque dañan paralelamente los derechos humanos”.
Estableció que uno de los propósitos es que a través de la CDHDF, obligue a la VII ALDF cumpla con los acuerdos políticos que le dejó su antecesora, porque si bien es cierto que en el Ejercicio Presupuestal 2015 se contempló una partida especial para la liquidación de la ex Ruta 100 y no se ejecutorió, acentuarán su exigencia a efecto que en el Ejercicio Fiscal 2016, se delinee una política de liquidación para luego, si los trabajadores lo ponderen para reinvertir sus liquidaciones en la generación de empleos.
El caso presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos plantea las omisiones del Estado mexicano en la supervisión del funcionamiento del Fideicomiso F-100, en el que las y los ex trabajadores invirtieron el dinero de su liquidación y hasta la fecha no han visto reintegrar ni su capital, ni los rendimientos del mismo.
“No son 600 trabajadores, sino 12 mil cuatro los afectados”, aclaró tajante Jorge Cuellar Valdez, presidente de la Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100, precisó: “La razón y el derecho debe anteponerse a la corrupción y a La impunidad pagada con sangre por la clase trabajadora, una vez que ya entró en funciones la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.
Lo anterior, en una franca violación a los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la propiedad privada de las víctimas. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, las víctimas y sus familiares también sufrieron una afectación en su integridad física y psicológica, al no contar con los recursos necesarios para su manutención a lo largo de 20 años.
Con el objeto que el Estado mexicano responda por el incumplimiento de sus obligaciones y de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas en este caso, la CDHDF representa a cientos de personas ex trabajadoras de Ruta 100 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de un litigio Pro bono, gratuito, en el que no cobra ni cobrará el trámite del caso por ser un Organismo Público, por lo que ningún tercero podrá realizar cobro alguno a las víctimas en relación con el litigio de la petición.
La petición presentada por este Organismo abre la posibilidad para que una instancia internacional se pronuncie sobre las violaciones a derechos humanos en agravio de las 12,004 ex trabajadoras de Ruta 100, y sus familias, se ordene al Estado mexicano su restitución en el goce y ejercicio de sus derechos y de su patrimonio.
El también dirigente moral de la ex Ruta 100, puntualizó que no basta con que la CDHDF haya canalizado el expediente porque el SUTAUR-100 permanecerá atento de la decisión que adopte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la posible admisión y estudio del caso en el Sistema Interamericano, sino que se irán acrecentando los movimientos de esta central camionera para lograr su objetivo a fin que les reparen el daño político, laboral y moral del que fueron víctimas 12,004 familias hace más de cuatro lustros, y que hasta ahora, la corrupción y la impunidad son el sello que llevan en la frente los malos funcionarios del GDF.
Por Blas A. Buendía