Por Blas A. Buendía
Ra’ad Al Hussein, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, alertó que “ante la crítica en lugar de matar al mensajero” hay que admitir que la confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales ha sido seriamente resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y el asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, estado de Guerrero, entre muchos otros sucesos que prende los focos rojos en México como nación sigue en el hoyo de no poder salir de ese dramático Estado fallido que para muchos funcionarios les es difícil aceptar.
Tuvo que llegar un visitador de la ONU para despertar del letargo a las autoridades judiciales mexicanas, incluso “despertó al dormilón” que se guarnece en la regordeta figura burocrática del Ministerio Público, y no le quedado más que asimilar al Estado mexicano que sus investigaciones han ido más allá de lo que se esperaba.
Aunque la fiscalía de México concluyó el año pasado que los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero, un documento oficial revela que un presunto sicario confesó que al menos nueve jóvenes fueron asesinados en otro lugar, contradiciendo la versión oficial, reporta la prensa mexicana.
La fiscalía general publicó en su página web el domingo 11 de octubre, el expediente de su pesquisa controvertida de 54 mil fojas, 85 tomos y 13 anexos, en una práctica inusual en México, cuyas autoridades suelen mantener hermetismo casi total en sus investigaciones, porque aducen la secrecía por obvias razones jurídicas.
En una revisión realizada a cientos de páginas, se hallaron contradictorias declaraciones de algunos de los más de 100 detenidos, entre los que figuran policías e integrantes del cártel narcotraficante Guerreros Unidos.
Arely Gómez, procuradora general de la República, anunció la publicación del expediente, luego de que una periodista independiente logró hace meses que el Instituto Nacional de Transparencia ordenara a la fiscalía darle acceso al documento. Es decir, los periodistas nos hemos convertido hasta en Ministerios Públicos fortuitos ante la evidente incapacidad de los funcionarios públicos que no respetan los códigos de ética que se asumen en la abogacía, es decir, debe distinguirse por su experiencia, honor, sapiencia y lealtad.
Es estimulante para un reportero contribuir para ahondar en ciertas investigaciones que la misma autoridad, teniendo las pruebas contundente en sus narices, se niega en aceptar que gente ajena al aparato de procuración de justicia, sean rebasados por el talento de quienes escribimos cotidianamente la historia del México contemporáneo.
Tras el brutal ataque de policías contra los estudiantes cometido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, concluyó que los jóvenes habían sido detenidos y entregados a integrantes de Guerreros Unidos.
De acuerdo con las conclusiones oficiales, los estudiantes habrían sido llevados al basurero del vecino municipio de Cocula, localizado a 240 kilómetros de la capital de la República mexicana, donde sicarios les habrían asesinado e “incinerado” por pensar que se trataba de integrantes de un cártel enemigo.
Los padres de los jóvenes siempre han rechazado esta versión de los hechos, y más aun cuando peritos en medicina forenses, advierten que la fantasía de la PGR persiste en afirmar que fueron carbonizados, porque de haber sido cierto, se hubieran encontrado las osamentas que ni siquiera el fuego las hubiera consumido y desaparecido.
Para triturar huesos humanos se tiene que emplea una técnica mecánica demoledora, y ni aun así, desaparecen esos vestigios antropológicos en una masiva incineración de 43 chamacos
Vaya, ni los dientes pueden destruirse fácilmente, y en el sitio –según narraciones extraoficiales- no habla de ello y ni de vestigios referentes al tema. Los dientes están compuestos por tejidos mineralizados (calcio, fósforo, magnesio), que le otorgan la dureza casi indestructible.
Matanza en el cerro
Sin embargo, en una declaración del sicario Marco Antonio Ríos Berber, esa fatídica noche un individuo apodado «El Chuky» (prófugo), quien fungía como jefe de los pistoleros de Guerreros Unidos, habría llevado a tres estudiantes a Pueblo Viejo, un paradero en la periferia de Iguala que conduce a un cerro de tupida vegetación.
Antes de subir, «El Chucky» habría ordenado a Ríos Berber ir a comprar diesel. «Como a los 20 minutos regresé (…) ya había matado a los tres» de un tiro en la cabeza, declaró el sicario detenido, a quien su jefe ordenó hacer una fosa.
Con otros miembros del cartel «los echaron al hoyo, (El Chuky) roció los cuerpos con diesel hasta que se calcinaron», luego llegó al mismo lugar una camioneta en la que los delincuentes traían a otros 10 jóvenes, señaló Ríos Berber.
«Yo les disparé a dos en la cabeza», declaró. En total mataron e incineraron a otros seis.
Los otros cuatro jóvenes fueron golpeados hasta quedar inconscientes, amarrados y abandonados en ese lugar, declaró el sicario que dijo haberse ido a dormir a su casa a las 3:00 de la madrugada, sin saber qué pasó con los demás jóvenes, porque aparentemente estaría drogado. Los mismos peritos forenses acusan que una persona drogada actúa como autómata sin dar cuenta de lo que está haciendo en el marco del razocinio fugaz.
Pese a ello, todavía más, una fuente de la fiscalía negó que haya contradicciones y aclaró enfática que el posible asesinato en Pueblo Viejo «es una línea de investigación más».
«La hipótesis del basurero es la más contundente derivada de los testimonios, de las confesiones, y de las análisis periciales (…) en geología, en incendios», indicó la fuente.
En octubre de 2014, la fiscalía dijo que un pistolero había confesado que 17 estudiantes habían sido asesinados y quemados en Pueblo Viejo, donde se hallaron 28 cuerpos en fosas pero cuyas pruebas de ADN no correspondían a los 43 estudiantes.
15 muertes por asfixia
El amplio expediente contiene también algunas contradicciones de sicarios que confesaron que los jóvenes fueron asesinados en el basurero de Cocula.
Mientras un testigo, en sus díceres, comentó que a ese lugar llevaron a cerca de 30 jóvenes, otro señala que habrían sido 40 estudiantes. Contradicciones al vuelo.
Estos sicarios relatan que las víctimas fueron transportadas en un camión de redilas en el que iban apiladas una encima de otra, y aseguraron que se escuchaban gritos de auxilio porque se estaban asfixiando.
Cuando llegaron al basurero «ya había como 15 muertos por asfixia», declaró Jonathan Osorio Cortés alias «El Jona», quien recuerda que cuando empezaron a bajar a los estudiantes del camión los iban matando de un balazo en la cabeza.
En esos últimos momentos algunos jóvenes señalaron a dos de sus compañeros como «infiltrados de los rojos», el cártel antagónico de Guerreros Unidos.
Mataron a otros estudiantes a golpes en la cabeza con un tronco de madera, añade.
Sus cuerpos habrían sido quemados durante 15 horas en ese lugar y las cenizas depositadas en ocho bolsas negras de basura que luego fueron arrojadas a un río.
Las autoridades han identificado plenamente con pruebas ADN de restos óseos a uno se los estudiantes, mientras que un segundo joven ha sido identificado de manera parcial.
Es por ello que la presencia del visitador de la ONU en México, Ra’ad Al Hussein, presentó un cuadro incomparable, “corrosivo, devastador, traumático y espeluznante impacto” que es generado impunemente por el crimen organizado.
Es de observarse también la profundidad de su mensaje, que la convierte como una monstruosa revelación. “Parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la República”.
Zeid Ra’ad Al Hussein puntualiza: “Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados”; he aquí el meollo de un asunto desfallecido que hace ya no suponer que exista una plena seguridad, sino que México vive un insalvable Estado fallido.
“Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito”, exteriorizó durante su visita del 7 de octubre de 2015, que contrasta con el festín de declaraciones que han hecho irresponsable e insensiblemente cientos de funcionarios locales y federales en relación a la seguridad interna del país.