Tal y como lo advirtieron las organizaciones de la sociedad civil, la negociación entre diputados y cabilderos de la industria de bebidas para lograr una reducción en el Impuesto Especial a Producción y Servicios en el ramo de bebidas azucaradas tuvo resultados, una vez que diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) promovieron y aprobaron en la Comisión de Hacienda y Crédito Público una reducción de 50% al impuesto especial de las bebidas azucaradas que contengan 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. La medida se tomó en contraposición a la recomendación por parte de organismos nacionales e internacionales de aumentar el impuesto de 10% a 20%.
En un análisis de las repercusiones de esta decisión, la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) informó que la población más afectada por esta reducción serán las niñas y niños pequeños, ya que las bebidas que tendrán un menor impuesto son aquellas dirigidas a la infancia, como son las agüitas saborizadas y bebidas sabor fruta.
Estas bebidas, comercializadas por Nestlé, Coca Cola, Danone y Pepsico contienen una cantidad de azúcar cercana a los 5 gramos por 100 ml, en su presentación más común (botellita de 300 ml) por lo que al consumirlas, los niños ingieren hasta 15 gramos de azúcares añadidos (3 cucharadas cafeteras). Esta cifra es cercana a la cantidad máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud en los niños pequeños que es de 19 gramos al día (aproximadamente 4 cucharadas cafeteras).
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC) acusó: “Los diputados y las diputadas se han aliado con la industria refresquera para bajar el impuesto atentando, en especial, contra la salud de los niños en México, en un país en que las y los niños tienen una de las más altas cifras de sobrepeso y obesidad en el mundo. Se estima que uno de cada tres niños mexicanos nacidos a partir del 2010 desarrollará diabetes en su vida y los diputados y diputadas están contribuyendo a ello. Los legisladores están actuando a favor de las refresqueras y en contra de la salud de la población, especialmente de los niños pequeños.
Alma Meneses, coordinadora de Legislación y Políticas Públicas, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), afirmó: “La reducción del impuesto hacen que estos productos se vuelvan más accesibles para niñas, niños y adolescentes, lo cual incentiva que los consuman de manera cotidiana. Recordemos que la garantía del derecho a la salud, implica que el Estado tome las medidas necesarias para evitar que terceros (particulares o empresas) puedan atentar contra este derecho”.
Al respecto, Luis Manuel Encarnación, director de la Fundación Mídete, comentó que en la sesión pública del Palacio Legislativo de San Lázaro, “durante la votación de la Miscelánea Fiscal, a pesar de que se presentaron aproximadamente diez reservas por parte de los Grupos Parlamentarios del PRD, MORENA y Movimiento Ciudadano en contra de la propuesta del PRI y del PAN de debilitar el impuesto a las bebidas azucaradas, no se pudo detener esta acción lasciva y regresiva”.
El impuesto, dijo, ha sido la política estrella del Gobierno de la República y del Presidente Peña Nieto en el combate a la obesidad, con amplio reconocimiento de académicos, organizaciones y gobiernos en todo el mundo.
Lamentó que el PRI le haya dado su debida atención e interpretación al promover una propuesta que atenta contra la progresividad del derecho a la salud”.
Y dijo: “Se privilegiaron a las refersqueras y a la industria, por encima de la salud de los mexicanos, especialmente de los niños pequeños. De nueva cuenta, vemos el conflicto con el que actúa el gobierno mexicano y sus diputados”.
Finalmente, las organizaciones civiles advirtieron sobre la necesidad de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas para proteger el derecho a la salud de niñas y niños, y no de disminuirlo para favorecer los intereses de la industria.
Por Blas A. Buendía