Guatemala, 12 jun (PL) La indignación popular continúa viva en Guatemala tras conocerse un nuevo capítulo de la trama de corrupción que signó al gobierno del Partido Patriota y a sus principales representantes: La Cooperacha.
Las últimas revelaciones de la titular del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y del presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velázquez, confirmaron la tesis públicas acerca de la falta de probidad de varios exministros y funcionarios de aquella administración.
Además, pusieron en claro lo que hasta ahora algunos medios de prensa y autoridades de distintos poderes callaron en una suerte de complicidad con acusados por la ciudadanía de garantizar el ascenso y persistencia del defenestrado gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Según informaron Aldana y Velázquez en conferencia de prensa, el progreso en las investigaciones alrededor de la cooptación del Estado por ese binomio expresidencial puso al descubierto otra evidencia de la lógica perversa del ejercicio del poder político por parte de estos.
Indicaron que con la colaboración del exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, Pérez Molina y Baldetti lograron agenciarse cada año múltiples regalos suntuosos con el aporte en dinero de un grupo de exjerarcas ministeriales y funcionarios cercanos.
Casi siempre en torno a las fechas de los cumpleaños de ambos -1 de diciembre y 13 de mayo, de manera respectiva-, estos entregaban a Monzón sus tributos para alimentar el ansia de dinero y lujos de los jefes y granjearse la continuidad de sus favores.
El Ministerio y la Comisión coincidieron en que, al estilo de la mafia, estos funcionarios participaron de forma repetida en esa componenda con la intención de agradar a sus capos, permanecer dentro de la jerarquía y garantizar su permiso de operación en cada una de las carteras de Gobierno o instituciones bajo su mando.
La Cooperacha, como llamaron a su retribución, se realizaba en efectivo, en cajas o bolsas y en las instituciones donde laboraban los contribuyentes, para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero.
Monzón entregaba luego los resultados de la recaudación a Baldetti, quien definía qué se compraría, y la inversión fue creciendo a tal punto que Pérez Molina recibió como compensación una lancha lujosa; una casa en la playa de Taxisco, departamento sureño de Santa Rosa, valorada en un millón de dólares; y un helicóptero Bell 470GX, modelo 213, de unos 3,5 millones de dólares.
Estos y otros «regalos» al exgobernante llegaron a representar un valor de 33 millones de quetzales, es decir, más de cuatro millones 400 mil dólares y las evidencias acumuladas prueban que ello se debió a entregas por encima de los patrimonios reportados por sus compinches en sus declaraciones de probidad.
Pero Pérez Molina también resarció a Baldetti y utilizando el mismo esquema organizó el aporte para ella, en virtud del cual esta recibió un inmueble en Pristine Bay en la caribeña isla de Roatán, en Honduras.
Monzón aseguró haber recibió 500 mil dólares para su jefa como dádiva de los mismos funcionarios organizados con el propósito de recaudar los fondos para los regalos del expresidente.
El MP y Cicig dejaron en claro, además, que los miembros de esta red desarrollaron acciones por medio de las cuales tomaron las instituciones de Estado como un botín, del cual dispusieron con toda discrecionalidad.
La conducta de estos, así como la de la expareja presidencial, evidencia el total irrespeto de esta estructura por el buen destino y ejecución de los recursos del Estado, agregaron.
Los exministros de Defensa (2013-2014) Héctor Manuel López Ambrosio, y de Gobernación (2012-2015) Héctor Mauricio López Bonilla, fueron detenidos este sábado por su pertenencia al grupo.
Junto a ellos fueron señalados los extitulares de Defensa Ulises Anzueto (2012); de Energía y Minas Erick Archila y el de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, ambos prófugos de la justicia; y el expresidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez, en prisión por otros casos.
La Cooperacha: otro capítulo de corrupción en el Estado de Guatemala
Por Isabel Soto Mayedo