México (PL) El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó en reciente entrevista con el diario La Jornada, que pese al mal humor social prevaleciente, el país avanza en muchos órdenes.
La frase era algo así como que el jefe de Estado estaba consciente del malestar social, aunque no entendía sus motivos cuando en México están en marcha reformas estructurales que lo harán más competitivo.
Enseguida se armó la controversia, a la que se sumaron politólogos, políticos, periodistas y otros actores.
Sin embargo, el ambiente y mapa sociales eran la confirmación de que la nación vive una efervescencia que desdice de la obra de gobierno y manifiesta creciente descontento en sectores de la sociedad.
No hay que ir muy lejos para comprobarlo, pues la Ciudad de México se ha convertido en el centro de expresión de manifestaciones y protestas de todo tipo.
Pero las que marcaron la pauta fueron las de los maestros afiliados o simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que libran una cruenta batalla contra la reforma educativa impulsada por el gobierno y con rango constitucional tras su aprobación en el Congreso.
Marchas en la CDMX, pero también, junto a otras acciones de protesta, se suceden con el mismo tema en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, aunque se extendieron a la mayoría de los estados de la República Mexicana.
LOS MUERTOS DE NOCHIXTLÁN
El clímax ocurrió el domingo 19 de junio en la localidad oaxaqueña de Nochixtlán. Allí, en una verdadera batalla campal que se extendió por 15 horas y llegó a ser cuerpo a cuerpo, policías federales y estatales dispararon contra afiliados a la CNTE y de otras organizaciones sociales que respaldan su causa.
Ocho personas murieron y, según reportes locales, un centenar resultaron heridos y varias decenas fueron detenidos, lo que disparó las alarmas de uno y otro lado de hasta qué punto puede escalar el conflicto magisterial y al que se unen reclamos de otros sectores sociales.
La diputada Maricela Contreras, en entrevista con Prensa Latina, dijo que el gobierno ha sido torpe y arrogante de cara a los maestros opuestos a la reforma educativa que, por demás, nunca se debatió con esos sectores del magisterio.
Subrayó que la reforma no puede ser impuesta con sangre y fuego. «Las consecuencias están a la vista, en Nochixtlán tenemos ahora muertos, heridos y desaparecidos».
La legisladora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió la renuncia del secretario de Educación, Aurelio Nuño, proclive a una política de mano dura que comprende despidos y recortes salariales a los docentes «disidentes».
Junto a ello prevalecía un contradictorio diálogo de sordos entre la Secretaría de Salud Pública y la CNTE, a la que el gobierno pretende descabezar con la detención de algunos de sus principales líderes bajo cargos que nada tienen que ver con la causa que defienden.
La violencia desatada en Nochixtlán levantó numerosas voces en el Congreso, los partidos políticos, personalidades y movimientos sociales para el cese de la represión y que se abran las puertas de un diálogo entre el gobierno y la CNTE.
Tales pláticas fueron convocadas ahora por la Secretaría de Gobernación (Segob) cuyo titular, Miguel Ángel Osorio, una de las figuras presidenciables para los comicios de 2018.
Hay que hacer un alto, afirma la diputada Contreras, y escuchar a los maestros, quienes de seguro tienen mucho que decir.
El que sí parece fuera de las pláticas es el secretario Nuño, confinado a la Secretaría de Educación y, quizás, recibiendo reportes de lo que se discute en la sede de Gobernación, adonde los docentes defienden un pliego de nueve puntos, incluida la defensa de la enseñanza pública, el fin de la represión y la reincorporación de los miles de maestros despedidos, entre otros.
Los líderes de los docentes aducen que la reforma es punitiva, en particular el examen de desempeño educativo, que el articulado de esa ley establece de manera anual.
Afirman que es más una reforma laboral, la cual atenta contra la educación pública y, además, no tiene en cuenta a los miles de maestros que ejercen en comunidades pobres, indígenas y bilingües, y deben someterse a prueba ante una fría computadora que, por ejemplo, en muchas escuelas de Oaxaca no existe.
Consideran que la reforma atenta contra los derechos alcanzados durante décadas por el magisterio mexicano.
LOS OTROS CONFLICTOS
Según la revista Proceso, en el país persisten más de dos centenares de conflictos sociales irresueltos, desde guerrillas, protestas mineras, de guardias comunitarias, de comunidades indígenas por el uso de sus tierras, hasta de productores agrícolas que aducen abandono gubernamental, entre otros.
El país está irritado y probablemente algunas de las causas del enojo social provengan de la implementación de las reformas estructurales que fueron la bandera del presidente Peña Nieto, y quien en su momento calificó a la educativa como la más trascendental.
O como dijera José Rivas, del comité del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Luis Potosí, a Prensa Latina: estamos enfrentando la arremetida neoliberal del gobierno y la última trinchera es la reforma educativa. El resentimiento popular es mucho; es imposible acallar el enojo social.