No realizar obras públicas por falta de presupuesto es común en todo el país, más aún con los recortes instrumentados por el gobierno federal y con impacto obligado en los estados; además, que las entidades federativas pierdan año con año recursos que la federación pone a disposición para diversos proyectos, parece ser ya una constante por la incapacidad manifiesta de los funcionarios; pero que se obtengan miles de millones de pesos de empresas paraestatales y que estas dejen de brindar los servicios básicos para lo cual fueron creadas es el exceso del exceso, y es lo que está ocurriendo en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
En noviembre de 2014 el Congreso estatal aprobó la ampliación de concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC, Aguakán) hasta el año 2053 para municipios como Isla Mujeres y Benito Juárez, y entregó además a Solidaridad y Puerto Morelos, y aun cuando su función única es el cobro del servicio de agua potable a los ciudadanos, el incremento de las tarifas ha sido del 100 por ciento en lugares como Playa del Carmen, según han publicado medios locales, pero además en los últimos cinco años el incremento en lugares como Cancún, el incremento ha sido de 120 por ciento, señalan otros.
Ahora bien, para el logro de la ampliación de la concesión, Aguakán entregó al gobierno estatal mil 79 millones de pesos; pero Novedades Chetumal, publicó este martes la declaración del director d la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero Ortiz, en la que señala que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no ha entregado a la paraestatal la contraparte estatal para poder ejecutar 26 proyectos de infraestructura, por un monto de poco más de 185 millones de pesos.
La declaración tan…”espontánea” de Guerrero Ortiz evidencia la anómala situación y la urgencia de contar con los recursos, pues mientras la Sefiplan aún no “autoriza” los recursos a la CAPA, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua, instancia que radica la parte federal de recursos para la realización de las obras), José Luis Blanco Pajón, recalcó que el plazo límite para la asignación de obras es el final de la actual administración estatal, es decir, menos de tres meses.
Ha habido recortes a nivel federal, las participaciones locales se tienen comprometidas por efectos de la deuda pública; pero los mil 079 millones de pesos recibidos por el gobierno estatal por parte de Aguakán pudieran perfectamente financiar las obras pendientes, sólo que hasta ahora no aparecen registrados en las cuentas públicas de 2014 del Poder Ejecutivo, ni de la CAPA; ni en la Ley de Ingresos del estado para el ejercicio fiscal 2015. Alguien tendrá que explicar mucho más que la pérdida de recursos federales; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.