· El presidente de la CONATRIB, afirma que frente a desaparición de personas se requieren acciones estratégicas
· Signó convenio con los titulares de la PGR y el INE que busca facilitar la identificación de cadáveres desconocidos
· En la PGR, explicó que el convenio apunta a la construcción conjunta y coordinada de un mecanismo asertivo y eficiente que dé certeza a las investigaciones y familiares
· Anualmente, 700 cadáveres en promedio, no se identifican y su destino final es la fosa común
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Edgar Elías Azar, afirmó que los hechos violentos en el país de los últimos años han dejado como consecuencia la desaparición de miles de personas, por lo que advirtió que se requieren acciones estratégicas para combatir este problema que lastima a todos.
Al signar convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para la consulta de la base de datos de este último organismo a fin de facilitar la identificación de cadáveres de personas desconocidas, el jurista y político guerrerense, enfatizó que la actuación de las autoridades debe ser rápida y efectiva para salvaguardar la integridad de los individuos, detener la comisión del delito, prevenirlo y sancionarlo.
En la sede de la PGR, dijo que el convenio firmado apunta a la construcción conjunta y coordinada de un mecanismo asertivo y eficiente para la identificación de cuerpos y restos mortales, que dé certeza a las investigaciones y a los familiares de personas desaparecidas.
Destacó que hoy las instituciones enfrentan el desafío de construir sistemas de información para conocer la situación de las personas en el territorio nacional, y que uno de esos sistemas es el que permite identificar con total claridad a las que han desaparecido.
A los miles de restos humanos encontrados que no han podido ser identificados, dijo, se suman denuncias de personas desaparecidas. Por ello, añadió, es de suma importancia hacer un cruce de información entre ambos registros para poder identificarlos.
Reconoció los esfuerzos hasta ahora desplegados, pero advirtió que a la fecha no se ha resuelto el problema de cara al universo de cadáveres y restos mortales no identificados que se registran en el país. Tan sólo en la Ciudad de México, puntualizó, cada año 700 cadáveres, en promedio, no se identifican y su destino final es la fosa común.
Con la presencia de la procuradora General de la República, Arely Gómez González, y del presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, el magistrado advirtió que el Estado está obligado a tener la totalidad de los datos que permitan identificar cadáveres, y que esa es una obligación que se tiene que cumplir.
A nombre de los 32 poderes judiciales locales del país, el Doctor en Derecho Édgar Elías Azar, selló el compromiso para hacer cumplir la legislación y los instrumentos internacionales que protegen a las personas contra las desapariciones forzadas.
“Tenemos todos que trabajar en este convenio, trabajar arduamente y trabajar coordinadamente para que tengamos éxito. Esto es parte fundamental del proceso de duelo, de restitución de derechos para los familiares de las personas desaparecidas”, comentó.
En el acto participaron el procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, y el procurador General de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, como representantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Hechos extremadamente dolorosos
Reunidos en el salón Independencia de la Procuraduría General de la República, el presidente de la CONATRIB, Édgar Elías Azar, dijo a este acto forma parte de un asunto de trascendental importancia para el país, y es la construcción conjunta y coordinada de un mecanismo asertivo y eficiente para la identificación de los cuerpos y restos mortales que dé certeza a las investigaciones y a los seres queridos y familiares de personas desaparecidas.
Este mecanismo conjunto y coordinado se reviste de particular significado a la luz de los hechos violentos que se han dado en los últimos años en nuestro país, y que han tenido como consecuencia la desaparición de miles de personas, muchas de ellas, niñas, niños, adolescentes, mujeres y migrantes.
Ante las consecuencias que devienen de la violencia armada y delincuencia organizada, se requiere de acciones estratégicas para combatir este problema que nos lastima muy profundamente a todos, como servidores públicos, como mexicanos, como ciudadanos, como personas, como lo que quieran.
La desaparición de una persona es motivo de investigación de los hechos; en este escenario el tiempo es vital. La actuación de las autoridades debe ser rápida y efectiva para salvaguardar la integridad física y la vida de las personas, para detener la comisión de algún delito, prevenirlo y sancionarlo conforme a nuestras leyes.
Ante este escenario de hechos extremadamente dolorosos y sensibles, que adicionalmente lastiman a la sociedad, es de extrema importancia que las autoridades contemos con los mecanismos eficientes para proteger a las personas, su vida, su libertad y su integridad física.
En este contexto, reafirmo el compromiso de todos los tribunales del país a través de esta Comisión con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificadas por el Estado mexicano, respecto de la cual México rinde su primer informe en febrero de este año, y también recordamos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el pasado 30 de agosto; recordamos también otro esfuerzo del Gobierno federal de Ley General sobre la Desaparición de Persona, y, sobre todo, lo que ha sido esfuerzo de todo la implementación del sistema penal acusatorio, y con ello los mandatos que se derivan del concurso de las legislaciones locales y articulación que supone el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Uno de los mayores desafíos que tenemos como país es la construcción de sistemas de información que nos permitan conocer la situación de las personas en nuestro territorio, uno de esos sistemas es uno que nos permita identificar con total claridad a las personas que han desaparecido, de manera que se pueda hacer un cruce con los restos mortales no identificados para poder continuar con investigaciones.
En el 2008, en la Conferencia Nacional de Procuradores se determinó que la Coordinación General de Servicios Periciales administraría una Red Nacional de la Base de Datos Genéticos Forenses. Los esfuerzos del gobierno federal han sido enormes y complejos. La respuesta de las entidades federativas también lo ha sido, como en el caso de la Ciudad de México.
Los resultados alcanzados a la fecha no han resuelto el problema, lo enfrentamos ahora de cara al universo de cadáveres y restos mortales no identificados en el país. Tan solo nosotros, aquí en la ciudad, se registra un promedio de 700 (cadáveres) no identificados (al año), cuyo destino final es la fosa común.
La inmensa mayoría de los cadáveres que yacen en las fosas comunes de todo el país y que no han sido identificados, el Estado mexicano, nosotros, todos, somos los obligados a tener la totalidad de datos que permitan identificarlos, ya sea en este momento o en años después. Esta obligación internacional hasta la fecha tenemos que hacer que se vea cumplida en toda su cabalidad. Hasta en tanto la verdad sobre la muerte de la persona no se satisfaga, tenemos que seguirlo trabajando.
No existe en la actualidad un protocolo específico ni una base de datos completa, que la vamos a lograr con la ayuda del Instituto Nacional Electoral y con el esfuerzo de la Procuraduría General de la República, que contenga datos biométricos exhaustivos que puedan ser utilizados por los servicios forenses para la búsqueda e identificación de personas desconocidas.
El problema en sí mismo es enorme, refleja además un reto estructural de mayor envergadura y alcance que demanda de todas las autoridades, de todos nos demanda coordinación, construcción ordenada y conjuntan una base de datos sólida, completa y que permite identificar a las personas desaparecidas y sus restos mortales.
A los miles de restos humanos encontrados que no han podido ser identificados se suman denuncias de personas desaparecidas. Es de suma importancia poder hacer un cruce de información entre ambos registros para poder identificarlos y demostrar que están identificados, y que están con sus seres queridos, y que se les dé el destino final que existe en la moral pública.
De acuerdo con la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, que aporta información con base a las denuncias presentadas sobre personas no localizadas en las instancias competentes en las entidades federativas, al 31 de diciembre del año de 2014 el total de personas era de 24 mil 812.
El desafío en la construcción del sistema que no se agote en registros administrativos, sino que transite hacia todo un sistema único y coordinado que proporcione la información necesaria para identificar los restos mortales con las desagregaciones necesarias que nos permiten crear las mejores estrategias.
Como una punta del iceberg cabe destacar del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que los números de personas en el periodo comprendido entre 2014 y 2016 que permanecen sin localizar al 30 de junio de 2016, se concentran en edades de 15 a 34 años, y sumando en este rango de 517 personas, lo que equivale al 50 por ciento del total, de las cuales 109 están entre los 15 y los 19 años.
Todos estos datos son impresionantes; de aquí la relevancia al celebrar este convenio que reúne y coordina a las autoridades de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del país, al Instituto Nacional Electoral, los institutos de servicios médicos forenses a nivel nacional, y, por supuesto, nuestro Instituto de Ciencia Forense de la Ciudad de México, que ha sido líder en el tema, y la Comisión Nacional de Tribunales, también presente, para construir un sistema de información de elementos biométricos del que ya hemos hablado.
Reconozco el avance con el que cuenta el Instituto Nacional Electoral, fundamental para tener éxito en esta jornada, para construir este banco de información de huellas dactilares; reconocemos el liderazgo de la Procuraduría General de la República sin cuya coordinación no hubiera sido posible, si quiera, iniciar la solución de este gravísimo problema.
Tenemos todos que trabajar en este convenio, trabajar arduamente y trabajar coordinadamente para que tengamos éxito. Esto es parte fundamental del proceso de duelo, de restitución de derechos para los familiares de las personas desaparecidas.
El camino hacia la construcción de sistemas objetivos en plataformas científicas es absolutamente indispensable. Esta ruta requiere de un tiempo de construcción y recorrido; esta ruta requiere que nos obliguemos a buscar recursos, otros caminos, otras medidas que nos ayuden a mitigar nuestra actual situación.
Por ello, la firma de este instrumento de coordinación, encabezada hoy por las dos conferencias nacionales, la de procuración y la de administración de justicia, y apoyados por el Instituto Nacional Electoral y liderados por esta Procuraduría, nos ofrece una opción para sembrar caminos que brinden respuestas que exigen familiares y ciudadanos, y que lo exigen también las instituciones republicanas.
Hoy todos, con el sentido de urgencia que nos impone esta enorme tarea a nuestras obligaciones públicas, nos reunimos hoy para asomarnos, con las reservas y prevenciones que exigen las leyes a la protección de datos personales, a consultar la más antigua base de datos ciudadana que también es la de mayor nivel tecnológico.
Estoy seguro que este compromiso que hoy suscribimos con el INE nos permitirá dar un paso para acercarnos a atender este problema. El mecanismo para la identificación de personas desaparecidas, objeto de este convenio, representa una estrategia que refleja el compromiso de todas las instituciones aquí presentes con las personas, sus derechos y libertades, así con nuestro país para que todos tengamos un México de paz, un México de certidumbre, un México libre de violencia, un México sin delincuencia organizada, un México que sea el México con el que todos soñamos, y que pronto estará presente en nuestra vida pública y privada. Muchas gracias a todos.