A TIRO DE PIEDRA: EL DISCURSO DE SIEMPRE

El conocimiento, si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia

Charles Bukowski

Julian Santiesteban

Cuestionar a los funcionarios sobre su actuar público y que estos respondan lo que quieren equivale a no hacer cuestionamiento alguno, así que las comparecencias a propósito del quinto informe de gobierno de Roberto Borge Angulo no ofrecieron novedad alguna, más allá de la destacable difusión lograda, pero la información real aún se le debe al ciudadano y la justicia es un tema pendiente.

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, ofreció algunos elementos para el análisis y, más allá de las dudas sobre el pago del bono sexenal –mismo que dijo deberá pagarse este viernes-, dijo que no ha habido desvío de recursos por casi dos mil millones de pesos del Impuesto al Hospedaje, pues recalcó que el recurso no está “etiquetado” exclusivamente para la promoción turística, sin aclarar tampoco el destino de los mismos, más allá de decir que se usaron para “pagar pasivos y algunos otros rubros”; es decir pago de deuda y alguna otra cuestión discrecional… habrá que ver la reacción de las asociaciones de hoteleros de Quintana Roo que denunciaron el hecho; porque claridad y transparencia nomás no hubo.

Insistió en que no hay quiebra financiera, como ha señalado el equipo de transición, y que la deuda de 19 mil millones de pesos es “pagable”; cuestión que, aun sin calificativos queda claro a todos, pues se ha comprometido el 250 por ciento de las participaciones federales, así que lo dicho por el aun funcionario a nadie debiera sorprender, pero sí ocupar a quienes deben demostrar las irregularidades cometidas.

Ahora bien, más allá de los contundentes cuestionamientos de diputados como Eduardo Martínez Arcila, lo cierto es que los legisladores se mostraron bastante desconocedores de su propio entorno, ahí José Esquivel Vargas señalando que “en Felipe Carrillo Puerto no conocen ni lo que son los aviones, ni importa”; a propósito del escándalo VIP SAESA ventilado a nivel nacional, en el que se comprobó que el gasto estatal de cientos de millones de pesos en vuelos privados; o su “inocente” reconocimiento de que, por ahora, no tienen manera de saber si lo dicho por Guillermo Molina en la comparecencia era cierto o no… no pues así ni cómo ayudarlos.

De los priístas y verde ecologistas no se esperaba gran cosa, se limitaron a hablar de los muchos logros que supuestamente se tuvieron en la administración de Borge Angulo, esos que sólo ellos ven. Datos si hubo: la actual administración desconoce la dimensión del impacto negativo por el incremento del IVA en las zonas fronterizas; y desconocen los beneficios, si es que existe alguno, por el cambio de horario que endilgaron los legisladores federales a todos los quintanarroenses. Dijo lo que quiso; así que el reto está en que los legisladores se documenten más, o la justicia prometida por el gobernador Carlos Joaquín González no llegará.

Por su parte, el fiscal general del estado, Carlos Álvarez Escalera, tuvo como estrategia aducir carencias presupuestales para prácticamente todos los temas, no respondió con suficiencia sobre la ola de robos que azota toda la entidad, y recalcó que hay órganos no creados en la instancia que aun dirige, pues la XIV Legislatura no los contempló en la reforma, ahora que la alternancia llegó si habla de deficiencias, pero aun así es candidato a abandonar el cargo apenas asuma Joaquín González el cargo el próximo 25 de septiembre.

Al aun fiscal sí le lanzaron interesantes cuestionamientos las diputadas presentes, sobre todo por la carencia de intérpretes de lengua indígena para personas procesadas por diversos delitos y su falta de acceso a la justicia por no hablar español; ante lo cual el funcionario, de nuevo, adujo falta de recursos; pero además reconoció la incapacidad para atender temas como la justicia para mujeres, prevención de delitos de alto impacto, o atender incluso las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDEHQRoo) haga a la Fiscalía, pues no existe un auditor interno en la dependencia.

La cerrazón, en suma, fue la misma, ojalá mejore el desempeño legislativo, las expectativas que tienen que cumplir son muchas y, por ahora, quedaron debiendo; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.