A TIRO DE PIEDRA: AGUAKÁN, ENTRE LO DESEABLE Y LO POSIBLE

LaGazzettaDF
Por Julian Santiesteban

Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas,

porque ninguna simulación puede durar largo tiempo

Cicerón

 

Los diputados de la XV Legislatura exhortaron a los presidentes municipales a iniciar el proceso de revocación de la concesión del cobro de agua potable a Aguakán, dos de ellos han iniciado acciones encaminadas a ello, pero para concluir el contrato el gobierno estatal requerirá cientos de millones de pesos para indemnizar a la empresa, recurso que no se tiene ni se tendrá en los próximos años, con lo que la expectativas ciudadanas estarían lejos de cumplirse. Bienvenidos a la realidad.

El aun director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero Ortiz, en su comparecencia ante la XV Legislatura, no ofreció argumento alguno por los cuales esa paraestatal otorgó la concesión del municipio Solidaridad a Aguakán, ni la ampliación adelantada de la ya tenía para Benito Juárez e Isla Mujeres; pero más aun, reconoció que la revocación es posible y hasta deseable, pues se cuenta con el personal y capacidad para atender esa obligación en el norte de Quintana Roo; ante lo cual los diputados realizaron el señalado exhorto a los municipios y por ello Puerto Morelos y Solidaridad iniciaron los trabajos respectivos.

Sin embargo, aunque Solidaridad creó la llamada Comisión Especial de Revisión y Vigilancia de Concesiones (que quedará sólo en eso, en revisión y vigilancia), y Puerto Morelos dijo que solicitará a la CAPA que asuma la dotación de agua y alcantarillado, la revocación  a Aguakán requerirá mucho más de los mil 079 millones de pesos erogados por la empresa para  seguir operando, dinero que tendría que salir de las arcas estatales; de ahí que en realidad el problema se “endose” al gobierno de Carlos Joaquín González, pues este al final no contará con la posibilidad financiera dar por terminado el contrato, no por lo menos en 2017.

Ahora bien, los municipios son integrantes del Consejo Directivo de la CAPA, y ante ese órgano deberán plantear la revocación, pero desde ahora puede adelantarse que Solidaridad terminará señalando que le “jalarán las orejas” a Aguakán y que ésta se comprometerá a mejorar el servicio y no incrementar las tarifas,  y lo primero no ocurrirá y lo segundo ya ocurrió hasta en un cien por ciento; pero de revocación nada. Y Puerto Morelos en apariencia dejaría el problema al municipio Benito Juárez, del cual se escindió en 2015 para constituirse como municipio; pero aquel ayuntamiento pasará el problema al gobierno estatal, quien de nuevo no podrá pagar.

En la historia local han existido otros intentos de revocación, se hizo por ejemplo cuando Gregorio Sánchez Martínez gobernó Benito Juárez, pero todo se frenó cuando el entonces director de la CAPA, Pedro Flota Alcocer, explicó a ese ayuntamiento que para lograrlo tendrían que pagar miles de millones de pesos a Aguakán por concluir el contrato; por ello la historia no será diferente. La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres –, prometió la cancelación cuando clausuró “simbólicamente” las oficinas de la empresa siendo candidata, dijo que el ahora gobernador respaldaba dicha acción. Ahora son gobierno, llegó el tiempo de cumplir.

Con lo anterior como contexto, se advierte pues que más allá de bien intencionada, la acción realizada por Puerto Morelos es un calculado reto a la administración estatal (al final son de origen partidista diferente) y no una complicación para el ayuntamiento Benito Juárez, pues al final quien tendría que pagar es el gobierno de Carlos Joaquín. Una jugada muy evidente de los asesores de Laura Fernández Piña, entre ellos un ex presidente de Benito Juárez, al cual tanto le agradecieron la creación de Puerto Morelos, imposible revelar que hablamos de Carlos Cardín Pérez.

Y mientras todo ello ocurre, la CAPA no ha cambiado de director, y aunque se ha rumorado que el ungido será Gerardo Mora Vallejo, habría que considerar el perfil del que se designe, pues los retos no son menores y Aguakán es tan sólo uno de ellos, falta el cumplimiento de la normatividad federal para que el agua distribuida sea verdaderamente potable y meter en orden a los multimillonarios hoteleros para que se conecten a la red estatal y consuman el agua de la instancia estatal; nada sencillo, y los pendientes siguen acumulándose, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.

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