Por Blas A. Buendía
La propuesta armamentista del panismo abre la puerta a la barbarie e impulsa el regreso de la Ley del Talión que pondría en riesgo la gobernabilidad y la vigencia de los derechos humanos, alertó la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.
Si bien la sociedad percibe una aberrante “reforma” social, sería tanto como hablar que en Acción Nacional comulgan con el demonio.
La legisladora destacó que la iniciativa para que los habitantes de la Ciudad de México porten pistolas en vehículos y negocios, estimula la venganza y de ninguna manera es aceptable comparar a los delincuentes con ciudadanos honorables que por el sólo hecho de portar una arma de fuego dispare contra quien violente su integridad.
En todo caso, aseguró, la Ley del Talión debería aplicarse como en los tiempos bíblicos donde al autor de un robo se le cortaba la mano. En estos tiempos, agregó, seguramente muchos gobernadores y ex gobernadores estarían mancos como Javier Duarte, Miguel Ángel Yúnes Linares y Humberto Moreira, entre otros.
Dijo que las denuncias, averiguaciones y consignaciones con relación a los presuntos actos de corrupción protagonizados por gobernadores y exhibidos por el periodismo de investigación, demuestra que las instituciones anticorrupción no funcionan y sólo incrementan la impunidad porque sólo alertan a los funcionarios deshonestos en todo el país para que antepongan amparos y preparen su salida del país, al amparo de la impunidad.
Afirmó que ningún estado de la República se salva de la percepción de deshonestidad y que en el caso de la Ciudad de México la apreciación de corrupción se eleva hasta un 95.3 por ciento, de acuerdo a un reporte “México: Anatomía de la Corrupción”, realizado y presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en 2015.
Subrayó que la corrupción transgrede la confianza y el crecimiento económico del país porque no le permite desarrollarse en igualdad y que con ello la generación de empleos van a la baja, en tanto que los índices delincuenciales que se incrementaron durante los últimos tres sexenios, desde Vicente Fox y Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, van a la alta.
Mientras no disminuyan los actos de corrupción e impunidad, aseveró la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, irá en aumento el rezago social en tanto que el crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones irán hacia el abismo, aspectos que generarán altos costos políticos y sociales.
Ángeles Valencia consideró como desastrosa la propuesta de armar a la población porque la seguridad de la población es una obligación del Estado, que debe, además, tener el control, registro y permisibilidad para la portación de armas de fuego.
Además, mencionó, es quien debe decidir a quienes se le debe otorgar la posibilidad de portar armas de fuego, pues debe considerarse que no todas las personas tienen la forma de acreditar las condiciones y los requisitos necesarios para portación de armas.
Estimó que habrá ciudadanos que se oculten entre la legitimidad de aquellos a los cuales ya les fueron concedidos permisos y en consecuencia portarán una arma sin motivo alguno.
Consideró a su vez los riesgos latentes de que actos lícitos estarían justificados por la ley también.
Indicó que habría el riesgo de ilícitos al actuar en legítima defensa donde existe la posibilidad de que la persona agredida injustamente, realmente lo sea, y que esa agresión sea causa de ilegalidad, como el matar, robar o violar.
Respecto a la protección de la vida, el honor la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, deberán atenderse cususas sobre el peligro real, no peligros imaginarios, esto es, que el peligro sea real, actual e inminente.
Sostuvo que existe la posibilidad que se dé la desproporcionalidad de la legítima defensa cuando al sujeto que se defienda de la acción o agresión de que es objeto vaya más allá del bien defendible, o bien se corre el peligro de incurrir en excesos y de fortalecer a grupos armados.