La Unión Internacional de Magistrados
Por Blas A. Buendía
Puntuales observaciones desarrolló el Magistrado Élfego Bautista Pardo en relación a la 59º. Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados, que reunió a juristas de 66 países de todo el mundo.
El 17 de octubre, en la Ciudad de México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia inaugural de la quincuagésima novena reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), cuyo objetivo central es salvaguardar la independencia de los respectivos Poderes Judiciales. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país, presidida por el magistrado doctor Edgar Elías Azar, es la anfitriona.
La Unión Internacional de Magistrados fue fundada en el año de 1953 en Salzburgo, Austria, y es una organización profesional que aglutina a las Asociaciones Nacionales de Jueces que previamente han sido aceptadas por su Consejo Central. Actualmente cuenta con 84, que representan a otras tantas naciones de los cinco Continentes.
Como muchas veces lo he manifestado –señala el jurista hidalguense-, las funciones del Estado están divididas para su ejercicio, y justamente la División de Poderes que conocemos como pilar indispensable de los Estados democráticos de Derecho, surge pare evitar la concentración de poder propia de las monarquías o las dictaduras.
Sin embargo en pleno siglo XXI y pese a que la democracia prácticamente se ha impuesto como paradigma mundial de sistema de Gobierno, aún existen países y contextos en los que se coarta la independencia del Poder Judicial, en perjuicio de la sociedad.
Por esto, el principal objetivo de esa agrupación mundial es preservar, o lograr si viene al caso, la independencia de los Poderes Judiciales, con la finalidad de garantizar los derechos humanos, la paz y el orden público.
La UIM es reconocida como órgano consultivo de las Naciones Unidas, específicamente de la Oficina Internacional del Trabajo y del Consejo Económico y Social de la ONU, y el Consejo de Europa. Su máxima autoridad es el Consejo Central. Cuenta con cuatro comisiones de estudio, que se ocupan, respectivamente, de la administración judicial y el estado del Poder Judicial, el Derecho Civil y el proceso, Derecho y Procedimiento Penal y Derecho Público y Social.
Su presidente actual es Cristina Crespo Haro, juez uruguaya. Fue electa en 2014, en Brasil, para un periodo de dos años; el secretario general es el juez italiano Giacomo Oberto. Está dividida en cuatro grupos regionales, a saber: Asociación Europea de Jueces; Grupo Iberoamericano; Grupo de África y la región de Asia, América del Norte, y Grupo Oceanía.
La reunión anterior de su Consejo Central y de las comisiones de estudio fue el año pasado en Barcelona. Durante la cual se abordaron los temas “La relación entre la gestión efectiva de los tribunales y la administración de justicia por jueces independientes”; “La prueba pericial”; “Justicia juvenil” y “Las razones para el despido de los trabajadores”.
Asimismo se acordó que la reunión se hiciera este año en México. Durante una semana se discutirán estos temas: “Mejores prácticas dentro del sistema judicial para garantizar la transparencia y la integridad y prevenir la corrupción”, “Las acciones de clase”, “La sentencia a delincuentes”; “Las redes sociales y las relaciones laborales”.
Es necesario precisar que si bien existen temas pendientes en nuestro país respecto de algunos aspectos de la independencia del Poder Judicial, como es la inamovilidad de los jueces y magistrados y seguridad en el empleo (servicio civil de carrera), las resoluciones de ese cónclave se verán reflejadas en beneficio de los justiciables, debido a la experiencia adquirida por los impartidores de justicia en el ejercicio de su función.
El Estado Mexicano reconoce a la judicatura autonomía, compromiso y respeto a la ley, como bien lo manifestó el magistrado Edgar Elías Azar, además de que la administración actual ha procurado impulsar la implementación de leyes, procesos y mecanismos que permitan impartición de justicia cada vez más eficiente.
Cada uno de los ciudadanos debemos interesarnos en que la facultad jurisdiccional de dirimir controversias se realice apegada al principio de legalidad, pero con la mayor libertad de pensamiento, ponderación y decisión al momento de aplicar la ley, ya que ello redundará en beneficio de la paz, el orden y el desarrollo de nuestra sociedad, puntualiza el magistrado Élfego Bautista Pardo, titular de la Quinta Sala Civil, Ponencia 3, del Tribunal Superior de Justicia dela Ciudad de México, con su sello característico “Así es el Derecho”.