Por Blas A. Buendía
Titulares locales de los tribunales Superior de Justicia (TSJDF), de lo Contencioso Administrativo (TCACDMX) y Electoral (TEDF) se reunieron con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ante quienes presentaron los requerimientos de sus respectivas dependencias para el ejercicio fiscal 2017.
Los funcionarios coincidieron, en reuniones por separado, que debido a la carga de trabajo y a la implementación de los nuevos paradigmas de impartición de justicia, que es el caso de los juicios orales, el sistema anticorrupción o procesos electorales calendarizados, es necesario el aumento del presupuesto en el que no tan sólo se incluya el índice inflacionario anual como referente de incremento.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), doctor Edgar Elías Azar, informó que para satisfacer los requerimientos de este 2017 de la instancia que encabeza, requiere de 7 mil 850 millones de pesos, “se presupuesten o no se presupuesten”, porque el 95 por ciento de su gasto se destina para pago de nómina (7 mil 694 millones de pesos).
Indicó que las prospecciones presupuestales que planteó el secretario de Finanzas de la Ciudad de México únicamente contemplan el tema inflacionario, que se estima de cuatro por ciento, y no al crecimiento de la ciudad.
Elías Azar advirtió que no se está tomando en cuenta las adecuaciones para incorporar el Nuevo Sistema de Justicia Penal. “No fue previsto el costo de esta reforma, a pesar de que el gobierno federal erogó un porcentaje a las entidades, este monto no fue suficiente en el caso de la Ciudad de México”.
Sobre la reforma a juicios orales y acciones transitorias, indicó que se requerirán 2 mil 185 millones de pesos (en cifras cerradas), desglosados de la siguiente manera: al rubro Familiar se requieren mil 159 millones de pesos; al tema Civil-Mercantil, 362 millones de pesos; al Penal y Adolescentes, 550 millones de pesos. En cuanto a la reserva de extinción de salas tradicionales, planteó 112 millones de pesos.
Al comparar la eficiencia del tribunal con los resultados del estado de Nuevo León, el jurista y político guerrerense Elías Azar, desmenuzó que de 2015 a la fecha se han dictado 8 mil 451 sentencias.
“En tres meses hemos hecho el trabajo de dos años. Solamente la Ciudad de México tiene más sentencias dictadas que en toda América Latina; sumadas con las sentencias del Estado de México, se equiparan con el total de las sentencias dictadas a nivel mundial”, resaltó finalmente el doctor Elías Azar, quien también es presidente del Consejo de la Judicatura local y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).
En este sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hizo un llamado al secretario de Finanzas de la CDMX para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en el presupuesto 2017 las reformas constitucionales que se hicieron en el Congreso de la Unión y las que seguramente se harán en el Constituyente.
«Ojalá preste atención el secretario de finanzas Edgar Amador; desde aquí le exigimos que contemple en el presupuesto 2017 las reformas constitucionales que se hicieron en el Congreso de la Unión y que seguramente se harán en el Constituyente para que tenga viabilidad en las reformas constitucionales; no puede hacer el secretario de Finanzas en este año una proyección recortada y que después estemos dependiendo de su humor para hacer las ampliaciones líquidas, no tan sólo en los órganos de gobierno u autónomos, sino también para el tema de las jefaturas delegacionales».
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
La presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Yasmín Esquivel Mossa, dijo que esta dependencia requerirá de 865 millones de pesos para atender los siguientes rubros: en la incorporación del Sistema Anticorrupción, 76 millones 912 mil pesos; construcción del edificio sede, 320 millones 559 mil pesos en una primera etapa, y cumplimiento de ejecutorias de amparo, 9 millones 202 mil pesos.
Evidenció que en 2016 se presupuestaron a esta instancia 432 millones de pesos, monto que representa 0.24 por ciento del presupuesto de la ciudad, 16 por ciento menos de lo que requiere.
Al respecto, indicó que el 80 por ciento del gasto del tribunal se destina a cubrir pasivos y servicios personales, de los cuales el 79 por ciento son por pago de nómina, el dos por ciento corresponde a materiales y suministros; el uno por ciento se destina a bienes e inmuebles; el 18 por ciento a pagos por servicios generales y el 9 por ciento restante al pago de renta del inmueble.
Esquivel Mossa, quien a su vez es también presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C., indicó que el tribunal no tiene inmueble propio, por lo que al pago de renta se erogan más de 3 millones de pesos al mes. Informó que mediante gestiones con el gobierno local, se expropió un predio ubicado en calzada San Antonio Abad esquina Fray Servando Teresa, terreno en el que se construirán las salas del tribunal, y que, insistió, requerirá de una inversión de 320 millones 559 mil pesos en 2017, y para 2018 advirtió, se necesitarán 340 millones 81 mil pesos
La funcionaria informó que se incrementó en 13 por ciento los juicios atendidos desde 2012, que equivalen a 5 mil 439 con relación a multas de tránsito, responsabilidad de servidores públicos, derechos por suministro de agua, violación al uso de suelo, impuesto predial, resoluciones de multas, impuesto de nóminas y de adquisición de inmuebles, juicios por afectaciones por retiro de anuncios, por mencionar algunas.
Esquivel Mossa exhortó a los legisladores a hacer lo necesario para expedir las leyes pendientes sobre el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Justicia Administrativa, y la Ley de Fiscalización, así como las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia local y al Código Penal.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México
Ante la propia comisión legislativa, el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Armando Hernández Cruz, presentó un análisis y diagnóstico de las funciones y números de procedimientos resueltos durante su gestión.
Aseguró que para el ejercicio fiscal 2017 habrá factores que influirán en la solicitud presupuestal, como la elección de alcaldías y otros procesos electorales, aunado a la inclusión de más partidos políticos y candidatos independientes, además de un incremento a los medios de impugnación que se presenten.
El monto del proyecto de presupuesto asciende a 405.3 millones de pesos, de los cuales el 94.9 por ciento es para pagar planilla del personal-tribunal y servicios necesarios para su operación; el total de este proyecto ha sido remitido a esta Asamblea, comentó.
Hernández Cruz desglosó los capítulos y el monto en millones de pesos: capítulo 1000 de Servicios Personales, que implica (en millones de pesos) un monto por 320; capítulo 2000 Materiales y Suministros utilizará 4.5, mientras que en el 3000 Servicios Generales 64.5; finalmente el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles abarcará 16.3 millones de pesos. Este proyecto se sustenta en las necesidades reales del Tribunal, aseguró.
Añadió que el Instituto ha implementado medidas de austeridad al minimizar gastos de telefonía, fotocopiado, viáticos, electricidad, realización de foros, congresos y conferencias, aunado a la reutilización de materiales, con lo que se ha logrado ahorrar hasta tres millones de pesos.
En las mesas de trabajo participaron los diputados Beatriz Rojas Martínez, del Partido Morena; Luis Gerardo Quijano Morales, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); José Manuel Delgadillo Moreno, del Partido Acción Nacional (PAN); Jesús Armando López Velarde Campa, del Partido Movimiento Ciudadano; Víctor Hugo Romo Guerra, Iván Texta Solís y Elizabeth Mateos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).