El legislador local Leonel Luna Estrada propuso reformas al Código Penal del Distrito Federal para que los colaboradores o familias que ayuden a un secuestrador a efectuar ese delito no tengan posibilidad alguna de salir bajo fianza o una pena menor.
El coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) consideró necesario aumentar los años de reclusión porque hacen el mismo daño a la víctima de un secuestro.
De esta manera, señaló, también se endurecen las penas a los colaboradores de delincuentes.
Luna Estrada reconoció que algunos reos acusados de secuestro, a pesar de estar en prisión, cuentan con una red de personas en libertad que los apoyan para continuar con este delito.
En bandas delictivas de ese tipo, dijo, se involucra a familias completas que auxilian al reo a conseguir el pago del rescate y pueden participar en el trabajo de seguimiento, retención, entrega de pruebas de vida y cobro de rescates.
Aunque la Ciudad de México no se ubica dentro de las primeras cinco entidades del país con más casos de secuestros durante los últimos tres años, consideró oportuno impulsar esquemas normativos que castiguen con más severidad este delito.
Subrayó que se debe castigar con más severidad las conductas que son asociadas o favorecen al delito de privación de la libertad, pero sin exceder los criterios establecidos por la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, como reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 Constitucional.
El perredista comentó que estas propuestas tienen como finalidad dar un paso decisivo en el proceso de transformación jurídica de la Ciudad de México, iniciado el pasado 29 de enero al promulgarse la Reforma Política, que dio luz a lo que será una nueva forma de organización y autodeterminación en materia de derechos y obligaciones.
Por esta razón, consideró que es una oportunidad fortalecer sus leyes y continuar con el trabajo de atender las necesidades públicas en materia de prevención y combate al delito, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y mejorar la seguridad ciudadana.