En un discurso que pronunció en espacio de 45 minutos, condesado en 24 cuartillas, marcó un hito en la historia del Poder Judicial de la Ciudad de México, en ocasión del Noveno Informe de Actividades del Doctor Édgar Elías Azar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República.
Ante la presencia de los Poderes del Ejecutivo, local y federal, así como del Legislativo, el doctor Elías Azar desarrolló una amplia temática referente al Poder Judicial capitalino.
Por su importancia, se transcribe la versión estenográfica de este informe, cuyo escenario fue el pleno de Magistrados del Palacio de Justicia de la Ciudad de México.
…Abrimos este cuarto lustro con plena conciencia de los problemas que la democracia sufre en todo el planeta. Con plena conciencia de que la democracia es frágil y de que requiere de nuestro compromiso y entrega. Con plena conciencia de que los soldados de la democracia y de los derechos somos nosotros: los jueces y los magistrados que cada día, a través de su ejercicio, la protegen y la engrandecen con plena conciencia del papel que nos toca desarrollar en estos tiempos; que son precisamente los tiempos de la justicia.
Que quede claro que con la democracia no sólo se vota, también se come, se educa, se juzga y se cura. La democracia no se agota en formalismos, ni cuando se levanta el dedo; la democracia requiere de actos legítimos, de compromisos abiertos y de reconocer lo que se debe y lo que se otorga.
Hoy toca a quienes servimos en el Poder Judicial de la Ciudad de México rendir cuentas de nuestra propia responsabilidad y de nuestras respuestas específicas, bajo el más amplio sentido democrático. Nos corresponde cumplir con un deber para decir lo que hemos hecho, ante todos y por todos.
En estos términos, tengo la obligación legal, que vengo a desempeñar convencido y gustoso, de dar cuenta a mis pares de este Honorable Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de los actos que se realizaron en el ejercicio de mis funciones, durante esta ceremonia solemne del informe anual, según expresión de la Ley Orgánica que nos rige.
En esos términos formales aquí estoy. Pues es éste un acto formal y de evidente solemnidad; pero la formalidad y la solemnidad no están reñidas con el entusiasmo, siempre que éste sea justificado, ni con el sincero reconocimiento de aquellas acciones, objetivos y metas aún inconclusas; de una deuda con la sociedad, que como servidores públicos debemos pagar, pero debemos pagar pronto y bien; en tiempo y forma; y a satisfacción de la ciudadanía, que es la que nos explica y la que nos justifica.
Un acto meramente formal es aquél que se agota en sí mismo, una vez satisfechas las exigencias previstas en la ley.
Pero un informe anual, de quien como par de otros preside un Tribunal de Justicia, no puede quedarse en esa escueta noción, y advierto un enorme contenido que le da materialidad y legitimidad a nuestro desempeño del último año.
El día 4 de enero tuve el honor y el privilegio de rendir protesta al aceptar, democráticamente, con una votación abruptamente mayoritaria, y según las reglas de nuestra vida interior independiente, el cargo que hoy ocupo.
En aquel momento cumplí con un acto formal ante este Honorable Pleno de Magistrados, que se vio verdaderamente enriquecido con la estimulante asistencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México y del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de nuestra propia ciudad-capital, tal como hoy, vuelven a honrarnos con su presencia, ciudadano jefe de Gobierno.
Un Poder Judicial no agota su accionar en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución le atribuye, pues también presenta facetas de clara estirpe administrativa, dado que, para conducir nuestras responsabilidades, operamos recursos públicos de diversa naturaleza y ejercemos gasto e inversión públicas, que, desde luego, están sometidas al escrutinio público, a la transparencia de nuestra función y a la rendición puntual de cuentas.
Esto es lo que hoy se ha dado por llamar “un gobierno judicial”; el que hoy es más claro, más fuerte y más necesario que nunca. Ésta ha sido una tarea silenciosa pero necesaria para nuestro quehacer cotidiano; construir las premisas bajo las cuales, el gobierno del Poder Judicial capitalino, actuará en el paso de los años.
Cualquier sistema de gobierno funciona cuando todo va bien. Pero el sistema que funciona en momentos de apuro es el que sobrevive. Momentos de apuro son los que la justicia mexicana ha vivido en el último lustro, que requerían, requieren y requerirán, de gobiernos de eficacia e inteligencia, de ingenio y audacia, como el que hoy tiene la Ciudad de México.
No son momentos para timoratos; no son momentos para contener el aliento. Pues ya no encontramos todas las respuestas en el lugar de antes. El derecho y sus posibilidades de dirimir conflictos se han expandido y han rebasado las fronteras del juzgado y de los procedimientos jurisdiccionales; han rebasado nuestra educación jurídica y nuestra perspectiva política.
Un verdadero gobierno judicial tiene que saber equilibrar la balanza entre lo real y lo deseable, y entre lo ideal y lo posible; debe saber poner el peso donde más se requiere cuando la sociedad así lo demanda, y la sociedad hoy demanda más soluciones alternativas para la resolución de conflictos, demanda nuestra sociedad más mediación, demanda más expedites, más apoyo extra-judicial y, todo ello, sin perjuicio de la calidad, la corrección y la legitimidad que siempre debe acompañar a nuestras sentencias.
Ya no es, ni era entonces, suficiente un Poder Judicial sin un gobierno que administre, que regule y que organice. Así comienza el verdadero cambio a la modernidad, con una organización administrativa judicial: con cuentas claras, con administraciones controladas por los criterios republicanos de transparencia y rendición de cuentas. Con gobiernos que logren una verdadera organización en el interior y representen su labor en el exterior; generando frutos a través de las alianzas institucionales, coordinando esfuerzos a favor de la justicia pero, sobre todo, protegiendo el porvenir de la sociedad capitalina.
Hubo épocas en el ambiente de los Poderes del Estado, que se nos quiso colocar, y se nos colocó, como un “actor silencioso y oculto” de la vida nacional. Eso ya no es posible ni viable. En estos días, tan decaída posición degenera en una abstención injusta, pero también peligrosa e inclusive hasta cínica. En cambio, hoy el Poder Judicial de la capital mantiene relaciones de paridad y de diálogo abierto para construir acuerdos y soluciones viables a los problemas más angustiantes de nuestro país, con los distintos actores de nuestra vida nacional y que todas ellas han repercutido en la vida jurisdiccional de nuestra ciudad.
Este es el caso de los acuerdos convenidos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para lanzar proyectos conjuntos a nivel internacional sobre la administración de la justicia en México. Con la Organización Internacional para las Migraciones, con la Comisión Nacional de Bioética, con la Procuraduría General de la República, con el Instituto Nacional Electoral.
Debemos mencionar que nuestra relación con la Presidencia de la República, gracias al apoyo del ciudadano consejero, se fortalece cada vez más, a través de los trabajos y acciones conjuntas en la resolución de problemas vinculados con el sensible tema de la justicia cotidiana. Aprovecho la ocasión para agradecer la presencia del señor licenciado Humberto Castillejos, consejero jurídico representante del señor presidente de la República. Nuestros acuerdos con Inmujeres, a cuya titular la licenciada Lorena Cruz, a quien reconocemos como impulsora incansable de la igualdad de género y aliada de la Comisión Nacional de Tribunales; con la ONU Mujeres, con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y con el Banco Mundial; estos últimos nos han permitido impulsar grandes transformaciones procesales.
Igualmente aprovecho la ocasión para informar a todos mis pares, que casi 48 horas fue aprobada por la Cámara revisora las Reformas al Código de Comercio propuestas por este Tribunal, dedicadas a la mejora de los juicios orales mercantiles que terminará por concluir la implementación de la oralidad en esa materia que ocupa el 80 por ciento de nuestra judicatura civil. La administración de un gobierno judicial, no se nota en esas cantidades, cifras, operaciones numéricas de nuestro quehacer, que están perfectamente detalladas y ampliamente expuestas en el documento del informe que previamente ha sido entregado, sino en la construcción de un futuro cierto, estable, permanente para la justicia de todos los ciudadanos.
Las jornadas se cumplen paso a paso; cada día cuenta y todo acaba siendo una acumulación de obras y de resultados; esas jornadas de trabajo en la justicia, con la justicia y para la justicia han sido y son, ahora mismo, tarea de muchas y de muchos.
Hoy, la justicia muestra otro rostro. Una movilidad y dinámica no sólo diferente, sino evidentemente mejores en favor de la sociedad a la que servimos.
El cambio paradigmático, impulsado por ambas instituciones de gobierno, nos obligó a replantear nuestra justicia tradicional en áreas como la penal, civil, familiar y mercantil e impuso también incorporar otras variantes de la justicia, antes ausentes de nuestros ámbitos jurisdiccionales, como la dedicada a los adolescentes en conflicto con la ley y la que se ocupa de la fase ejecutiva de sanciones penales, y, sin dejar fuera, la muy preocupante próxima justicia laboral.
A su vez, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 nos trajo nuevas responsabilidades en la justicia del fuero común, asumiendo con conocimiento y severidad controles judiciales de constitucionalidad y convencionalidad.
También, aunado a estos requerimientos, debemos contemplar el debido fortalecimiento de las vías alternas para la solución de conflictos y los centros de justicia alternativa, que han generado una eficacia mayor en el acto de justicia mismo, en el desarrollo del principio rector que nos indica “dar a cada quien lo suyo”.
La justicia no comienza cuando el conflicto es grande o ruidoso. La justicia comienza cuando hay una disputa que merece ser resuelta y que al resolverla se evitarán, precisamente, los conflictos grandes y ruidosos.
Las soluciones alternas no son mecanismos para evitar el rezago judicial, no los son. Tratarlas de esa manera es no darles el lugar que les corresponde dentro de la justicia conmutativa. Es tratarlas como un instrumento de limpieza y no como un procedimiento en sí mismo que produce conocimiento y equidad. No darles la importancia que se merecen, es no entenderlas como un recurso de la justicia misma.
Somos una generación que vive e impulsa el cambio; anhelamos nuevas y mejores formas de hacer justicia.
Estas son las circunstancias y estos son los principios defendidos por esta administración del Poder Judicial capitalino: reducción del universo de procedimientos en juzgados y salas, disminución de los tiempos procesales y mayor acceso a la justicia, así como, mejores servicios para toda la ciudadanía.
Es momento de hablar de cargas de trabajo judicial, pues es ahí donde radica la fuerza del argumento. Es la fórmula que permite correlacionar las demandas ciudadanas con las respuestas públicas.
A lo largo del ejercicio que contempla este informe, ingresaron a los diversos órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, en nuestro Poder, 324 mil 806 asuntos. Se resolvieron un total de 250 mil 260 asuntos. Es decir, del total de asuntos de nuevo ingreso de aquellos en trámite del año 2016, este Tribunal atendió 575 mil 096, que impone un ritmo verdaderamente importante en todas las áreas, incluso en aquellas que no son propiamente jurisdiccionales, como los medios alternos para la solución de controversias entre otros que muchas veces no se ve reflejado en los logros positivos de la autoridad capitalina.
Si disgregamos esto por materia en primera instancia obtendremos que en la materia civil hay una reducción del 1% de expedientes ingresados, pero un aumento de 1.8% en la emisión de sentencias con respecto al año anterior. Este mismo fenómeno sucede en otras materias como la penal, la familiar y la justicia para adolescentes.
En la primera de ellas, la penal, existe una reducción del 12% en el número de expedientes ingresados; en la materia familiar, que es la única que ha aumentado preocupantemente, hay un aumento del 3% en el ingreso de expedientes, situación que resulta constante con el aumento de sentencias emitidas que también que también es del 3%. En la justicia para adolescentes existe una reducción importante del 52% de ingreso de expedientes y una constante de 1,300 sentencias emitidas al año.
Esto nos comienza a colocar en una de las listas de las funciones jurisdiccionales más eficientes, cada uno de esos cientos de miles de conflictos es un problema a resolver y no está en nuestra función, ni en nuestras atribuciones rechazar nada.
En cada asunto judicial hallamos casos fáciles, casos difíciles, y casos por desgracia trágicos, pero en el esfuerzo judicial cada uno consume idéntica energía, aunque exija un talento diferente, quisiera subrayar esto muy enfáticamente y que toda la ciudad los magistrados del mundo entero nos escuchen, subrayo, repito en forma muy enfática, que bajo el nuevo paradigma de la justicia mexicana, esas cifras comienzan a ser notorias, pues representan una carga de trabajo que es lo que quiero que se escuche bien y fuerte, que nuestro Tribunal va en disminución año con año, del 1.4% de aumento constante que teníamos en años anteriores, y hoy el Tribunal tiene un 16% menos trabajo que en el último lustro.
Dentro de su frialdad, los números son precisos. Reflejan realidades y nos presentan coordenadas, órdenes lexicográficos, para comprender los estados de las cosas, pero no muestran los empeños cotidianos, ni reflejan la labor incansable de quienes los han hecho posibles. Estos esfuerzos no dicen nada sobre lo realizado por hombres y mujeres desde el Tribunal cada una en sus estrados, en sus juzgados, en sus salas, para mejorar procedimientos, para reducir las cargas de trabajo y para dar celeridad a los asuntos jurisdiccionales.
Estos resultados son el reflejo de un gobierno judicial que ha ideado y realizado esfuerzos para asegurar resultados que beneficien a todos y que no impliquen gasto para nadie.
Son el producto de esfuerzos bien encaminados y coordinados con otros órdenes y niveles de gobierno que han implicado la implementación de políticas públicas adecuadas, reformas legislativas coherentes en las que siempre hemos encontrado apoyo y que han sido bien pensadas por este Tribunal, así como, el apego a los requerimientos más demandantes de la justicia desde la judicatura de la Ciudad de México.
Agradecemos, sin lugar a dudas, a la Asamblea Legislativa de nuestra Ciudad, por las reformas y las leyes emitidas que tanto han beneficiado a la justicia capitalina.
Dichos resultados se ven reflejados de distintas formas. De manera ejemplificativa y no exhaustiva, encontramos el éxito de la Ley de Justicia Alternativa que fue promovida e impulsada desde nuestro Tribunal y por nuestro Tribunal. Tan sólo en el 2016, reportamos 16,500 mediaciones públicas y privadas en la Ciudad de México que equivale al trabajo de diez juzgados, estamos ya próximos a cerrar. Esto sin contar las resoluciones alternativas que los procedimientos penales en específico contemplan. También, los esfuerzos se ven reflejados en la reducción del número de salas, como ya la acordada por el Consejo de la Judicatura de eliminar una sala civil y una sala de justicia para adolescentes; estos son esfuerzos de optimización del gasto público e insistir y volver a insistir en que le permitamos a la sociedad civil dirimir sus conflictos sin costo para el Estado.
No podemos dejar atrás la importante labor de nuestro Instituto de Estudio Judiciales, desde el cual se han capacitado, entrenado y formado a más y mejores funcionarios judiciales. Nuestro Instituto de Estudios Judiciales ha cumplido su compromiso constante con la nueva forma de entender y ver a la justicia y el derecho, aportando insumos académicos y de investigación. La educación y capacitación de los jueces no es cosa menor; y es la única apuesta que podemos hacer nosotros.
Pero aun a pesar de la reducción de asuntos jurisdiccionales y de los resultados que he informado, si las normas constitucionales de nuevo cuño en materia de justicia no se atienen a la realidad más evidente, lo único que estaremos impulsando son quimeras o simulaciones de las que ninguna democracia en el mundo se ha visto beneficiada.
Dicho en otra manera: la ciudadanía no sólo espera expeditez sino espera calidad en sus sentencias. Esto invariablemente implica, siempre implicará, más y mejores jueces. Se requieren jueces presentes, imparciales, bien formados y con una verdadera vocación.
Tan sólo en lo que va de la implementación del nuevo sistema de justicia penal han ingresado 5,300 carpetas de ese sistema, de las cuales 36% se resolvieron, a través de una salida alterna de solución de controversias; 22 de esas carpetas, 22% llegaron sin detenido; 14% se sobreseyeron; en el 6% se determinó la no legalidad de la detención, y sólo el 1% llegó a juicio oral. Esto implica un trabajo coordinado y estable de toda la estructura, tanto administrativa como jurisdiccional, que establece el nuevo sistema de justicia penal. Quiero hacer un público reconocimiento y muy honesto y muy sincero, a la Procuraduría capitalina y a su titular, el señor procurador, por los esfuerzos de coordinación que hemos establecido para afrontar estos nuevos retos.
El año pasado, a nivel nacional, en los 32 poderes judiciales del fuero común ingresaron en todo el país 60,000 carpetas bajo el nuevo sistema (esto implica que en la Ciudad de México, sólo en la Ciudad de México, nosotros tenemos la carga procesal del 23% del total de asuntos a nivel nacional), de los cuales, en ese número nacional, 39% se han resuelto por salidas alternas y sólo el 14% llegaron a audiencia intermedia, dejando el 10% a juicio oral.
A 23 meses de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la Ciudad de México, han sido atendidas 6,576 carpetas, en comparación con otros estados de la república que llevan en 39 meses, y nosotros en 23, desde su implementación y que sólo computan después de 39 meses, insisto, 251 carpetas en unos casos, y otros que llevan 48 meses, algunas entidades, no tienen más que 221 carpetas abiertas, esto, repito, comparadas con las 6,576 que ya tenemos en la Ciudad de México.
Es importante informar a mis pares y a la ciudadanía, a todos en su conjunto, que de la misma manera en que hemos sido reconocidos por las Naciones Unidas como el primer Tribunal de Justicia del mundo en implementar y publicitar un sistema de indicadores en materia de derechos humanos; hoy, somos, también, el primer país en Latinoamérica y el segundo en el mundo en conseguir un sistema actualizado, eficaz e innovador con los estándares más altos de calidad perfectamente comprobados para la realización de Estudios Psicológicos, Terapia para Adultos, Niñas, Niños y Adolescentes, así como de Intervención Psicológica, en apoyo a Salas y Juzgados familiares.
Nuestra bitácora de los últimos años da cuenta de los desarrollos y atención de esa agenda tan exigente y compleja que nos hemos impuesto. Al fin de nueve años, hemos cambiado y lo puedo decir, hemos cambiado para bien.
Vivimos tiempos difíciles para todos, con desconfianzas y cambios profundos en el sistema de justicia que han modificado su entera fisionomía.
En ese entorno hubo que trabajar, impulsar, fortalecer y consolidar un proyecto ambicioso que nos diera nuevo rostro a la administración de justicia: uno que demostrara con mayor imparcialidad, mayor autonomía y mayor seguridad en nuestras decisiones; y en breve, colocarnos en la geografía de la democracia nacional.
Hoy por hoy hemos avanzado y, no tengo duda, no hay duda, pero no estamos satisfechos. Falta mucho por andar; mucho por construir; mucho por modificar en nuestras conciencias, pero sobre todo, lo que nos falta muchísimo por modificar es la mentalidades de juzgadores.
Pero como clara demostración de nuestros logros y de la imagen edificada a lo largo de los años de un Poder Judicial democrático, con presencia no sólo nacional, sino mundial. Se realizó la Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados, se celebró durante el mes de octubre de este año en la Ciudad de México. Aquí, en nuestra casa, se reunieron más de 600 magistrados de 69 distintos países del mundo, para discutir, analizar y debatir entre las paredes de este palacio de justicia, temas tan relevantes como la independencia judicial, la protección y la autonomía de los jueces de todo el mundo.
Son estos días, los que nos han tocado vivir, en los que los jueces hemos cobrado la importancia que antaño no se nos otorgaba. Pero también es cuando más protección necesitamos, más evaluación y mayor compromiso con las leyes y el estado de derecho. Razón suficiente para no claudicar en nuestro empeño y seguir persiguiendo y combatiendo todos los vicios que puede llegar a tener la justicia mexicana: esa es nuestra misión y nuestra visión; y desde siempre será nuestra responsabilidad.
En otros aspectos de nuestra vida institucional, no es difícil colegir que el logro cabal de la implementación y de la nueva justicia capitalina y mexicana viene a conducirnos a un presupuesto ineludible; sí, me refiero no sólo a un presupuesto de orden lógico-formal, sino al material, al que se asigna con la debida y completa funcionalidad de la potestad jurisdiccional.
En cuanto a los recursos financieros, el presupuesto aprobado para esta casa de justicia desde el periodo de 2008 al 2016, inició con 3,125 mdp, hasta llegar al día de hoy en que el presupuesto nuestro es de 4,763 mdp. Esto, sin duda, representa un incremento, pero fue tan sólo del 6% en promedio anual. No puedo dejar de mencionar sería injusto dejar de mencionar que siempre es gracias al apoyo de nuestro jefe de gobierno, al doctor, nuestro amigo, nuestro ex consejero al que siempre consideraremos parte de nuestra familia judicial, Miguel Àngel Mancera, que este Tribunal logró salir avante de sus gastos y encomiendas: los recursos autorizados es cierto fueron de 4,763 mdp, pero por efectos de las reformas penales gastamos cerca de 7,000 mdp con el evidente déficit, sin menoscabo de que lo requerido para hacer frente a nuestra obligaciones, que por ley tiene el Tribunal, son las mismas que se han incrementado por efecto de las reformas legales que se han adoptado y que pudimos superar gracias al apoyo del jefe de gobierno de la Ciudad de México.
No cabe la menor duda de que la Ciudad de México debe comenzar a ver la vida desde la crueldad de la ventana y no seguir pertrechado detrás de la cortina. Al negar esta situación presupuestal entre lo otorgado, lo realmente necesitado o lo idealmente solicitado, corremos el riesgo de caer en la demagogia, de “hacer como si cumpliéramos”; para los más ingenuos, esto sería tanto como montar nuestras “aldeas Potemkin”; para los menos, es un acto de cinismo imperdonable.
En el Poder Judicial de la Ciudad de México nos negamos a participar de esa farsa, que sólo adquiriría visos de autenticidad si se proporcionan los instrumentos de trabajo necesarios y el ambiente propicio para alcanzar logros apetecibles.
No omito decir, con toda claridad, que los méritos, los logros obtenidos, y los avances alcanzados de este último ejercicio, que comprende desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de este año, han sido tarea de todos quienes formamos el Poder Judicial de nuestra ciudad capital; desde el afanador o el comisario de juzgado, hasta los más altos miembros juzgadores de nuestro Tribunal, precisamente nuestro reconocimiento a nuestros campeones de la justicia: a nuestros jueces y a nuestros magistrados.
Debido a esfuerzos que rebasan capacidades físicas individuales, el Poder Judicial de nuestra ciudad ha cumplido con creces las expectativas depositadas en nosotros. En este momento propicio para reconocer, de nueva cuenta, reconocer la incansable labor realizada por la Oficialía Mayor de este Poder Judicial a lo largo de los años que, a través de sus esfuerzos y empeños, hasta ahora no reconocidos, se ha podido lograr lo inlograble bajo circunstancias que no siempre nos han favorecido.
A nuestro amigo, el oficial mayor, le agradezco infinitamente su apoyo y la lealtad que ha prestado a la Judicatura capitalina.
En el mundo civilizado se habla de “palacios de justicia”, no en su connotación aristocrática, sino mejor como espacios o recintos propios y propicios para el acto de justicia, que requiere dignidad; tiempo y ambiente para la reflexión cuidadosa; invitación al respeto y la necesaria prudencia de quienes ahí asisten, como abogados, fiscales y personas interesadas.
Con la dignidad judicial como punto de partida, hemos logrado un buen uso de nuestro presupuesto, con inversiones inmobiliarias suficientes y buenas.
Durante esta administración se logró un crecimiento inmobiliario del 85% de la infraestructura inmobiliaria de este Tribunal, pasando de 193,000 metros cuadrados en el año 2008 a 358,000 metros cuadrados en el 2016.
Se han remodelado en su totalidad la gran mayoría de edificios de este Tribunal, se está por remodelar el resto. De igual manera, se han adquirido nuevos inmuebles y nuevos predios para la edificación de recintos judiciales.
Ahí tenemos, que se oiga bien, los ahora emblemáticos edificios de la nueva Ciudad Judicial: las Nuevas Salas Penales y el Centro de Justicia Alternativa; los Juzgados de Ejecución de Sanciones de los Reclusorios Norte y Oriente y los edificios para el sistema procesal penal acusatorio en los reclusorios Norte, Oriente, Sur y Santa Marta Acatitla.
Las remodelaciones que se han hecho en Fray Servando para Juzgados Civiles de Cuantía Menor y Orales Familiares, y a los edificios de Sullivan, el de Dr. Lavista, el edificio de Obrero Mundial para el nuevo sistema de justicia penal.
Se han adquirido inmuebles también para hacer posible la Ciudad Judicial, los inmuebles de Niños Héroes 133 y 119, los inmuebles de la calle Santa Cruz y Los Ángeles, y, por donación del Gobierno de la Ciudad de México, el predio en Iztapalapa, donde se va a construir un Laboratorio Tanatológico al servicio de nuestro reconocido internacionalmente Instituto de Ciencias Forenses y que complementará la parte académica de la licenciatura en esta ciencia, lo que se hará con la participación y apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, señor rector, por su apoyo, y otra vez en deuda con la Universidad Nacional Autónoma de México.
Asimismo, se anuncia con gran satisfacción de este Tribunal que ya se inició la construcción del edificio que albergará las salas civiles, y, sobre todo, lo que esperamos sea un orgullo para todo el país, la Escuela Nacional de Jueces, gran sueño de la Judicatura mexicana, en donde esperamos que todos los Tribunales del país aporten lo mejor de su estructura académica en beneficio de la preparación y selección, no sólo de jueces, sino también de defensores y ministerios públicos.
Asimismo, es de resaltar que esta infraestructura inmobiliaria ha venido acompañada de la modernización tecnológica del Tribunal, lo cual ha permitido que hoy día contemos con 22 edificios interconectados en una red metropolitana de voz y datos, 55 enlaces de comunicaciones de punto a punto, seguridad perimetral en aplicaciones, implementación de un sistema que permite realizar sesiones de videoconferencia hacia las salas de telepresencia, con la instalación de enlaces de 10 y 20 megabits por segundo hacia los cuatro reclusorios, gracias al esfuerzo de coordinación entre el Tribunal y el Sistema Penitenciario los traslados de los reos se han reducido a su mínima expresión. De 53,000 traslados que se hacían en un año, hoy tan sólo se hacen 2,000, también próximos a reducirse para prácticamente quedar en ceros en el próximo año
En cuanto a tecnología en materia de oralidad, se han habilitado 187 salas de juicios orales, distribuidas en 11 diferentes edificios, que están dotadas de infraestructura de punta de audio y video, además contamos en el Tribunal con 17 sistemas de apoyo directo a la impartición de justicia y 7 en apoyo a los procesos administrativos.
La gratitud es un acto que ennoblece, por reconocer a quien la merece y por la ayuda recibida. Es usted, en este caso, doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, a quien este Pleno de Magistrados le agradece por el apoyo incondicional que nos ha entregado y por su actuar, siempre respetuoso de nuestra investidura, y siempre respetuoso de nuestra independencia y de nuestra autonomía.
Ser independientes no implica ser ajenos. No es acto de sometimiento mostrar gratitud a quien la merece, ni mostrar afecto a quien nos lo ha dado. Aprovecho estas líneas para agradecerle de manera sincera su compromiso con la justicia capitalina doctor Mancera. Ha sido gracias a este compromiso por el cual hoy el Poder Judicial de la Ciudad cuenta con más y mejores condiciones para el desempeño de nuestro encargo.
Señoras y Señores; colegas; amigos y amigas todos: los logros, alcances y metas cumplidas en nuestro desempeño, siendo muchos y buenos, no son aun suficientes, tenemos muchísimo qué hacer.
Tenemos retos grandes que enfrentar en materia de justicia penal, pero no es menos en la justicia civil, mercantil, familiar o de adolescentes; tenemos retos en afianzar la estructura idónea de un gobierno judicial que garantice, de una vez por todas, jueces para la democracia; jueces independientes, jueces autónomos, jueces objetivos, imparciales, apegados a los derechos humanos y a los principios básicos de la oralidad, oralidad y más oralidad, transparencia y más transparencia.
El esfuerzo se refleja en nuestra numeralia que refiere aspectos de nuestra función —las más relevantes – y sobre la que se ha trabajado con ahínco y dedicación de todos, pero quedan aún tareas a desarrollar en nuestra agenda judicial.
La cultura ciudadana y del propio servicio público deben modificarse, a fin de comprender lo que es una verdad innegable.
No somos una dependencia del gobierno ni estamos sujetos a relaciones de supra-subordinación ante el exterior, ni tampoco lo estamos en nuestra vida interior.
Que quede claro: nuestra independencia frente a otros poderes es y debe ser incólume. No somos, ni seremos nunca, recipiente de insultos insensatos por quienes claramente son enemigos del Estado de derecho, enemigos de las instituciones republicanas y, fundamentalmente, de la vida democrática de nuestro país. Repudiar las instituciones, difamar sin ninguna razón a sus servidores y creerse recipiente de la verdad moral, no hace más que daño cívico, confundir a legos y enervar la paz lograda a través del esfuerzo y el trabajo. Exigimos respeto al Poder Judicial y a sus jueces: los encargados de proteger la ley, maximizar la libertad y defender la igualdad.
Lo que está en juego, no es ningún juego; es el nivel de nuestra civilización y progreso. La independencia judicial es baremo justo y perceptible de medición de esos grados de desarrollo de una sociedad. A mayor autonomía de nuestros juzgadores, mayor civilización, mayor progreso, mejor economía, así de sencilla es la ecuación, pero en ocasiones resulta complejo comprenderla, pues siempre existirán tentaciones para someter a la función jurisdiccional, por propósitos mezquinos que sólo buscan someter a la sociedad y robarles su libertad.
No permitiremos ninguna intromisión en nuestra vida judicial, de fuerzas externas que estén al margen de la Constitución.
Hemos sido y seremos intransigentes en esas cuestiones, pues la independencia judicial no es sólo una virtud de las sociedades modernas, sino es, asimismo, la garantía eficaz de la comunidad para contar con una justicia confiable y creíble, imparcial y digna. El mejor sostén de la gobernabilidad es y será siempre una justicia abierta y no politizada, una justicia que se imparte por órganos autónomos y no sometidos más que a la ley y a la Constitución.
Nada más que eso; pero no podemos trabajar con menos que eso.
Es un deber ciudadano y una virtud republicana reconocer la labor que está desarrollando el Poder Constituyente de la Ciudad de México. De ellos se espera mucho, y no es para menos, están por marcar la ruta que guiará a nuestra ciudad capital. Está en sus manos configurar las vidas de quienes aquí vivimos, está en sus manos la forma de hacer justicia y la manera en que se regulará nuestra convivencia. Esperemos que sueñen, que sueñen como muchos lo hacemos, con terrenos donde el Poder Judicial es independiente, que sueñen con un Poder Judicial dueño de su vida y de su destino; guardamos la esperanza de que consideren que los jueces de los jueces, son los ciudadanos. Que son los que nos juzgan todos los días con sentencias que esas sí son inapelables.
Para nosotros, juzgadores de tiempo completo, cada expediente judicial significa un conflicto personal, donde se encierran vidas enteras, dramas verdaderos, en los que se llegan a colisionar derechos de idéntica jerarquía y deben superarse esos altercados bajo un correcto balance de razones y sentido de la proporcionalidad y de la equidad, a fin de lograr una justicia para todos, una auténtica justicia democrática, siempre con la ley en la mano y bajo el cobijo del libre arbitrio judicial.
Hemos logrado, con el esfuerzo, enorme siempre, enorme ahora mismo, de jueces y magistrados, evitar el indeseado, el temido rezago judicial. No hay expedientes judiciales en ninguna gaveta o cajón de nadie, en espera de su turno para ser atendidos; todos los asuntos, cada uno de ellos se atienden y llevan al día, evitando los riesgos de trivializarse, de convertirse en un número y no en nombres y rostros de personas en conflicto. No podemos permitir que por malos ejercicios de la profesión y que por las oportunidades dilatorias que en ocasiones las leyes dan, sigan existiendo expedientes judiciales vivos en los cajones de los juzgados.
Esa despersonalización de la justicia se hace práctica corriente y tal deniega nuestro espíritu judicialista y nuestro ánimo por llegar a actos de igualación entre las partes; para decirlo rápido y bien: impide el principio de inmediatez procesal, ahora precisamente resaltado por nuestro nuevo sistema de justicia, que exige el contacto directo entre juez y justiciable y esto no se da solamente en materia penal.
Es un problema aritmético, ya no de personalidad o de antropología judicial, pues a mayor carga de trabajo, más alejamiento del juez de los que demandan justicia.
Si a esta ecuación sumamos los próximos avances en materia de justicia como son la inclusión de la materia laboral a la jurisdicción local, esto derivado de la reforma constitucional relativa a la justicia cotidiana presentada por el señor presidente de la República, así como, la implementación en su totalidad de la oralidad en materia familiar y en materia civil, será más sencillo prever que las sumatorias de jueces versus expedientes en trámite, tiene que ser equivalente y eso implicará redoblar esfuerzos y reafirmar compromisos.
Hemos hecho la tarea; podríamos decir en relación con el último ejercicio, “misión cumplida”, pero esa expresión a mi juicio, no tiene y no puede tener lugar dentro de los poderes judiciales. Nunca un poder judicial puede decir misión cumplida.
La democracia es un proceso siempre en construcción, siempre inacabado y siempre por hacerse, y no se nos olvide, que el Poder Judicial es hoy parte de la democracia.
Lo importante de todo, diría, es que conocemos bien el rumbo y que vamos a un ritmo aceptable, aunque debiéramos todos por esa ansiedad social que nos preocupa, ir más rápido.
Conocemos de nuestras dolencias y achaques y nos dedicamos a darles solución con energía y voluntad.
Deseamos ser parte de la conducción jurídico-política de esta gran ciudad, con nuestros pares, los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Desde allá, se emite y se ejecuta una ley legislada, nosotros aportamos una ley interpretada y eso es, precisamente, lo que otorga dinámica a una sociedad.
Lo que hacen y dicen los jueces, empieza a cobrar sentido e importancia en la cultura ciudadana.
De ahí que sea un propósito ineludible hacer más y decir mejor.
No escabullimos nuestros compromisos sociales; no vivimos en cavernas encerradas; no resolvemos de noche; no aceptamos alianzas ni presiones; somos jueces humanos, que procuramos siempre incrementar ese bello y eficaz concepto de “Justicia”. Los hombres somos pasajeros, las ideas son las que se quedan y las instituciones deben ser siempre antorchas que nos recuerdan su presencia. Una “justicia para la libertad”, una auténtica “justicia para la democracia” requiere de ideas e instituciones. Mientras las ideas sigan y las instituciones se encuentren todavía sólidas, hay esperanza de tener una democracia perfecta para nuestro país.
Nuestra tarea aún no está cumplida y consiste en demostrar que la insatisfecha aspiración del hombre por el progreso y la justicia pueden alcanzarse mejor si los seres humanos trabajamos en el marco de instituciones democráticas, siempre con respeto y siempre con apego a la Constitución.
Vamos a transformar de nuevo nuestro empeño por las causas de la justicia, en un vasto crisol de ideas revolucionarias y de esfuerzos bien implementados.
La presencia del Poder Judicial de la Ciudad de México está como una fuerte columna que nos permite transitar en paz en esta enorme y bellísima Ciudad de México.
Nuestra gratitud, ciudadano jefe de gobierno; nuestra gratitud, ciudadano representante del señor presidente; nuestra gratitud al presidente de la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias a todos.
El jurista y político guerrerense fue ovacionado en cinco ocasiones durante su discurso.