Por: MOISÉS EDWIN BARREDA
Nada está exento de la corrupción en la administración pública del país. Ni siquiera el Sector Salud, con todo y ser par de las instituciones extranjeras fundamentales para el desarrollo de sus respectivas naciones. Es grave perjuicio social el que aparte de la pésima atención médica y ministración de medicamentos de baja calidad en las instituciones asistenciales, entre ellas el ISSSTE y el IMSS, ese lastre incluye fraude y falta de ética y moral. Se comete cadena de delitos que comienzan por violar las convocatorias para designar directores generales de nosocomios e institutos de alta especialidad.
Existen ejemplos recientes del extraordinario y franco cinismo con que se violan esas convocatorias, o avisos para la inscripción y posterior selección de aspirantes a director general de esas instituciones. La primera, para cubrir la vacante de la dirección general del Instituto Nacional de Rehabilitación, emitida en diciembre pasado, firmada por la Secretaria de Salud, María de las Mercedes Juan López; la segunda, para selección de titular de la dirección general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); y el tercero, en al caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía «Manuel Velasco Suárez» –INNNMVS–. En esos documentos se establecen los requisitos que los aspirantes deben satisfacer, y la explicada “escrupulosidad” con que se elige a los integrantes del comité de auscultación –de idoneidad méritos de los aspirantes.
Las violaciones a ambas convocatorias son solapadas por las altas autoridades del Sector Salud, como son los doctores Mercedes Marha Juan López, que firmó la primera, y José Narro Robles la segunda y tercera, quienes así magnifican el escaparate que exhibe mundialmente a México entre los punteros en corrupción en el concierto de las naciones y el primero en la Organización de Colaboración para el Desarrollo (OCDE).
La primera consistió en que se nombró director general del Instituto Nacional de Rehabilitación al doctor José Clemente Ibarra Ponce de León, en sustitución de su padre, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, cuando la convocatoria estipula que los aspirantes no deben tener “parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno o con el Titular de la Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra”. Para dar apariencia de legalidad a la maniobra, aunque no le redujo lo inmoral, Ibarra Ibarra renunció a su cargo unos meses antes y quedó un encargado del despacho.
La posibilidad de que se cometiera esa irregularidad fue advertida por pacientes y trabajadores de la institución ante medios de comunicación. En transmisión de Carmen Aristegui externaron su preocupación “por que pueda existir la intención de que el hijo sustituya al padre en la dirección del INRLGI. Es esa situación de heredar los cargos la que nos preocupa, más que valorar las características profesionales y personales de los candidatos, que básicamente sea una línea directa”.
Alcahuetes de transnacionales
La segunda irregularidad consistiría en que el Comité de Auscultación y José Narro Robles designaran director del INSP a Pablo Kuri, subsecretario de Salud, quien ha protegido a la industria refresquera y, junto con sus superiores en dicha secretaría, soslaya los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las deficiencias de las normas del etiquetado sobre el valor nutritivo de los alimentos y bebidas producidas por transnacionales, ello pese al inminente colapso del sistema de salud pública a causa de la epidemia de sobrepeso y obesidad en el país. Tampoco se etiquetan los alimentos transgénicos.
Viene al caso citar que Mathie Tourlere informa en su reportaje en Proceso, de 02/02/17, que «organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria urgieron a las organizaciones especializadas en la transparencia y rendición de cuentas, monitorear el proceso de selección del próximo titular del INSP, y a prestar atención particular a que los intereses de las industrias refresquera y de la comida chatarra no interfieran en esta designación». Con Pablo Kuri compiten Pedro Rafael Lozano Ascencio y Juan Ángel Rivera Dommarco, quienes pertenecen al INSP, es decir quede quien quede, las irregularidades continuarán y quedarán en familia.
La tercera violación es que el comité de auscultación, avalado por Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y el propio José Narro Robles en su calidad de Secretario de Salud y presidente de la Junta de Gobierno del INNNMVS, no está integrado por personas de reconocida autoridad moral y profesional como explica la propia convocatoria, pues dos de ellas: José Halabe Cherem y Alberto Lifshitz Guinzberg, quienes participarán en la designación del titular de la dirección general de este instituto. Así darán lugar a claro conflicto de interés, ya que ambos galenos pertenecen al Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria (CETREMI), igual que Miguel Ángel Celis López, candidato «oficial», como las mismas autoridades del propio nosocomio, a ocupar la dirección del mismo. Todo a pesar de que a Celis López tiene abierta la averiguación previa A.P./PGR/DF/525-VI614/2007. Reclusorio Sur y Oriente, que duerme el sueño de los justos igual que muchas abiertas por demandas contra funcionarios públicos.
A la inmoralidad de lo anterior se suma el hecho de que Julio Sotelo Morales también es integrante del CETREMI. Sólo en México es posible que alguien señalado como presunto responsable de crimen de lesa humanidad y tortura médica funja como integrante de un «comité de ética». Sotelo Morales está denunciado por Ángeles Cruz Martinez, de La Jornada.
La reportera establece que “durante cerca de 13 años, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez se realizaron procedimientos quirúrgicos de tipo experimental sin cumplir con los protocolos de una investigación científica; entre otros, contar con autorización de los comités de investigación y bioética, así como el consentimiento informado de los pacientes, afirma una denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Algunas personas que fueron sometidas al procedimiento murieron y otras quedaron con daño neurológico permanente, explicó el neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira, quien en 2006 presentó la denuncia ante instancias nacionales, con el fin de que se haga una investigación. Nada ocurrió, y en 2012 llevó el caso, junto con el obispo Raúl Vera, a la CIDH.
“Ondarza Rovira señaló que el objetivo es esclarecer lo que ocurrió con al menos 500 pacientes de ese instituto a quienes se les implantó un dispositivo denominado sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo, patentado por Julio Everardo Sotelo Morales, investigador y ex director del INNN.
Dicho dispositivo tenía la finalidad de controlar el padecimiento de hidrocefalia (acumulación de líquido céfalorraquideo en el cerebro). El problema fue que el sistema de derivación de Sotelo carecía de seguridad y eficacia para garantizar el éxito del tratamiento y se utilizó sin cumplir con los requisitos de un protocolo de investigación.»
La denuncia señala que hay información en el sentido de que además de los casos de 500 pacientes que se lograron documentar, a algunos recién nacidos también se les colocó el aparato, que se utilizó en otros hospitales del país.
La convocatoria para la selección del titular de la Dirección General del INNNMVS anticipó que los interesados en sostener entrevistas personales con los miembros del Comité de Auscultación tendrían audiencia en la sede de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, los días 1 y 2 de febrero, y en el ínterin, a la fecha, en vehículos oficiales, lo que es punible, las autoridades del INNNMVS acarrearon a médicos y trabajadores de confianza hacia las oficinas de esa Comisión para «apoyar» a Miguel Ángel Celis López. Fraude una vez más, ahora en la Secretaría de Salud.
Complot de Funsalud
Es de llamar la atención que muchos de estos personajes, desde miembros de estos «comités de auscultación», «comités de ética», hasta Secretarios de Salud, sean o hayan sido integrantes de la Fundación Mexicana para la Salud A.C. (Funsalud), institución privada conglomerado de intereses de las empresas más importantes relacionadas con medicamentos, alimentos, etc., íntimamente vinculada con la salud de la población mexicana. De ella han emergido políticas públicas tendientes a la privatización del Sector Salud, de lo que es ejemplo su obra magna: el seguro popular. Allí se fragua el complot contra el pueblo consistente en reducir aún más sus posibilidades de mantener su salud o atenderla cuando se afecta.
Hay justificado temor de que mediante “arreglos previos de petit commite en lo oscurito”, la Secretaría de Salud haya designado ya a Célis López director del INNNMVS, sin embargo de que se le acusa de posible corresponsable de crímenes de lesa humanidad, ser uno de los plagiadores de información e imágenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y tener abierta –en congeladora– la averiguación previa ya mencionada.
Célis López y Sandra Porcayo Liborio, aspirantes «oficiales» a la dirección del INNNMVS, compiten con Edgar Nathal Vera, Rodolfo Ondarza Rovira y Roberto Alfonso Suástegui Román. A Edgar Nathal Vera se le intentó despedir en la gestión de Sotelo Morales como director de ese hospital, y Ondarza Rovira, miembro de la ONG presidida por el obispo Raúl Vera, sí fue despedido injustificadamente, demandó y ganó el laudo correspondiente, antes de ser presidente de la comisión de salud de la ALDF durante la VI legislatura, todo ello como venganza porque denunciaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Sotelo Morales. En el círculo científico del país se considera que de dichos candidatos, Ondarza Rovira es más idóneo por su trayectoria profesional, su alta capacitación en neurociencias, como defensor de los derechos humanos, por su experiencia laboral y en creación de políticas públicas de salud en los ámbitos nacional e internacional y aplicación actividades en política.
Seguramente cuando Denise Dresser en su nota del pasado 6 de febrero en el periódico Reforma escribe «Un país enfermo. Porque no puede clasificarse de otra manera una nación que permite la sustitución de quimioterapia por agua para niños con cáncer en Veracruz.
México, víctima de un sistema de salud pública en el que importa más el enriquecimiento personal que el bienestar nacional. En el que la prioridad es ascender y no curar. El gobierno comprando pruebas sin autorización sanitaria para la detección del VIH. El gobierno reconociendo que medicamentos comprados por toneladas ya caducaron. El gobierno finalmente admitiendo la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, después de una política pública que fracasó para combatirlas. La sociedad civil protesta -y con razón- ante el gasolinazo, ante Trump, ante los escándalos casi cotidianos de corrupción. Pero a lo largo del país algo aún más grave ocurre. Mexicanos están muriendo, pero no por balas sino por negligencia. No por confrontaciones con los cárteles, sino por conflictos de interés entre las autoridades sanitarias y las industrias que deberían regular.», alude a estos personajes. Otros siguen en el tintero. De eso hablaremos casuísticamente.