El año pasado, el número de solicitudes de acceso a la información aumentó 83 por ciento con respecto a 2015, dio a conocer Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai).
Durante la presentación de su informe anual de labores 2016 ante el pleno del Senado de la República, Puente de la Mora indicó que dicho incremento se refleja en que se presentaron 202 mil solicitudes de información.
Detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como sujeto obligado recién incorporado, ocupó el primer lugar en solicitudes recibidas, con más de 49 mil, de las cuales sólo 0.28 por ciento de las misma fueron impugnadas ante el Inai.
En segundo lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Consejo de la Judicatura Federal, fueron los sujetos obligados a los que más requerimientos se les hicieron, con más de ocho mil cada uno.
La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia refirió que 40 por ciento de las solicitudes provienen del ámbito académico; 19 por ciento del sector empresarial y 10.6 por ciento de medios de comunicación.
En este marco lamentó que a pesar de los avances en el marco legal en materia de transparencia y acceso a la información, ocho de cada 10 mexicanos piensa que los datos que les entregan están manipulados.
En ese sentido recordó que México es reconocido a nivel internacional por tener la mejor Ley de Transparencia, por lo que el reto es revertir la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y para lograrlo se deben castigar los actos de corrupción y acabar con la impunidad.
“Para lograrlo es fundamental que demos resultados. Debemos acabar con la impunidad, la transparencia debe traer consigo rendición de cuentas. Los descubrimientos de abuso y corrupción, deben necesariamente, tener sus consecuencias”, expresó.
Agregó que en 2016, en materia de protección de datos personales, se presentaron 440 denuncias por violaciones a la ley y se impusieron multas por casi 93 millones de pesos a través de 66 procedimientos de sanción.
La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales reconoció fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero indicó que éstas no comprometieron el acceso a la información de los ciudadanos.