En las últimas cinco décadas ha crecido la participación de las mujeres en actividades productivas en México, al tiempo que se ha avanzado en legislaciones y programas que combaten la violencia de género en los centros de trabajo, afirmó la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Patricia Martínez Cranss, en el foro de la ONU.
Al exponer el tema “Violencia en el mundo del trabajo, ¿qué pueden hacer los gobiernos?”, en el foro de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, la funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo que el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos en materia de género busca el empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral y su vínculo con el desarrollo sostenible.
Pretende, también, continuar la construcción de un marco institucional y normativo completo para erradicar la violencia en contra de las féminas, agregó.
“Desde el último tercio del siglo pasado, México viene realizando esfuerzos para institucionalizar la agenda de género e impulsar políticas transversales que consideren las necesidades de mujeres y hombres”, explico la Subsecretaria durante su ponencia.
En material laboral, la Ley Federal del Trabajo en México establece que los empleadores, o sus representantes, tienen prohibido realizar o permitir actos de hostigamiento y/o acoso sexual, y exigir certificados de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Tampoco se puede despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.
Adicionalmente, se estableció la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, que busca promover una cultura laboral integral al incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, así como implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral. Hasta el 2016, se contabilizaron 160 certificaciones en esa Norma.
Martínez Cranss mencionó que el proceso de institucionalización para abatir la violencia hacia las mujeres se consolidó en 2001, con la publicación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con la finalidad de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros.
Asimismo, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social de nuestro País.
Resaltó que, en 2007, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece cinco modalidades de violencia: 1) en el ámbito familiar, 2) laboral y docente, 3) en la comunidad, 4) institucional y 5) el feminicidio; así como seis tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otra forma análoga que dañen la integridad o libertad de las mujeres.
La Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral explicó que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en todos los niveles de gobierno; además contempla la realización de campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y los tipos y modalidades de violencias contra ellas