Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra
Francisco de Quevedo
Aunque la verificación vehicular fue detenida en Quintana Roo por la administración de Carlos Joaquín González, de acuerdo a las disposiciones federales tendrá que entrar en vigor a partir de 2018, y con ello vuelven a evidenciarse los negocios hechos al amparo del poder, pues para la entidad el gobierno de Roberto Borge Angulo autorizó la instalación de dieciséis “verificentros”, entregados a políticos y prestanombres de empresarios investigados por lavado de dinero.
La verificación ambiental fue una de las medidas aprobadas durante el borgismo, que sin embargo se suspendió por el amplio rechazo social, pues fue percibida como una manera de compensar los recursos que el gobierno dejó de ingresar por el cobro de la tenencia vehicular, pero aun así las dieciséis concesiones contempladas fueron entregadas: 8 para un tal Moisés Ordoñez, identificado como prestanombres del empresario Ricardo Antonio Vega Serrador, mejor conocido como “el zar de las gasolineras”, quien desde 2014 es investigado por la Procuraduría General de la República por lavado de dinero, quien a su vez ha sido señalado como “cercano y socio” del ex gobernador quintanarroense, Félix González Canto –otro negocito más.-
De acuerdo con información surgida desde la misma Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, las otras 8 concesiones fueron entregadas a Jorge Kahwagi Macari, ex diputado y dirigente nacional del partido Nueva Alianza, quien tiene concesiones de este tipo en las 15 entidades en las que el programa de verificación vehicular ya es obligatorio, a través de la empresa Cosmocolor, misma que se dedica además a la expedición de licencias de conducir; pero dicha empresa ha sido identificada con diversos fraudes en la verificación vehicular.
Los 16 “verificentros” ya tienen definido dónde estarán ubicados: cuatro estarán en Othón P. Blanco; cinco, en Benito Juárez, y el resto, en Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Tulum y José María Morelos, estimándose a la fecha más de 600 mil vehículos en la entidad, pero entre las cosas que deberán definirse en 2018 es a cuáles les será aplicada la medida.
Ahora bien, desde el año pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que buscaría que la verificación vehicular fuera obligatoria para todo el país, a través de la Norma Oficial Mexicana 167, cuestión que confirmó apenas el primero de marzo pasado, al presentar el titular de Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA).
En el evento se destacó que, para 2018, cada entidad deberá tener un organismo que mida la calidad del aire; lo cual sin duda es importante, pero considerando las dificultades económicas, los gobiernos como el de Quintana Roo deberán definir a qué tipo de vehículos aplicará la verificación o si será una medida parcial como en Yucatán, donde los autos gubernamentales y los de uso intensivo, como los de transporte urbano de pasajeros o de materiales, son los que pasan por el proceso.
Por lo pronto, el gobierno de Carlos Joaquín González deberá prepararse también para dar la batalla legal si revoca las concesiones otorgadas durante el borgismo, para hacer negocios desde el poder, y los quintanarroenses deberemos estar preparados para la medida que será obligatoria a partir de 2018. Por lo pronto, la pestilencia sigue saliendo; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.