Por Charly Morales Valido
San Salvador, 25 jun (PL) La administración del agua divide aún más a una de las naciones más polarizadas del mundo, El Salvador, donde el pugilato político de turno está planteado entre quienes consideran al vital recurso un derecho humano básico, y quienes quieren explotarlo como una mercancía más.
Hace años, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) libra una batalla por legislar la gestión responsable y sostenible del agua, que garantice su abasto a una nación de alta densidad poblacional.
Es más, la formación de izquierdas presentó en 2006 un anteproyecto de ley, cuyo análisis ha sido sospechosamente demorado.
Sin embargo, los partidos de derecha representados en la Asamblea Legislativa proponen ahora una supuesta Ley Integral del Agua, elaborada sin un consenso, y que pretende privatizar este recurso mediante una Autoridad, con un titular elegido por el gobierno, dos representantes de las municipalidades, y dos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
El inmediato repudio de los grupos ambientalistas y movimientos sociales responde a que esta propuesta, impulsada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), revierte los logros de la legislatura previa, en particular la gestión pública, sustentable y ciudadana del agua.
Además, su presentación justo ahora se antoja una cortina de humo para desviar la atención pública de los escándalos de corrupción que sacuden -y dividen- a Arena.
Por otro lado, la mayoría parlamentaria de la derecha le desbroza el tortuoso camino a esta iniciativa, que solo podría ser frenada por una movilización popular, o por el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén, con el consiguiente costo político: la prensa al servicio de la oligarquía salvadoreña tendría otro pretexto para predisponer a la opinión pública contra el gobierno.
Aún así, la sociedad civil entiende que esta guerra es ineludible, y trasciende las militancias o credos: la Iglesia Católica, que desempeñó un role protagónico en la reciente aprobación de una ley contra la minería metálica, ya tomó partido y ratificó que el agua es un derecho humano cuya gestión corresponde al Estado, y rechazó todo intento de privatizarla.
Tal actitud, expresada por el propio Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, fue secundada por Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, quien exigió un consenso para lograr una ley inclusiva, que proteja las cuencas y establezca una autoridad rectora de carácter público, que evite el uso abusivo o monopólico del agua.
El Foro del Agua, un movimiento que defiende la participación ciudadana en la gestión de los recuros hídricos, denunció que la propuesta derechista elimina a los actuales comités de cuencas y crea organismos sin incidencia en la toma de decisiones, amén de estandarizar la tarifa, o sea, se pagaría lo mismo por el uso doméstico o mercantil, un absurdo que aquí es cotidiano.
Ello entraña, además, un evidente conflicto de interés, pues hay entidades reguladas que son parte del ente regulador, o sea, la ANEP. Por eso las organizaciones sociales han cerrado filas y exigen el retiro inmediato del anteproyecto derechista.
A su vez, la secretaria de Medio Ambiente del FMLN, Lety Méndez, llamó al pueblo a no dejarse engañar por una derecha que pretende acaparar el control del agua, y hacer con ella lo que único que le interesa: dinero…