Brasilia, 13 jul (PL) Brasil todo sabe que la persecución judicial desatada contra Lula forma parte de la agenda política del golpe de Estado cometido contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff, sostuvieron aquí parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT). En una declaración a propósito de la sentencia de nueve años y medio de carcel dictada la víspera por el juez federal Sergio Moro contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, las bancadas del PT en el Congreso Nacional advirtieron que «al condenar a Lula condenan a la democracia e intentan subyugar la voluntad del pueblo». Resulta inaceptable que «el sistema de justicia avance en evidente acción política para condenar un inocente con la intención clara de interferir en la disputa política y evitar que Lula sea candidato» en las elecciones de 2018, para la cual todas las encuestas le otorgan los porcentuales más altos de intención de voto en cualquier escenario.
En otra de sus partes el comunicado de los diputados federales y senadores petistas indica que las piezas acusatorias de los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, cuyos hilos maneja a su antojo el juez Moro, reconocen que no hay pruebas materiales contra el ex digntario.
Son acusaciones promovidas por jueces y procuradores que actúan, como regla, de forma claramente selectiva y partidarizada y con base apenas en Power Point, deducciones e hipóteses probabilísticas construídas arbitrariamente, señala.
Cataloga además la condena contra «el mejor presidente de la historia de Brasil» de arbitraria, injusta e ilegal, y como una tentativa de aniquilamiento de las perspectivas de igualdad social y de oportunidades para todos.
Intentar que Lula sea inelegible es transformar las próximas eleciones brasileñas en un gigantesco fraude, enfatiza la declaración de los congresistas del PT y advierte que al sancionar al ex mandatario condenan también los sueños y las esperanzas del pueblo brasileño, la justicia y la democracia.
Senadores petistas anunciaron anoche que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), en Porto Alegre, que revisó ya varias condenas dictadas por Sergio Moro, una de ellas contra el ex tesorero del PT Joao Vaccari, sancionado por éste a 15 años de prisión.
Abogados de la defensa de Lula también manifestaron ayer que éste fue víctima de un juzgamiento políticamente motivado que ataca al Estado de Derecho y la democracia brasileña.
Por más de tres anos, subrayaron, Lula ha sido objeto de una investigación que dejó en claro de comienzo a fin del proceso el sesgo y la motivación política de Moro, cuyo juzgamiento «avergüenza a Brasil» al ignorar evidencias sólidas de su inocencia y al mismo tiempo violar continuamente derechos humanos básicos y del proceso legal.