101 casos feminicidio: omisión y negligencia, la constante
En sólo ocho meses, de noviembre de 2016 a junio de 2017, se cometieron 101 asesinatos violentos de mujeres en la Ciudad de México pero en vez de investigarlos y sancionarlos la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) revictimiza a las víctimas y sus familias, pierde evidencias y clasifica los delitos como homicidios simples o suicidios, lo que llevó a organizaciones de la sociedad civil a solicitar que la capital se declare en Alerta de Violencia de Género (AVG).
Este 7 de septiembre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas AC, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de AVG por violencia feminicida en la urbe.
La Ciudad de México, recordaron las organizaciones en conferencia de prensa, fue la primera ciudad del país en tipificar el feminicidio en 2011 con lo que se estableció una condena de 20 a 50 años de prisión e incluso se le dio certeza al crear el Protocolo Especializado de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio que colocó a la capital como un referente de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
Sin embargo, las autoridades de la PGJDF se han negado a aplicar dichos instrumentos legales, señaló la abogada de la organización Justicia Pro Personas, Ana Yelí Pérez Garrido. Lo que se traduce en una falta a la debida diligencia en las investigaciones, violaciones a los DH de las víctimas en el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación del daño.
Las autoridades capitalinas se niegan a investigar con debida diligencia los homicidios de mujeres ocurridos en la Ciudad a pesar de que en 2013 un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el feminicidio de Mariana Lima, señaló que todo asesinato violento de una mujer se debe investigar como feminicidio.
En este contexto, la solicitud de las organizaciones contempla la violencia feminicida cometida desde 2012, que de acuerdo con datos retomados de la Procuraduría, desde ese año hasta 2016 se registraron 260 casos de feminicidio en la capital. Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Coyoacán concentran 50 por ciento de los casos.
Estos asesinatos de mujeres por razones de género reconocidos por la PGJDF no responden necesariamente a la realidad, dijo la abogada especialista en DH, pues en base a la experiencia del acompañamiento que realizan a víctimas, el hecho de que se investigue un asesinato como feminicidio depende de la voluntad de los Ministerios Públicos.
Tan es así que de los 101 casos de feminicidio registrados entre noviembre pasado y junio de 2017, en 22 de ellos, la Coordinación de Agentes Auxiliares del MP decidió “no ejercer acción penal”. Como consecuencia 21 por ciento quedó en la impunidad, detalló Pérez Garrido.
De acuerdo con cifras que proporcionó la PGJDF a Cimacnoticias, desde 2011 a abril de 2017, por el delito de feminicidio, se han puesto a disposición 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado únicamente 77 sentencias.
PGJDF: NEGLIENCIA Y OMISIÓN EN FEMINICIDIO
El asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada en Ciudad Universitaria el 3 mayo de este año, volvió a exponer las prácticas negligentes y omisas de la PGJDF en la investigación de feminicidio, recordó durante la conferencia la litigante del caso y abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román.
A pesar de las pruebas e indicios de que la joven de 22 años fue asesinada por su entonces novio y ex trabajador de la UNAM, Jorge Luis Gonzáles Hernández, la PGJDF afirmó en un comunicado que Lesvy se suicidó con el cable de un teléfono público –donde fue encontrada– e investigó al probable agresor por homicidio por no impedirlo.
Esto, es una constante en los casos de feminicidio indicó Herrara Román, por ello dentro de la petición de la AVG para CDMX, las organizaciones especialistas en violencia contra las mujeres enumeraron las prácticas que repite la Procuraduría local en las diligencias de este delito:
Primero, la revictimización de las mujeres es constante, se difunden en los medios de comunicación imágenes de la víctima, se da información privada de ellas o bien, se les criminaliza y responsabiliza de los hechos. Y a pesar de la obligación por informar a las víctimas y a las personas litigantes del proceso judicial, se les niega el acceso a las carpetas de investigación.
Segundo, existe por parte de la PGJDF un mal manejo y protección de las evidencias, hay casos registrados donde se han perdido pruebas vitales para vincular a proceso al feminicida, recordó la abogada. Asimismo, hay inconsistencias en los análisis periciales, que no concuerdan con lo ocurrido o no registrar los rastros del feminicidio.
Tercero, aún con pruebas que acreditan un feminicidio, jueces y juezas con criterios fuera de la perspectiva de género, reclasifican los casos a homicidio o suicidio, lo que niega el acceso a la justicia a las mujeres y sus familiares, culminando en la impunidad, señaló.
CDMX, VIOLENTA PARA LAS MUJERES
Pero no sólo se trata del aumento del feminicidio en la Ciudad de México, subrayaron las asociaciones civiles, la ciudad se ha colocado a nivel nacional como la segunda con la mayor prevalencia de incidentes violentos cometidos contra las mujeres, según la última Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 presentada el pasado agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según la encuesta quinquenal, la capital ocupa el primer lugar en violencia comunitaria contra las mujeres, sobre todo violencia sexual, que ocurre en la calle, transporte, parques y otros lugares públicos, a pesar del programa público “Ciudad Segura” implementado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, el Instituto de las Mujeres local (Inmujeres DF) y ONU Mujeres desde 2008.
A ello se suma que de enero de 2015 a diciembre de 2016, se reportaron dos mil 494 mujeres como ausentes o extraviadas, de las cuales se localizaron mil 836, y quedan 644 mujeres pendientes de localizar, un 60 por ciento son niñas y adolescentes menores de 17 años, reportaron las organizaciones.
No obstante, de 2015 a 2017 el portal oficial de Alerta Amber de la ciudad, reporta que únicamente activó el mecanismo en nueve ocasiones, de las cuales, ocho eran de niñas.
En este sentido la solicitud de la AVG, también buscó visibilizar el incremento de desapariciones de niñas y adolescentes en la capital, situación, que a decir de Ana Yelí Pérez es negada por las autoridades de la Procuraduría por estar vinculado a la trata de personas con fines de explotación sexual y el crimen organizado.
Por último, las organizaciones recordaron que a pesar de que el próximo año se esperan elecciones y con ello la salida de Miguel Ángel Mancera, es obligación del jefe de gobierno garantizar la vida y seguridad de las capitalinas, por lo cual, esta etapa electoral, no tendría que ser un obstáculo para el decreto de la AVG.
En un tiempo máximo de 3 a 5 días esperan que la Secretaria de Gobernación (Segob) por medio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) les informe a las organizaciones la procedencia de la alerta y comience con la conformación del grupo de expertas para evaluar la violencia contra en el territorio.
Con la Ciudad de México son 29 de las 32 entidades federativas que han solicitado desde hace una década la AVG en el país. En tanto, son 12 las entidades bajo este mecanismo de emergencia para la protección a la vida de mujeres y niñas.
PIDEN MODIFICAR TIPIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO
En este contexto, la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas Martínez, anunció hoy en un foro sobre feminicidio en la Asamblea Legislativa, que en un periodo extraordinario presentará una reforma al Código Penal local para precisar el delito de feminicidio, y de esta manera “las autoridades no determinen de forma arbitraria si la muerte de una mujer fue por feminicidio u homicidio”.
Actualmente las cinco razones para acreditar el delito son: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.
Que existan indicios que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado a un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
Fuente: Cimacnoticias