México, 26 sep (PL) Ya son tres años de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, cuyo paradero continúa incierto, como incierta es la aplicación de la justicia sobre ese crimen.
Hoy se reeditarán marchas y otras formas de protesta, encabezadas por los familiares de los jóvenes, que no cejan en reclamar por la vida de sus hijos.
A ellos se suman organizaciones sociales, que les han acompañado pese a los intentos de desacreditar una causa que trasciende las fronteras de México.
Es un jornada para recordar las circunstancias en que los normalistas fueron reprimidos con saña la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, donde el alcalde y su esposa mantenían fuertes nexos con el crimen organizado.
Lo mismo ocurría con los jefes y policías de ese municipio y de otros adyacentes, encargados de entregar a los jóvenes a sicarios de los Guerreros Unidos, organización criminal que se disputa el territorio y los mercados de la droga con otro cartel, Los Rojos.
Mucha controversia generó la investigación oficial y la de instancias internacionales.
Según el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los normalistas fueron ultimados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula. Luego los restos fueroN echados en bolsas al río San Juan.
Esa versión fue cuestionada por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, cuyo mandato culminó aquí por decisión gubernamental.
Lo cierto es que hay más de un centenar de presuntos participantes en el crimen de Iguala tras las rejas, pero los cuerpos de los estudiantes no aparecen, salvo una fracción de osamenta que permitió identificar por pruebas forenses y de ADN a uno de ellos.
Se trata de Alexander Mora Venancio, de 21 años, huérfano de madre, que vivía junto a su padre en una casa del Pericón, Tecoanapa, en el estado mexicano de Guerrero.
Quien lo conoció afirma que Alexander era un joven educado y de familia humilde. Él, sus dos hermanos y su padre, un taxista que usaba un vehículo ajeno para trabajar, vivían en una casa con techo de calamina.
Abandonó la Universidad Autónoma de Guerrero, donde seguía Desarrollo Regional, porque quería estudiar para maestro en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa.
La noche de la tragedia acompañaba a decenas de sus compañeros de estudio, quienes abordaron autobuses y se dirigieron a Iguala para protestar frente a la alcaldía por las malas condiciones de su plantel.
En Iguala tenía lugar una celebración oficial encabezada por el alcalde y su esposa. Ellos dieron la orden de reprimir a los normalistas, quienes fueron recibidos a plomo limpio.
Los policías municipales no discriminaron su puntería. También dispararon contra un autobús que transportaba a un equipo juvenil de fútbol y un taxi.
Allí murieron seis personas y más de una decena resultaron heridas.
Pero apenas comenzaba la cacería de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Un grupo de ellos fue encerrado en un camión y entregado a los pistoleros de Guerreros Unidos.
Según confesiones de los víctimarios, divulgadas por la Procuraduría General de la República, algunos de los jóvenes ya estaban muertos por asfixia. A otros los ultimaron con un tiro en la cabeza.
El asesinato de Iguala evidenció la penetración del crimen organizado en los estamentos de poder público y político.
Determinó incluso que los partidos políticos tomaran medidas respecto a la designación de candidatos para puestos de elección popular.
En el plano internacional, el caso Ayotzinapa, como también se le conoce, puso de manifiesto una de las caras oscuras de México: la de los desaparecidos y también la impunidad que encubre esos crímenes.
Hoy habrá marcha en Ciudad de México. Pasará por el Antimonumento que recuerda a los normalistas desaparecidos. Se trata de una escultura, un 43, que se levanta en el Paseo de la Reforma.
Pero nadie sabe cuántos años más se necesitarán para saber qué pasó con los muchachos de la escuela Raúl Isidro Burgos.
México no solo perdió a 43 maestros, también perdió credibilidad el sistema político, de gobierno público y de justicia. Mientras tanto, ellos no están.
México: tres años sin los 43
Por Orlando Oramas Leon