Denuncian coacción y condicionamiento de sueldo por empleadores
Más de mil 400 mujeres y hombres de 770 centros de trabajo en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, han sido coaccionadas para laborar en sitios que tras el sismo del pasado19 de septiembre no están validados por las autoridades como seguros.
Hasta ayer por la noche la “Red Solidaridad de Trabajadores en Riesgo”, creada luego del temblor por personas estudiantes de licenciatura y posgrado defensoras de los derechos laborales, contabilizó mil 464 denuncias que exponen las condiciones inseguras en las que cientos de mujeres han sido obligadas a retomar sus actividades laborales.
En entrevista con esta agencia, la estudiante del posgrado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en la Línea de Estudios Laborales e integrante de la Red, Elisa Calvillo Reynosa, aseguró que las denuncias de mujeres trabajadoras son frecuentes toda vez que éstas ejercen en mayor medida en lugares que resultaron afectados tras el sismo como hospitales –donde doctoras y enfermeras se han pronunciado-, escuelas, fábricas y en diversos centros de llamadas (call centers).
Destaca el caso del Palacio de Hierro ubicado en la calle Durango 230 de la colonia Roma Norte, uno de los más afectadas tras el temblor. Ahí las vendedoras afirmaron sentirse inseguras porque el edificio presentó afectaciones, y donde presumen, pudo haber personas heridas, pero que no se dio a conocer la información, por temor a que bajaran las ventas.
Las trabajadoras de fábricas de metales y costureras en la delegación Iztapalapa, también comparten el sentimiento de incertidumbre. Según los testimonios recabados por “Trabajadores en Riesgo” las mujeres denunciaron que durante el temblor no pudieron salir de sus centros laborales ni colocarse en áreas seguras porque las salidas, así como los patios y estacionamientos permanecen obstruidas por automóviles.
Una de las prácticas constantes de los empleadores es indicar que personal de Protección Civil ya firmó documentos que aseguran que los centros laborales son seguros, pero éstos no son transparentados a las y los trabajadores; además de asegurar que empresas privadas o expertos independientes realizaron los peritajes correspondientes.
Ejemplo de ello, denunciaron, es el centro de llamadas Eficasia, ubicado en Avenida Revolución 470, donde una persona denunciante afirmó que en el edificio hay daños en al menos dos de los cuatro pisos. Sin embargo, al personal se le dijo que contrataron a una firma externa para que revisara el lugar, por lo que debían presentarse a laborar.
Todo esto ocurre aún con el llamado que hizo el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, quien informó a través de sus cuentas oficiales que los inmuebles que sufrieron daños deberían tener a la vista el “Formato de Inspección Postsísmica”, un documento que indica las condiciones en las que quedó el lugar y que está avalado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal y las Secretarías de Obras y Servicios, la de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Protección Civil.
Con la documentación de casos las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la UAM exigirán a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que garanticen los Derechos Humanos laborales de las personas, y a que realmente se cercioren de que los empleadores no obligarán a las y los trabajadores a ejercer en condiciones riesgosas ni condicionen sus sueldos.
Al hacer el recuento, aseguró Elisa Calvillo, buscan que “ninguna persona pierda la vida en sus lugares de trabajo por las condiciones del inmueble” y así evitar lo ocurrido en la fábrica de costura y confección textil de la colonia Obrera que se derrumbó tras el sismo y causó la muerte de varias costureras. También informaron a las y los trabajadores denunciantes que tienen derecho de no acudir a laborar sino se sienten seguros y que los empleadores les deben pagar sueldos completos porque, de no hacerlo, incumplen las leyes laborales vigentes el país y violan sus Derechos Humanos.
Para lograrlo, comentó la también licencia en Ciencias Políticas por la UNAM, urge que las instituciones gubernamentales que fomentan el empleo en el país garanticen que se hagan revisiones certeras de las condiciones de los centros de trabajo y que transparenten la información obtenida de dichos exámenes.
También indicó que personal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se ha contactado con integrantes de “Trabajadores en Riesgo” para afirmar que revisarán las denuncias, sin embargo, dijo, que el que no haya una respuesta pronta “da pie a que los empleadores cubran los daños superficialmente y cuando las autoridades acudan a revisar el lugar no encuentre daños”.
La información de la Red Solidaria ha sido recabada a través de entrevistas hechas afuera de centros laborales y por las respuestas anónimas que arroja un cuestionario digital hecho por la Red Solidaria, todo ello está condensado en un mapa interactivo de su autoría.
Fuente: Cimacnoticias