París (PL) Por primera vez en los últimos tiempos, Francia vivió en 2017 todo un año sin tener que lamentar atentados de grandes dimensiones con cientos de víctimas, pese a lo cual se registraron algunos golpes que evidenciaron la vigencia de la amenaza terrorista. En este periodo, en la nación gala tuvieron lugar agresiones aisladas y de menor magnitud cometidas por los llamados «lobos solitarios», hechos diferentes a los ataques del 13 de noviembre de 2015 en París, en los que 130 personas perdieron la vida, y al del 14 de julio de 2016 en Niza, con un saldo de 86 fallecidos.
De cualquier forma, varios franceses sí murieron en 2017 a causa del terrorismo, como el policía Xavier Jugelé, quien cayó el 20 de abril en una agresión en los Campos Elíseos que fue reivindicada por el grupo terrorista Estado Islámico.
Los alrededor de 11 ataques reportados en los últimos meses se caracterizaron por tener como autores a personas solitarias, escasamente armadas, y por provocar pocas víctimas.
De acuerdo con los especialistas y el gobierno, ello se debe a factores como que el refuerzo de la vigilancia en el terreno y en las redes sociales dificulta la formación de redes que consigan coordinar acciones de mayor envergadura.
En este sentido, las autoridades lograron frustrar alrededor de 20 ataques en todo el año y en algunas de las operaciones de registro fueron encontradas grandes cantidades de explosivos, lo que indica que se consiguió evitar hechos potencialmente letales.
Según las alertas emitidas por el gobierno, estos elementos evidencian que pese a la relativa calma de los últimos tiempos, la amenaza terrorista está lejos de llegar a su fin en Francia.
De hecho, un nuevo factor genera preocupaciones a nivel nacional: el eventual regreso del Medio Oriente de ciudadanos franceses y europeos que en los últimos años estuvieron unidos a grupos terroristas en Siria e Iraq.
Este riesgo se agudiza con la pérdida de terreno del Estado Islámico (EI) en esos territorios, lo que podría tener como consecuencia un retorno masivo de estas personas.
De acuerdo con cifras oficiales, más de mil ciudadanos galos viajaron a Siria o Iraq para unirse al EI, unos 300 murieron, y entre 500 y 600 se mantienen activos, aunque estas estadísticas tienen un amplio margen de error.
Para los próximos meses y años, el país tiene el desafío de controlar el posible ingreso de estos individuos, cuya presencia en suelo nacional puede ser muy peligrosa, por lo cual los esfuerzos se concentrarán en lograr detenerlos y llevarlos ante la justicia, tal como señaló el fiscal general, François Molins.
El procurador alertó en este sentido que hasta ahora se registra sobre todo un retorno de esposas e hijos de los enrolados en el EI, personas que muestran «más decepción que arrepentimiento».
Sobre el tema, el presidente francés Emmanuel Macron sostuvo que se deberá procesar judicialmente a los franceses pertenecientes a grupos terroristas, lo que podrá ocurrir en las naciones del Medio Oriente o en Francia.
FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA
Dos años después de la activación del estado de emergencia en noviembre de 2015, el gobierno decidió en este 2017 poner fin a ese régimen especial destinado a garantizar la protección del país y la ciudadanía en el contexto de amenaza.
Ello fue posible gracias a la aprobación de una nueva ley antiterrorista presentada por el gobierno como garante de la seguridad.
La derogación de ese régimen implica que las autoridades y las fuerzas de seguridad perderán un grupo de competencias excepcionales propias del estado de emergencia.
Sin embargo, la Presidencia de la República defendió la utilidad de la nueva normativa aprobada, que permite «introducir en el derecho común disposiciones concretas, dirigidas y supervisadas para luchar de forma eficaz contra el terrorismo», así como «reservar el estado de emergencia para circunstancias excepcionales».
Ello incluye cuestiones como autorizar a los prefectos locales el cierre de lugares de culto donde se difunda ideologías extremistas, o la instalación de perímetros de seguridad en sitios de grandes concentraciones de personas.
La ley también estipula los detalles para la vigilancia de los sospechosos, y otorga a los servicios de seguridad la potestad de acceder a toda la información sobre tráfico aéreo de pasajeros.
Mientras el gobierno defiende la estrategia escogida para salir del estado de emergencia, la nueva regla es rechazada por algunos partidos y organizaciones sociales, además de suscitar criterios encontrados.
Para unos, principalmente seguidores de la tendencia conservadora, la disposición es insuficiente para garantizar la seguridad en Francia y son necesarias regulaciones más estrictas.
En el lado contrario, muchos opinan que la ley solo significará el establecimiento de un estado de emergencia permanente y un riesgo para los derechos humanos.
De acuerdo con los detractores, sus disposiciones van demasiado lejos en temas de vigilancia y control social, lo que significa una amenaza para determinadas libertades individuales.