El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la ley aprobada en Tabasco, que impone hasta 20 años de cárcel a quien impida la ejecución obras públicas.
Sostiene que la legislación no afecta los derechos humanos y tampoco limita las libertades de los ciudadanos, como acusaron activistas.
La reforma fue avalada a pesar de los cuestionamientos de organizaciones sociales y legisladores de oposición.