La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la interrupción legal del embarazo en caso de una violación en todo el país, sin necesidad de que la víctima denuncie el delito.
Los ministros validaron la Norma Oficial Mexicana que ordena a todos los hospitales públicos garantizar la interrupción legal de embarazos que sean productos de violación, sin necesidad de que las solicitantes presenten una denuncia previamente por el delito.
La controversia constitucional fue promovida por el Gobierno de Baja California en 2016.