México, 17 nov (Prensa Latina) El expresidente de Bolivia Evo Morales exigió hoy al gobierno de facto de Áñez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales de las 24 muertes en cinco días por represión policial y militar.
En uno de sus mensajes en la cuenta @evoespueblo, dirigió su denuncia ante la comunidad internacional sobre estos delitos de lesa humanidad para pedir que no deben quedar en la impunidad.
Anteriormente había tuiteado por la misma cuenta que «pese a que el pueblo masacrado llora sus muertos y denuncia crímenes de la dictadura inconstitucional de Mesa, Camacho y Áñez, los exdefensores del Pueblo Albarracín y Villena y la pdta de APDHB, Amparo Carvajal, callan con silencio cómplice. Solo cuidan derechos de la derecha»
En México circula la información en casi todos los medios de prensa que el gobierno golpista ya legalizó por decreto reprimir las protestas en Bolivia, lo cual han reportado para el mundo diversas agencias de prensa internacionales
El diario La Jornada señala en su versión al respecto que un decreto firmado por la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, exime a las Fuerzas Armadas del país de responsabilidad penal en caso de que actúen en legítima defensa o estado de necesidad.
Morales había comentado en uno de sus mensajes que el decreto es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave el decreto e indicó que desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta, pero de ese pronunciamiento no ha pasado a los hechos hasta ahora, y la opinión pública le exige acción inmediata, objetiva y transparente.
Los medios recuerdan que tradicionalmente la comisión interamericana ha sido un instrumento de la Organización de Estados Americanos que dirige Luis Almagro, uno de los ejecutores intelectuales del golpe en Bolivia.
Según Morales, las protestas, que estallaron al día siguiente de los comicios del 20 de octubre, dejan hasta el momento un saldo de 24 muertos y más de 700 heridos, sólo el viernes hubo 122 lesionados, admitió la CIDH.
La represión se produjo luego de que cientos de campesinos intentaron traspasar un cordón dispuesto en el puente Huayllani, en la región de Sacaba, a lo que los militares respondieron disparando gases lacrimógenos.
Cinco cocaleros murieron el viernes en el Hospital México y las otras cuatro víctimas perdieron la vida en el Hospital Viedma entre la noche del viernes y la madrugada de ayer.