La Habana, 14 may (Prensa Latina) Hace 56 años, el entonces presidente estadounidense Lyndon Johnson, prohibió a todos los países del mundo vender medicinas o alimentos a Cuba, política que hoy mantiene y endurece el Gobierno de ese país contra la isla.
Las primeras sanciones contra la mayor de las Antillas fueron aprobadas en 1960 y en febrero de 1962 se recrudecieron. Pero el 14 de mayo de 1964, Estados Unidos suspendió el envío de alimentos y medicamentos a la nación caribeña.
Bajo el argumento del combate al comunismo, Washington pretendía estrangular la economía cubana, luego del fracaso de la invasión militar por Playa Girón, en 1961, perpetrada por mercenarios apoyados por fuerzas del Gobierno de ese país.
Washington usó como justificación también la implementación de un grupo de medidas a favor de la soberanía del país por parte de La Habana, como la nacionalización de centrales azucareros y de grandes compañías extranjeras.
El Departamento estadounidense de Comercio decidió entonces la enmienda de las Regulaciones a la Exportación hacia Cuba, revocando la emisión de licencias generales para embarques de alimentos y fármacos.
En julio de 1964 las presiones de la Casa Blanca llegaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), que impuso un bloqueo sobre todo el comercio con la isla caribeña, excepto en alimentos, medicinas y suministros médicos.
A la vez, Washington negoció con países europeos para que aplicaran sanciones contra la mayor de las Antillas.
Desde entonces, la política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba no ha variado, por el contrario, han aumentado las presiones para asfixiar a la isla, sobre todo ahora, cuando el país se enfrenta además a la Covid-19.
Según las autoridades cubanas, desde 2017 el Gobierno estadounidense ha aplicado contra la isla más de 190 sanciones, lo que evidencia el recrudecimiento del cerco económico, comercial y financiera contra la mayor de las Antillas.
La víspera, y nuevamente para justificar su política hacia la isla, la administración de Donald Trump reincorporó a Cuba a la lista de naciones que «no cooperan con los esfuerzos antiterroristas».
La disposición emitida por el Departamento de Estado estadounidense fue rechazada por las autoridades cubanas, que denunciaron, una vez más, como la nación norteña esconde su historial de terrorismo de Estado y de genocidio contra la isla.