México, 23 jun (Prensa Latina) Fraudes fiscales por casi 100 mil millones de pesos (cuatro mil 600 millones de dólares) en un año, de 43 empresas dedicadas a falsa facturación y lavado de dinero del crimen organizado, develó hoy México.
El tema fue tratado en la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador por la jefa de Servicios de Administración tributaria, Raquel Buenrostro, y el procurador Carlos Romero, quienes dieron detalles del multimillonario fraude que ocurre desde hace 10 años.
Buenrostro dijo que esas empresas fantasmas empezaron a proliferar y ser toleradas bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y continuaron con Enrique Peña Nieto (2012-2018), y se crearon expresamente para cometer fraude.
Puntualizó que en esta fase se analiza un primer paquete correspondiente al año 2017 bajo el gobierno de Peña Nieto, de 43 empresas facturadoras que realizaron operaciones ficticias por aquella cantidad y la emisión de 22 millones de facturas, todas falsas, para evadir impuestos.
En ellas, dijo, se aumentaban los gastos y se disminuían sus utilidades para bajar al mínimo sus contribuciones al fisco, pero al mismo tiempo amparar pagos ilícitos, sobornos, lavado de dinero y otros delitos fiscales.
Esas 43 empresas trabajan o les daban servicios a ocho mil personas físicas o morales involucradas en ese enorme fraude, solamente en este primer paquete.
López Obrador dijo que se les otorgará el beneficio de la duda por si fueron engañados y se les hará llegar un exhorto para que regularicen su situación. Pero tendrán solamente un plazo de tres meses.
Por otra parte, esas empresas no pagan nada al fisco como tales y es muy difícil localizarlas porque no tienen empleados, sus direcciones son falsas, y se dedican al sector de servicios, más complicado para detectar el fraude fiscal.
Buenrostro indicó que solamente por evasión del impuesto al valor agregado o IVA el fisco dejó de recibir el equivalente a más de mil 200 millones de dólares en ese año 2017. Y por la vía del impuesto a la renta el doble de esa cifra.
Señaló que esas 43 empresas de este primer paquete se relacionan entre sí y admitió que es muy difícil recuperar ese dinero porque borran las huellas para rastrearlo.
Por su parte, el fiscal Romero Aranda advirtió que van a investigar al que vende y al que compra la factura y al grupo del crimen organizado que los lidera.
Se trata, señaló, de un ejemplo de lo que realmente es el cambio que propugna la IV Transformación y que marca un antes y un después en el sector fiscal.
Advirtió que el fraude fiscal ya es un delito contra la seguridad nacional con sanciones penales hasta de 13 años y medio de privación de libertad.
Simplemente, dijo, se acabó la fiesta, y como no hay crimen perfecto, llegaremos a las cabezas de esas empresas, aseguró.