México, 2 oct (Prensa Latina) La Suprema Corte de Justicia de México avaló la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de consulta popular para decidir si se enjuicia a cinco exgobernantes anteriores a su mandato, algo inédito en el país.
Se trata de quienes gobernaron el país desde 1988 a 2018, período neoliberal durante el cual la corrupción creció como la espuma y gran parte del patrimonio nacional fue entregado al sector privado con perjuicio para el Estado, según el demandante.
A pesar de que por mayoría de 6-5 la Corte consideró constitucional la consulta popular y por tanto posible de realizarse, la votación fue condicionada a una modificación de la pregunta de la materia de indagación formulada por López Obrador, la cual marcaba el sentido de la petición.
La interrogante era clara y precisa: «¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes durante y después de sus respectivas gestiones?».
Es decir, la pregunta precisaba investigar y sancionar si se comprobaba delito, mencionaba por su nombre y apellidos a cada uno de los expresidentes, y extendía la investigación desde antes y después de asumir su mandato.
El planteo se enmarcaba en las revelaciones hechas por el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya por delitos fiscales muy graves cometidos desde 1988 cuyos efectos perjudiciales para el Estado perduran 32 años después.
Sin embargo, la Corte la modificó de tal manera que la despojó de su sentido de justicia y rendición de cuenta, y puso en su lugar lo que voceros de Morena calificaron de adefesio jurídico vacío de contenido, ambivalente, desinflado, ambiguo y sin mayor definición:
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?». Fue, como indicó un diputado morenista, un cantinflazo.
Vaciarla de contenido fue una iniciativa de los jueces conservadores como el autor de la moción de inconstitucionalidad derrotada, Luis María Aguilar Morales, un magistrado impuesto por el expresidente Felipe Calderón en su sexenio de gobierno (2006-2012).
Aguilar Morales es un magistrado de triste trayectoria conservadora por ser la persona designada por Calderón para liquidar la Compañía Luz y Fuerza del Centro en 2009, que dejó en la calle a más de 40 mil electricistas y sentó las bases para la entrega del sector a empresas extranjeras, principalmente de España y Estados Unidos.
Según fuentes de Morena, los otros cuatro que le apoyaron tienen también compromisos personales con uno o varios expresidentes del neoliberalismo, lo cual explica su posición negativa a que los cinco sean sometidos a una decisión popular y mucho menos enjuiciados.
De igual manera, la votación confirma la advertencia del propio López Obrador de la necesidad de reformular todo el Poder Judicial que mantiene las mismas estructuras viciadas del neoliberalismo, y fue el mecanismo para legalizar la impunidad.
Los magistrados que se opusieron al calderonista argumentaron que las justificaciones planteadas por Aguilar Morales para declarar inconstitucional la consulta, no fueron sustantivas ni apegadas a la ley, pues él aseguró que «la Constitución prohíbe someter a consideración de la ciudadanía el cumplimiento de las obligaciones de autoridades de procuración y administración de justicia», cuando el artículo 39 señala todo lo contrario.
El propio presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, rebatió su criterio y alertó al respecto al resto de los magistrados al señalar que «cuando ejercemos la competencia revisora que la constitución nos asigna, debemos ser muy cuidadosos de no frustrar indebidamente los objetivos de una consulta».
Sin embargo, dos de los seis que votaron a favor de la consulta condicionaron su voto a un cambio de formulación de la pregunta, y esa concesión destrabó el debate con el apretado resultado señalado.
En su conferencia de prensa de este viernes, López Obrador criticó el cambio de la pregunta, pero le restó importancia porque lo más trascendente es que la Suprema Corte de Justicia avala por vez primera la existencia de elementos y evidencias para consultar al pueblo sobre una actuación presumiblemente delictiva de cinco expresidentes.
Por vez primera una instancia de justicia en México acepta esa realidad de corrupción en el Poder Ejecutivo por más que se trate de deformar la materia de consulta, pues el fondo del problema, dijo López Obrador, queda intacto, elcual es preguntar a la gente -y que además decidan- si están de acuerdo o no en juzgarlos.
Si es positiva, los ven culpables de las acusaciones de corrupción e impunidad, o inocentes si gana el no.
El asunto está ahora en manos del Senado el cual debe iniciar el proceso legislativo la próxima semana en lo que promete ser un acalorado debate ya iniciado con las fuertes reacciones de Calderón y Fox, dos de los expresidentes encartados.