México, 3 nov (Prensa Latina) Con 165 periodistas asesinados, México clasifica como uno de los países más peligros de América Latina para el ejercicio la profesión, admite hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La cifra corresponde solamente a las dos décadas de este siglo equivalente a 8,25 reporteros asesinados por cada año. Sin embargo, en este 2020 el promedio es 50 por ciento superior al acumular hasta este mes 12 reporteros que han perecido de forma violenta.
Además, de 2005 a la fecha, se han registrado 21 casos de reporteros desaparecidos los cuales no están contabilizados entre los muertos, y de 2006 a la actualidad se acumulan 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación, la mayoría de las veces, ataques en respuesta a su labor.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas llamaron a las autoridades correspondientes a investigar de manera diligente y exhaustiva los crímenes contra periodistas y sancionar a los responsables, pues la falta de procesamiento de estos crímenes alimenta un ciclo recurrente de violencia.
Las relatoras especiales de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agn Callamard, y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, señalaron que los ataques contra periodistas en México tienen un solo objetivo: silenciarlos.
Son acosados, amenazados, secuestrados, torturados, encarcelados y procesados judicialmente por exponer la corrupción y el crimen organizado, por informar sobre protestas y por hablar con la verdad respecto al poder. Muchos son desaparecidos o asesinados. Y los perpetradores de estos crímenes rara vez rinden cuentas.
«Cuando los gobiernos no llevan ante la justicia a los responsables de dichos ataques, están efectivamente ejerciendo una forma de censura, imponiendo un bozal a quienes se atreven a reportar y silenciando a otros a través del miedo», señalaron las expertas en un pronunciamiento conjunto.
Existe un patrón global de impunidad y encubrimiento. La falta de investigación o procesamiento de los crímenes contra periodistas alimenta un ciclo recurrente de violencia, viola el derecho a la vida y la seguridad física, la libertad de opinión y de expresión y socava la independencia de los medios como un pilar esencial de toda sociedad democrática, indicaron las especialistas.