México, 6 nov (Prensa Latina) Familiares de víctimas de violaciones graves de derechos humanos en México irrumpieron hoy por la fuerza en la Secretaría de Gobernación como hicieron en septiembre en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al igual que en aquella ocasión cuando saquearon el local y destruyeron documentos de la comisión, ahora amenazan con mantener la ocupación del inmueble.
Sin embargo, esta vez la irrupción no ha sido masiva, pero sí espectacular pues primero dos mujeres, y luego varios hombres, escalaron las rejas y llegaron trepando por las ventanas al primer piso de la secretaría a un balcón cercano a la oficina de la titular Olga Sánchez.
Ninguno ocultó que participaron en la toma de la comisión de derechos humanos en el Centro Histórico, acción que estuvo dirigida por una diputada del opositor Partido Acción Nacional y de la cual se desvinculó la dirigencia de esa agrupación, pero sin condenar el ilegal hecho.
Los asaltantes del edificio piden justicia por las violaciones a sus hijos, lo cual ya habían pedido en la ocupación del inmueble de la comisión donde llegaron a un acuerdo al respecto con el gobierno.
Según fuentes oficiales, representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CNDH y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dialogan con ellos.
Pero al mismo tiempo, sospechosamente, otro grupo de cinco padres de la tragedia de la guardería ABC ingresaron por la fuerza al estacionamiento de la secretaría por otro extremo presuntamente para exigir que el subsecretario de Derechos Humanos de esa entidad, Alejandro Encinas, se presente a atender sus exigencias.
Desde afuera son apoyados por padres y madres quienes desde el lunes se encuentran en plantón con iguales demandas contra la guardería donde murieron 49 niños.
Se trató de un incendio el 5 de junio de 2009 en una bodega aledaña del gobierno de Sonora en épocas del expresidente Felipe Calderón quien no hizo nada al respecto, como tampoco su sucesor Enrique Peña Nieto, pero ahora, 11 años después, se lo exigen al de Andrés Manuel López Obrador, comentó un funcionario de la secretaría.