Nueva Delhi, 26 nov (Prensa Latina) Unos 200 millones de trabajadores realizaron hoy una huelga en la India convocada por 10 centrales sindicales contra las políticas del gobierno, que incluyen nuevas leyes laborales y agrícolas y la privatización del sector público.
Simultáneamente, una plataforma de más de 300 organizaciones de agricultores convocó una protesta para mañana en coordinación con los sindicatos, reflejó el portal News Click.
Trabajadores de los principales sectores industriales, como el acero, carbón, telecomunicaciones, ingeniería, transporte, puertos y muelles, plantaciones, producción de defensa, y establecimientos financieros se sumaron a la huelga, mientras en varios estados se prepara un paro rural.
Los obreros industriales y empleados del sector de servicios exigen el aumento de los salarios mínimos, el fin del trabajo contractual, el control de los precios de los productos básicos esenciales y el fin de la política gubernamental de venta de unidades del sector público a entidades privadas.
Pese a una fuerte oposición, el gobierno aprobó cuatro códigos laborales que reemplazan las leyes de protección de los trabajadores.
Dichas normas permiten a empleadores y gobiernos aumentar la carga de trabajo, dificultar la obtención de salarios justos, expulsar fácilmente a los trabajadores, nombrar empleados por un período determinado, reducir la eficacia del seguro médico y dificultan la formación de sindicatos.
La situación se agravó con el cierre por la Covid-19, pues cientos de miles de trabajadores perdieron sus empleos y ahora trabajan con salarios muy reducidos y en condiciones onerosas.
Las demandas incluyen 10 kilogramos de alimentos para las familias necesitadas, el fortalecimiento del sistema de distribución pública, la retirada de los nuevos códigos laborales y tres leyes agrícolas que abren las puertas de la agricultura a los agronegocios corporativos y grandes comerciantes, así como la marcha atrás a la nueva política educativa.
Además, la asignación del 5,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación; atención sanitaria para todos y un 6,0 por ciento del PIB para la salud; el retiro del proyecto de ley de enmienda de la electricidad y el fin de la desinversión de las empresas públicas.
Los agricultores reclaman hace años mejores precios para sus productos, que el Ejecutivo declare precios mínimos de apoyo basado en la recomendación hecha hace 16 años por la Comisión Nacional de Agricultores, y la eliminación de la deuda de los trabajadores del campo.