Por Enrique Rodríguez Martínez
La semana pasada anticipé algunos datos sobre la situación de un inmueble, cuya construcción inició el mismo día que se autorizó el proyecto en el Consejo de la Judicatura Federal, cuando era presidido por el Ministro Luis María Aguilar Morales en 2016. El expediente de esta edificación, revela un compendio de irregularidades que forman parte de los asuntos investigados como presuntos actos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación, entre 2015 y 2018.
En un terreno de cuatro hectáreas que fue donado por el municipio de Torreón, Coahuila, cuando el alcalde era Miguel Angel Riquelme, actual mandatario estatal, se proyectó la construcción de un complejo de juzgados y tribunales federales, cuya primera piedra se colocó en noviembre 2016 con una inversión aproximada de mil millones de pesos. Al menos 4 ex servidores públicos de la Judicatura Federal que participaron en el trámite del expediente administrativo de esa construcción, me confirman que se instruyó desde la oficina del ministro Aguilar Morales un procedimiento veloz para arrancar la obra. En la operación de la orden de alto nivel, participaron dos personajes muy cercanos al entonces presidente de la Judicatura Federal; el Consejero Jorge Cruz Ramos y Francisco Javier Pérez Maqueda, entonces Director General de Inmuebles y Mantenimiento, cesado por haberse descubierto en la cajuela del vehículo oficial a su servicio, decenas de fajos en efectivo por una cantidad cercana a los 3.5 millones de pesos sin justificación alguna. Pérez Maqueda fue procesado como presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El escándalo obligó a revisar diversas contrataciones de obra pública en las que participó el defenestrado personaje, encargado de avalar proyectos de mantenimiento, adquisición y construcción de inmuebles en todo el país. Pérez Maqueda participó en la adjudicación de contratos por cantidades cercanas a los 5.000 millones de pesos entre 2015 y 2016. El vínculo de cercanía con Aguilar Morales iba desde el manejo de cantidades importantes del presupuesto, hasta la convivencia como vecino en el mismo conjunto donde habitaban ambos. Pérez Maqueda fue inhabilitado 20 años e investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el seguimiento de sus operaciones mostraría aparentes nexos con el Consejero Cruz Ramos y el propio Ministro Aguilar, que son materia de revisión.
En el Caso Torreón, se arrancó la obra con premura inusitada de levantar cimientos para un edificio de 9 pisos, sin contar con el permiso de aeronáutica civil por ubicarse el predio a un costado del aeropuerto, dentro del llamado “cono de aterrizaje” motivo por el que la obra fue detenida en 2017 y se mantiene inconclusa hasta hoy. Ahí se habrían construido juzgados y tribunales federales, en ese lugar sólo se logró habilitar un edificio de dos plantas donde se instaló un Centro de Justicia Penal, para el cual se realizó una inauguración sin medios de comunicación a la que no asistió Aguilar, ni el gobernador para evitar mayores cuestionamientos de la prensa estatal.
¿Porqué se inició la obra, sin las autorizaciones correspondientes?
El caso representa una gran oportunidad para demostrar con hechos que la cruzada anticorrupción anunciada por el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar será real e implacable, aunque pudiera involucrar a uno de sus compañeros en activo dentro del pleno del Máximo Tribunal.
Es una percepción generalizada, que la corrupción en el sistema federal de impartición de justicia y la Judicatura Federal ganó terreno durante la administración de Aguilar Morales, que podría correr la suerte de Eduardo Medina Mora, si el Presidente Andrés Manuel López Obrador mete a fondo el acelerador sobre diversas indagatorias pendientes.
EDICTOS
En tiempos en que se lucha por combatir decididamente la violencia contra las mujeres, es inaudito que un sujeto sobre el que pesan diversas denuncias por abuso sexual y violación, haya sido la mejor opción para abanderar a Morena en el estado de Guerrero.
Respaldado públicamente por el propio AMLO, el manto de impunidad que protege a Félix Salgado Macedonio, ha revivido las esperanzas de competencia del PRI, que se consideraba muerto y guardado en la nevera. La indignante decisión podría favorecer las opciones del partido del gobernador Héctor Astudillo, quien ya prepara la entrega de su administración a quien resulte favorecido en las urnas en las votaciones de junio.
Con información de Latitud Megalópolis