Javier Divany Bárcenas
México, 10 febrero.- El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a fin de castigar los abusos de la autoridad, principalmente al aprovecharse de la llamada figura de arraigo, que solo ha servido para meter a inocentes a prisión.
El proyecto de Zepeda Vidales busca castigar severamente a aquellos servidores públicos que abusen de su poder, de su autoridad y en específico, que hagan investigaciones sin tener sustentos y las desarrollen, que lleven a cabo actos de molestia de autoridad hacia los particulares, hacia los ciudadanos, sin tener sustento, o que filtren o divulguen información que es reservada por ley y confidencial, que forma parte de las carpetas de investigación.
El senador señaló ante el Pleno que el tema preocupa y es de máxima relevancia, pues lo que se busca es evitar los abusos en el sistema de justicia en el país, que a lo largo de los años está colapsado.
Por un lado, dijo, tenemos una problemática de falta de denuncia por la desconfianza de la ciudadanía a las instituciones, por otro lado, existe mucha impunidad; porque en ocasiones se trata de una persona culpable y no es castigada, y en otras, personas inocentes sí son castigadas.
Afirmó que a lo largo de los años se ha abusado y se ha utilizado el sistema de justicia como una medida de presión, de persecución política y de daño hacia personas que después de pasar el tiempo de interés, pues dejan simplemente de existir los casos.
“Eso no debe de pasar, las personas que son culpables tienen que ir a la cárcel; las personas que son inocentes se les debe de dejar en paz, digan lo que digan, hagan lo que hagan.
“Está en el Legislativo, en mi opinión, errónea, ha impulsado un sistema penal muy duro con personas a quienes no se les ha probado la culpabilidad, o sea, se puso de moda la prisión preventiva oficiosa y, para todo, quieren mandar a la gente a la cárcel, sin haber pasado por un juicio y sin que haya sido encontrada culpable”.
Mencionó que el equivalente de esa medida hacia los servidores públicos sería ponerle prisión preventiva oficiosa también al servidor público, que use indebidamente sus atribuciones, que abra investigaciones por persecuciones sociales, “para ver si así dejan de abusar de la figura de prisión preventiva oficiosa, de andar mandando a la cárcel a la gente por meras acusaciones, por meros señalamientos por parte de la autoridad, sin haberles probado”.
“No propongo ello, porque me parece una aberración total, jurídica la prisión preventiva oficiosa, no creo en ella, me parece que es una violación total de los derechos humanos, pero eso sería equilibrar la balanza, al no usar esa figura.
“Lo que hoy proponemos aquí es simplemente que se castigue con cárcel a quien moleste injustificadamente desde el ministerio público, desde la policía o desde cualquier servidor público a un ciudadano, sin tener motivos justificados, elementos que lo hagan adecuado el que se abra una investigación o el que se le hagan actos de molestia, a él, a sus familias y demás”, señaló.
También, pide a quien divulgue información que es confidencial, más allá de estar litigando, a través de medios de comunicación o de redes, como esquema de persecución política, temas que son jurídicos, “si alguien tiene culpa que se vaya a la cárcel, pero si alguien no tiene culpa, que se le deje en paz”.
El tema está en dos arista: la administrativa, se están proponiendo sanciones administrativas, suspensión, quitar el cargo; la segunda se está proponiendo la arista penal, sanción penal, para quien haga ese uso indebido de esas atribuciones.
“México necesita justicia real, no una justicia en donde solamente se haga o se diga lo que la autoridad dice y no lo que verdaderamente la verdad está representando”.