Brasilia, 22 feb (Prensa Latina) La defensa del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva presentó un hábeas corpus para que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil cancele la certificación en tránsito del caso triplex de Guarujá, se confirmó hoy.
Según el portal Consultor Jurídico, los abogados del fundador del Partido de los Trabajadores quieren además la revocación de la baja de los registros del Tribunal Regional Federal de la IV Región.
Con ello, pretenden allanar el camino para presentar nuevos recursos en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La quinta sala del STJ vio el caso por última vez a principios de mes.
En la ocasión, el relator del expediente, el juez Félix Fischer, afirmó que Lula entró con 433 recursos en la corte, número que la defensa impugna, y así se ordenó la baja de los registros y el tránsito de la causa juzgada.
Para los juristas defensores, Fischer volvió a ignorar los plazos procesales.
«A modo de antecedente y anticipando la procedencia de este escrito, en un solo acto la autoridad coactiva desvirtuó el recurso extraordinario interpuesto en origen y amputó el plazo de apelación para la interposición de nuevo recurso excepcional», argumentaron.
Insistieron en que hubo absoluta violación de los principios del debido proceso legal, el contradictorio y la amplia defensa.
También el equipo jurídico del exgobernante cuestionó la decisión de la quinta sala, que rechazó el uso de los comprometedores mensajes atribuidos al exjuez Sérgio Moro y a los fiscales de la operación Lava Jato, revelados por hackers y decomisados en julio por la Policía Federal en la denominada Operación Spoofing (usurpación).
Al exmandatario se le acusa por la posesión de un apartamento triplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.
Los fiscales indican que el exjefe de Estado recibió el inmueble como retribución por los contratos cerrados por la contratista con la compañía estatal Petrobras.
Desde el comienzo del proceso, aún en primera instancia, Lula reafirma su inocencia y la defensa alega que el apartamento no es suyo, no hay pruebas contra el expresidente, quien no cometió delitos antes, durante o después del mandato (2003-2011).