Washington, 22 feb (Prensa Latina) La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló hoy para que los fiscales de Nueva York obtengan ocho años de registros financieros del expresidente Donald Trump, informaron hoy medios de prensa.
El acceso a esa información de registros financieros de los contadores y banqueros fue bloqueada anteriormente por el máximo tribunal del país cuando Trump era presidente.
Sin embargo, ahora se abre como parte de una investigación criminal de fraude e impuestos que lo involucra a él y a su organización.
Según el diario Los Angeles Times los abogados del exmandatario habían instado al tribunal a bloquear las citaciones emitidas por un gran jurado neoyorquino alegando que eran demasiado amplias y estaban motivadas políticamente.
Por otra parte, según trascendidos, el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance no reveló qué está investigando el gran jurado, pero en los documentos judiciales su oficina dijo que se indagaba una posible «conducta criminal prolongada en la Organización Trump.»
Hace varios meses, Michael Cohen, un exabogado y solucionador que trabajó para el expresidente, testificó que su jefe inflaba regularmente el valor de sus posesiones cuando buscaba préstamos y desinflaba los mismos activos para reducir sus impuestos.
Según las leyes del país, hacer declaraciones falsas en documentos de préstamos o declaraciones de impuestos puede ser procesado como fraude y como consecuencia recibir años de prisión y fuertes multas.
Durante la campaña presidencial de 2016, Cohen declaró que organizó el pago de dinero por el silencio a dos mujeres que tuvieron aventuras con Trump.
El hoy expresidente obtuvo varios fallos del Tribunal Supremo que le permitieron impugnar y bloquear citaciones en su contra durante su mandato.
En julio, el alto tribunal rechazó la amplia pretensión de Trump de que era inmune a una investigación penal mientras fuera el presidente. Pero la decisión de 7-2 en el caso Trump vs. Vance no puso fin a la lucha legal, señala Los Angeles Times.
Normalmente, los grandes jurados que actúan a puerta cerrada tienen una amplia autoridad para exigir registros que podrían mostrar si se ha podido cometer un delito.