Javier Divany Bárcenas
México 14 de marzo
El PRI en la Cámara de Diputados expresó un enérgico rechazo a los intentos de intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial y dijo que en ningún gobierno democrático es aceptable violar la autonomía de jueces y magistrados, porque rompe la división de poderes y pone en entre dicho el estado de derecho, “nada ni nadie por encima de la Constitución”.
El partido expresó que jueces y magistrados, deben tener la garantía para ejercer sus funciones con independencia y autonomía, y si sus fallos pueden ser recurridos, ello deberá ser bajo el principio de la independencia del Poder Judicial y con los procedimientos considerados por la ley, por lo que se debe evitar cualquier interferencia de otro poder del Estado en su labor jurisdiccional.
Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaria de Energía, Rocio Nahle, sobre la suspensión provisional que otorgó un juez contra la recién aprobada reforma Energética, el Ejecutivo sobrepasó los límites constitucionales y legales de su encargo a las declaraciones contra el Poder Judicial.
“Lamentamos su intención de amedrentar a un órgano jurisdiccional ante el cumplimiento de sus obligaciones, al otorgar la suspensión provisional contra la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y las consecuencias derivadas del Decreto”, señala el comunicado.
Advierte el partido que este intento de injerencia, lo que está en juego es la prevalencia de la democracia y de la República. Sólo los gobiernos autoritarios pueden considerar un obstáculo el cumplimiento de la Constitución.
“No es la primera vez que el Poder Judicial le corrige la plana a las decisiones mal tomadas por la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión”.
Recordaron que legisladores priistas escucharon a especialistas jurídicos que advertían en el Parlamento Abierto sobre la inconstitucionalidad de la Iniciativa Preferente del presidente Andrés Manuel y también se recuperaron los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema Corte donde determinó la inconstitucionalidad de los Acuerdos Administrativos promovidos por la Secretaría de Energía en la materia.
Incorporando estos argumentos, así como la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica, presentamos un Voto Particular alertando al pleno que la Iniciativa Preferente incluía artículos inconstitucionales.
El PRI dice que ante las voces de alerta, la mayoría en la Cámara de Diputados respondió con oídos sordos y datos imprecisos que se tradujeron en un pobre trabajo parlamentario.
Y advierte que la Suspensión Provisional dictada por el Juez Especializado en materia de Competencia Económica, se lleva a cabo ejerciendo con autonomía su altísima encomienda Constitucional y sobre este tema “no hay espacio para la intimidación o el descrédito desde otro poder”, concluyen los priistas.