La Habana, 25 abr (Prensa Latina) La decisión del jurado de declarar culpable a Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano George Floyd es, a juicio de expertos, apenas un modesto paso si lo comparamos con la magnitud del azote enfermizo de actos de brutalidad policial, acciones violentas y el uso de armas de fuego en Estados Unidos.
Sin embargo, el veredicto emitido el martes al menos constituye una esperanza, quizás lejana, para aquellos que durante años han luchado por lograr determinado nivel de igualdad racial y la eliminación de la tradicional impunidad de las fuerzas del orden.
A la vez, la declaración de culpabilidad contra Chauvin reavivó nuevamente las expectativas de una eventual acción más decidida por parte del presidente Joe Biden y el Congreso contra la brutalidad policial y el racismo.
Especialistas en el tema apuntan como algo hasta cierto punto esperanzador que tras este hecho siga adelante el debate sobre la Ley George Floyd de Justicia en la Policía, bajo discusión en el Senado.
El proyecto, auspiciado por los demócratas, fue aprobado a principios de marzo por la Cámara de Representantes, y tiene como fin prohibir las prácticas violadoras de los derechos civiles y facilitar el procesamiento de las denuncias de mala conducta policial.
Las noticias e imágenes sobre tiroteos masivos en Estados Unidos se repitieron en las últimas semanas con una frecuencia conmovedora.
Entre los sucesos más recientes está el asesinato por la policía en Ohio de la afronorteamericana de 16 años Ma’Khia Bryant; anteriormente una niña de siete años resultó muerta mientras estaba dentro de un automóvil con su padre en las afueras de un restaurante en Chicago.
En este contexto, cientos de manifestantes exigieron el viernes pasado en las calles de esa misma urbe una reforma para el departamento de Policía, tras la muerte de otro menor: Adam Toledo, de 13 años, a manos de un agente.
Los esfuerzos por llegar a un consenso nacional mínimo para resolver el asunto, y al menos disminuir esas cifras escalofriantes, han sido en vano, debido en particular a la oposición republicana y a quienes cabildean a favor de la compraventa de armas de fuego entre los civiles.
Según estadísticas de entidades especializadas, en Estados Unidos alrededor de 300 personas reciben disparos y más de 100 mueren cada día por ese mismo motivo, sin embargo, el Ejecutivo, el Congreso y el poder judicial no logran ponerse de acuerdo para acabar con este mal que enferma a la sociedad estadounidense.
Otros datos publicados el pasado 21 de abril por el diario The Washington Post, señalan que a pesar de que los afronorteamericanos representan menos del 13 por ciento de la población de ese país, son asesinados por las fuerzas del orden más del doble de la tasa de los blancos.
De acuerdo con cifras de Gun Violence Archive, en lo que va de 2021 se registraron en Estados Unidos 150 tiroteos masivos, y durante todo 2020 hubo un total de 610 incidentes de ese tipo, frente a los 417 de 2019.
Decenas de proyectos de leyes, acciones ejecutivas y medidas a nivel de gobiernos locales fracasaron en las últimas décadas para combatir la violencia con el empleo de las armas de fuego, la otra epidemia que padece la nación norteña.