Brasilia, 23 oct (Prensa Latina) Las acusaciones contra el presidente Jair Bolsonaro por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que escudriñó la gestión gubernamental ante la Covid-19 durante seis meses, dominó la semana que concluye hoy en Brasil.
Según el informe final, de más de mil 170 páginas y elaborado por la CPI, el Gobierno federal expuso «deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección masiva», por lo cual se pidió denunciar a Bolsonaro por 10 crímenes, entre ellos, contra la humanidad.
Además, se incluyen como imputados a 67 personas y aparecen entre estas los tres hijos del mandatario de tendencia ultraderechistas, cuatro ministros, dos exministros y cinco diputados.
Para el relator de la junta, senador Renan Calheiros, la administración de Bolsonaro fue omisa y optó por actuar de forma poco técnica y negligente, descuidada, para enfrentar la pandemia de Covid-19 que cobró hasta la fecha la vida a 605 mil 139 personas y 21 millones 711 mil 843 infectados.
De acuerdo con el contenido, el Ejecutivo mantuvo un gabinete paralelo para apoyar medidas en el área de la salud en contra de la evidencia científica.
Asimismo, trabajó con la intención de inmunizar a la población a través de la llamada inmunidad de rebaño, priorizó el denominado tratamiento temprano sin apoyo científico de la eficacia, actuó en contra de la adopción de medidas no farmacológicas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.
También el Gobierno «actuó deliberadamente para retrasar la compra de vacunas, en evidente desprecio por la vida de los brasileños», señala el escrito.
Calheiros llegó a la versión terminante tras debatir desde principios de semana con otros miembros de la CPI. Antes del documento conclusivo, se presentaron dos borradores.
Inicialmente, el informe pediría la inculpación de Bolsonaro por 11 delitos y, entre ellos, los de asesinato y genocidio indígena.
Pero la dirección de la junta decidió excluir estos cargos, que eran uno de los puntos de desacuerdo entre Calheiros y sus colegas.
Sumadas, las penas previstas en el Código Penal para los delitos comunes pueden llegar a casi 40 años, en caso de sentencia máxima. En el de una condena mínima, el mismo cálculo llevaría a algo más de 20 años de detención.
El reporte concluyente será votado la próxima semana por la CPI, que no tiene poder para acusar a nadie.
Las solicitudes de imputación se remitirán a los órganos competentes, entre ellos, la Fiscalía General del Estado, los fiscales estaduales y el Departamento de Policía Federal.