Washington, 4 nov (Prensa Latina) Activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos aumentan hoy las presiones sobre la Casa Blanca para el cumplimiento de la reforma migratoria.
Mientras esto ocurre, el miércoles la Cámara de Representantes adelantó que fue incluida en la nueva redacción del plan de gastos sociales una posible protección para inmigrantes indocumentados, que contempla el perdón a la deportación y Autorización de Empleo por cinco años o hasta 2031.
Los demócratas de esa cámara cedieron a la presión del Senado, que ya contemplaba esa reforma como un plan C a presentar a la parlamentaria Elizabeth MacDonough, a fin de que considere su posible aprobación bajo el proceso de Reconciliación.
La idea obligaría a los aspirantes a cumplir con los requisitos de elegibilidad, es decir, aprobar las verificaciones de antecedentes penales y de seguridad pública, como lo marca la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Aunque muchos consideran esto un punto de avance, prosiguen las presiones para que las autoridades vayan más allá y se cumpla la promesa de una reforma migratoria en el 2021.
Un banco telefónico establecido en Los Angeles impulsara llamadas dirigidas a los líderes principales, pero también a los miembros del Caucus Hispano del Congreso para instarlos a no votar por el plan de infraestructura del presidente Joe Biden a menos que contenga lenguaje a favor de una ley de Inmigración Integral.
Solo hay pocos representantes estadounidenses que han declarado que no votarán por el plan de infraestructura del presidente Biden, a menos que contenga un lenguaje de reforma migratoria», dijo John Fernández, representante de Full Rights for Immigrant Coalition.
Activistas que promueven esta iniciativa dijeron que ya no es suficiente que el partido demócrata siga anunciando con palabras que apoyan a los inmigrantes, sino que lo demuestren con hechos