Washington, 12 nov (Prensa Latina) En Estados Unidos surgen dudas hoy si el privilegio ejecutivo protegerá al expresidente Donald Trump luego de presuntamente impulsar el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.
El tema es abordado por el analista Niall Stanage en su columna The Memo en el diario The Hill, en la cual muestra los pro y los contra que plantea el acceso a la documentación que conserva el Archivo Nacional por el Comité selecto de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero.
El fallo -y el caso en general- podría debilitar fácilmente la capacidad de un expresidente para proteger discusiones confidenciales, y esto, a su vez, podría tener grandes efectos en el mundo real, señaló Stanage.
En el entorno político hiperpolarizado de hoy, es fácil imaginar a un futuro presidente republicano y a un Congreso con mayoría de esa agrupación armando exactamente la misma lógica para avergonzar a un predecesor demócrata, o para perjudicar a los próximos rivales que sirvieron en una administración pasada, alertó.
Según expertos legales el caso pudiera abrirse paso hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que el presidente Joe Biden dio el raro paso de renunciar a la reclamación de su predecesor de que esos documentos son confidenciales.
Las implicaciones de las actuales batallas, en un sentido u otro, son enormes, puntualizó el analista.
Por ejemplo, remarcó Stanage, Biden sienta un precedente que «está abriendo la puerta a que un futuro presidente haga lo mismo».
En la actualidad Trump y su equipo legal tratan de evitar que se obtengan documentos por el comité que presuntamente permitan establecer cargos, incluso criminales, por su actuación en los eventos del 6 de enero.
Jurídicamente, el núcleo del asunto en el caso de Trump es el privilegio ejecutivo, precisó el analista.
El privilegio ejecutivo no es absoluto ni permanente. Los precedentes legales reconocen que debe equilibrarse con el derecho del Congreso a obtener la información que necesita para llevar a cabo sus asuntos.
En el caso actual, Trump hace valer el privilegio ejecutivo para retener cientos de páginas de registros del Comité del 6 de enero.
La naturaleza excepcional del caso llevó a Biden a argumentar que los intereses más amplios de la nación están siendo servidos por la investigación – y que esos intereses superan cualquier reclamación de privilegio, algo con lo que coinciden millones de estadounidenses que esperan conocer la verdad.
Biden no está obligado constitucionalmente a cumplir con lo que pide Trump, pero eso pudiera tener consecuencias para futuros presidentes, tanto demócratas como republicanos.
¿Cómo se sentirían los demócratas si una futura mayoría republicana obtuviera los registros privilegiados de Biden, o los del expresidente Barack Obama, sobre esa base?, preguntó Stanage. Pero en una época en la que las normas estadounidenses demuestran ser mucho más frágiles de lo que muchos pensaban, la batalla actual podría resonar en el futuro y volver a perjudicar a los demócratas, incluido el propio Biden, concluyó.