Un tribunal federal rechazó amparar al ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, y a su hijo Guillermo Robín Álvarez, y a seis personas más, quienes buscaban echar abajo la orden de aprehensión que fue librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones 411 mil pesos.
En sesión celebrada este jueves, el magistrado ponente en todos los casos fue Horacio Armando Hernández Orozco, quien propuso a los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal negar la protección de la justicia a los quejosos.
Según la investigación, el director general de la cooperativa, sin contar con poder y facultades suficientes ni con la autorización del Consejo de Administración y sin informar a la Asamblea General de accionistas, el 15 de agosto de 2016 celebró un contrato de fideicomiso de garantía.
La cooperativa, en su carácter de fideicomitente, con una fiduciaria, el cual consiste en garantizar que los bienes que integran el patrimonio cometido servirán para incrementar el fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la cooperativa, supuestamente iba a recibir y mantener la propiedad de los bienes.
Por mayoría de votos, el tribunal avaló los proyectos del magistrado Hernández Orozco, quien propuso confirmar la resolución dictada e noviembre pasado por el juzgado décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
El colegiado también ratificó la negativa de amparo para Raúl Antonio Enríquez López; Jorge Fernández Rodríguez; Ángel Jiménez García; Noé Calvo Morales y Apolinar Ortiz Hernández, a quienes identifican como colaboradores de Álvarez Cuevas. Todos ellos eran miembros del comité técnico del fideicomiso referido.
El único prófugo de la justicia al que no le resolvieron su amparo es Armando García Lugo, debido a que en este caso el colegiado primero debe resolver un incidente o recurso en el que se alega la falsedad de una firma en este juicio de garantías.
La orden de aprehensión, que ahora ha quedado vigente y ya no puede ser combatida legalmente, deriva de una denuncia presentada el 2 de junio de 2019 por un grupo de cooperativistas contrarios a la directiva que encabezaba Álvarez Cuevas.
Por este asunto, también se ordenó la aprehensión de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo de la cooperativa, quien desde hace tiempo perdió el amparo contra este mandamiento judicial
No obstante, el año pasado el juez de control, por solicitud de la Fiscalía de la CDMX, canceló esta orden de captura contra Junquera, luego de que el abogado negociara pagar una reparación del daño de entre 600 y 800 millones de pesos
Guillermo Álvarez Cuevas y Junquera tienen otra orden de aprehensión federal, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos en “factureras”, mandamiento judicial que les busca ejecutar la Fiscalía General de la República.
Las órdenes de captura derivaron de una denuncia presentada el 2 de junio de 2020 por los integrantes del Consejo de Administración en funciones de la cooperativa, en la que acusaron a Billy Álvarez y a siete personas más de crear un fideicomiso sin contar con las facultades legales ni con la autorización en asamblea de socios.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró la carpeta de investigación 012/00821/2020, la cual judicializó.
En su momento, funcionarios judiciales de la Ciudad de México revelaron que el monto de lo supuestamente defraudado era mayor, porque aún faltaban los avalúos de la totalidad de los bienes que se transmitieron ilícitamente al fideicomiso, ya que se trataba de los activos más importantes de la empresa, como son las plantas productoras de cemento en los estados de Oaxaca e Hidalgo.
Las órdenes de aprehensión fueron libradas por un juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, del Tribunal Superior Justicia de la CDMX. Ante esta situación, Billy Álvarez y su hijo promovieron demandas de garantías para tratar de frenar la captura.
Billy Álvarez es investigado por un supuesto desvío de 429 millones de pesos y 44 millones de dólares. El 1 de agosto de 2020, dejó la presidencia de Cruz Azul y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que es buscado por las autoridades de la Ciudad de México y la Interpol.