Profundizar la procuración de justicia en la Ciudad de México

Por: JOSE ALBERTO VAZQUEZ CRUZ

La administración y procuración de justicia son parte de los problemas más complejos que enfrenta el país para concretar el Estado de Bienestar que anhelamos todos.

La lucha contra la desigualdad es una asignatura en la que los gobiernos de la Cuarta Transformación pueden presumir con creces, en tan solo cinco años, más de 5.5 millones de mexicanos abandonaron la pobreza, con ello se demuestra que la política social funciona de manera adecuada, incluso reconocido por acérrimos neoliberales.

Abrazos, no balazos, no significa estar cruzados de brazos.

Ahora es indispensable cerrar el círculo virtuoso con la lucha contra la impunidad y la injusticia, para abonar en la solución de un gran pendiente y reto para los gobiernos locales y federal, solo para dimensionar el problema basta conocer un dato, la media nacional de carpetas resueltas con no ejercicio de la acción penal, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del INEGI, rondó el 94 por ciento, cifra muy lejana de la justicia pronta y expedita.

Por otro lado, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de septiembre a 2018 la percepción de inseguridad de la población en el país era de 78 por ciento.

Para junio de 2023, la percepción de inseguridad es de 68.6 por ciento.

El cambio es evidente, pero aun falta mucho por hacer.

En la capital del país, recién inicia el proceso para ratificar a la primera fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy Ramos.

La primera fiscalía de la ciudad ha significado la oportunidad de tener un modelo de cercanía con la gente, en la que la población, la víctima, siendo el centro de la actuación ministerial, se sienta respaldada por la autoridad que representa el ministerio público.

Su gestión se ha destacado por dar voz a las víctimas y a la dignificación de la atención de la población. Se rehabilitaron las agencias del ministerio público con un modelo más accesible, en general se buscó que la población cambiara su relación con la fiscalía, la policía de investigación y servicios periciales.

De manera sobresaliente se debe advertir el modelo de escucha ciudadana ya sea presencial o de manera virtual para que la gente haga sus denuncias de manera ágil y sin obstáculos. En un hecho poco usual en los funcionarios de estas áreas, se abrieron espacios de atención personalizada de la fiscal a la población a través del programa “La Fiscal en tu Alcaldía te Atiende”.

Este nuevo modelo de fiscalía ha permitido abatir números de la incidencia delictiva, sobre todo en los delitos de alto impacto como robo, homicidio y feminicidio.

Mención aparte merecen los Centros de atención de mujeres, con los cuales se busca dar las herramientas necesarias para mitigar las condiciones de desigualdad entre las víctimas, respecto de los agresores, para la defensa de sus derechos. De este proceso ha estado muy de cerca la población, las autoridades directivas de esos centros se eligen con la participación ciudadana.

Como toda gestión ha tenido momentos complejos y de gran valía, la lucha contra la corrupción le ha permitido obtener ordenes de aprehensión y sujeción a proceso para personas vinculadas a la alcaldía Benito Juárez y del Partido Acción Nacional por la violación de las normas de desarrollo urbano para la construcción indebida de inmuebles a cambio de sobornos en lo que se conoce como el Cartel Inmobiliario.

La corrupción se ha ubicado como uno de los problemas más difíciles de enfrentar pues implica desterrar el uso del servicio público a favor de intereses privados, por ello la valía de enfrentar esas prácticas que tanto daño le han hechos por los gobiernos neoliberales al desarrollo de la ciudad y del país.

Y aunque la oposición regatea los logros, lo cierto es que se perciben cambios estructurales en la dependencia, los cuales son precisos de profundizar. El sistema penal acusatorio cuando se instrumentó a nivel constitucional y legal se mencionó un período de asimilación de alrededor de 30 años, estamos casi a la mitad del camino.

La reingeniería de la fiscalía apenas cumple 4 años de su gestión, no obstante, están puestas las bases para un nuevo modelo de transición para la procuración de justicia.

Más allá de las contiendas políticas es necesaria una evaluación serena, no sólo de la actuación personal, sino lo más importante, la institucional y la perspectiva de un órgano fundamental para la tranquilidad de los capitalinos, como es el ministerio público de la ciudad.

La ratificación de la fiscal se presenta en un momento político muy álgido, la disputa del poder en la capital se antoja complejo con base en los últimos resultados electorales en los que la oposición obtuvo 9 de las 16 alcaldías que conforman la ciudad.

A pesar de ello, el 21 de julio pasado el pleno del Congreso de la Ciudad de México, por unanimidad, aprobó la integración del Consejo Judicial Ciudadano, el cual tiene en sus manos el proceso de ratificación de la actual fiscal.

Una vez que se hizo publica la aspiración de la licenciada Godoy Ramos para seguir al frente de la fiscalía, la oposición disfrazada de ciudadanía ha intentado boicotear el proceso y dañar la imagen de la fiscal, anteponiendo intereses partidarios al interés de los habitantes de la capital.

Es indispensable que se respeten los procesos ciudadanos, la población de la capital dio un gran voto de confianza al gobierno capitalino actual, de esas filas salió la abogada Ernestina Godoy, una mujer de gran trayectoria y convicción.

Se deben permitir que los espacios ciudadanos, como el Consejo Judicial, realice, sin presiones, el proceso que la constitución local y las leyes le mandatan, consultar a la ciudadanía y proponer en consecuencia.

No solo se ratificará un funcionario más, es el pacto ciudadano contra la delincuencia, la corrupción y la ineficiencia, nuestra ciudad merece una fiscalía a la altura de sus necesidades, es necesario que se le deje trabajar y que la medición efectiva de su trabajo sea la única evaluación que se tome en cuenta.

Es preciso que el poder político y la oposición dejen trabajar a la fiscal en un proceso que apenas lleva cuatro años, pero que ha puesto los cimientos donde la impunidad no encuentre recovecos.

Con información de Latitud Megalópolis