Ante el Pleno del Senado de la República, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que se mantendrá una coordinación con las autoridades electorales y los gobiernos estatales, para garantizar que el proceso electoral de 2024 se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada.
La funcionaria federal compareció en la Cámara de Senadores para dar cuenta de la política interior, como parte del análisis del V Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.
Previo a su participación inicial, el presidente en funciones de la Mesa Directiva, Sergio Pérez Flores, explicó que este ejercicio de rendición de cuentas se realiza bajo los principios constitucionales que establece la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, posteriormente, tomó la protesta de decir verdad a la titular de la Segob.
Alcalde Luján señaló que de cara al proceso electoral del siguiente año “tenemos la enorme responsabilidad histórica de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, la corrupción, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado”.
Manifestó que, con independencia de los proyectos políticos, preferencias e intereses personales, “tenemos un compromiso superior, y ese compromiso es con el pueblo de México”.
Explicó que el tema de la inseguridad se atiende con una estrategia para, fundamentalmente, atender las causas que generan la violencia. En este sentido, a los jóvenes se les garantizan oportunidades de empleo y de estudio.
Indicó que también se asume que la responsabilidad en materia de seguridad es indelegable, por lo que el presidente López Obrador encabeza todos los días, por la mañana, las reuniones del Gabinete de Seguridad, donde se toman decisiones y se coordinan los esfuerzos de todas las fuerzas de seguridad.
La funcionaria aseveró que la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional representa un elemento fundamental en esta materia, ya que en sólo cuatro años cuenta con 128 mil elementos capacitados, organizados y disciplinados; además, se han construido 269 cuarteles en todo el territorio nacional y cuenta con un respaldo social del 80 por ciento.
Afirmó que gracias a la estrategia implementada, la incidencia delictiva ha disminuido 24 por ciento y los delitos que generan más impacto en las familias y las comunidades, como es el homicidio y el secuestro, se han reducido 17 y 80 por ciento, respectivamente.
Por otro lado, subrayó que ante el flujo sin precedentes de personas y familias que transitan por nuestro territorio hacía los Estados Unidos, el fenómeno se atiende de manera estructural y de manera coordinada con los países de origen y destino de la migración, “bajo una perspectiva integral de desarrollo y derechos humanos”.
Recordó que este tema fue abordado en el diálogo de alto nivel que tuvo México y Estados Unidos, en el que se expresó el interés de ampliar las estrategias que han demostrado reducir la intención de migrar en El Salvador y Honduras.
En este sentido, informó que el próximo 22 de octubre se llevará a cabo una cumbre convocada por el Presidente de México, con 11 de sus pares de Latinoamérica y el Caribe, para elaborar un plan conjunto de atención al flujo migratorio.
Alcalde Luján dijo que se insistirá para que el Gobierno de Estados Unidos permita que los trámites migratorios se realicen desde los países de origen, “y así las personas no se vean en la necesidad de emprender el riesgoso camino hacia la frontera norte”.
También precisó que se reforzó la capacidad y seguridad de las estaciones migratorias, además de que promueve la incorporación de la población migrante en el mercado laboral, a través de la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo, que en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha realizado la asignación de 23 mil 424 números de seguridad social, en poco más de un año.
En los últimos años, apuntó, México se ha convertido en el tercer país a nivel mundial con el mayor número de solicitantes de refugió, tan sólo detrás de Estados Unidos y Alemania. En este año, agregó, el número de solicitantes suma 113 mil personas, y la presente administración le ha otorgado la condición de refugiado a 97 mil 300 personas, es decir, 642 por ciento más que el sexenio anterior.
La funcionaria afirmó que se atiende de forma prioritaria la búsqueda de personas desaparecidas, a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo presupuesto se ha incrementado en 134 por ciento en este sexenio y se prevé duplicarlo para 2024.
Refirió que se han realizado cuatro mil 560 jornadas de búsqueda en campo, en 30 entidades y 621 municipios del país, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la participación de las familias de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones.
Manifestó que en los próximos meses se intensificarán las brigadas de búsqueda y localización de la mano de los gobiernos estatales.
Respecto de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el Caso Ayotzinapa, mencionó que ésta ha fortalecido las líneas de investigación para encontrar a los estudiantes desaparecidos, castigar a los responsables, brindar justicia y consuelo a sus familias, “ante los hechos vergonzosos que constituye un crimen de Estado”.
“Hoy sabemos que los estudiantes no formaban parte del crimen organizado y que agentes estatales y autoridades del más alto nivel participaron en la fabricación de la verdad histórica”, manifestó.
Señaló que, de acuerdo con el informe de dicha Comisión, se localizaron los restos de tres de los 43 estudiantes y se llevan a cabo acciones de búsqueda para localizar a los 40 que permanecen desaparecidos.
Por este asunto, precisó que se han detenido a 132 personas, 41 integrantes de la delincuencia organizada, 71 policías federales, estatales y municipales, tres altos funcionarios de la Fiscalía General de la República, incluido el exprocurador, el exsecretario de seguridad estatal de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, la expresidenta del DIF en Iguala y 14 elementos del Ejército.
Luisa María Alcalde dio a conocer que el presupuesto del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos también se ha incrementado 125 por ciento, respecto del sexenio anterior, “pues pasó de 780 millones de pesos a mil 750 millones”.
Además, indicó que se fortaleció la adhesión de mil 378 defensores y periodistas adicionales a los 800 que ya existían en 2018, lo que representa un incremento de 173 por ciento.
Actualmente, agregó, están incorporadas dos mil 776 personas, de las cuales 603 son periodistas, mil 181 son defensores de derechos humanos y 391 son personas protegidas indirectas.