La diputada local Gabriela Salido Magos lamentó que el Gobierno no tenga interés por cuidar los pueblos, barrios y comunidades indígenas de la Ciudad de México, lo que ha deteriorado su identidad y cultura.
“La muerte histórica que se le está decretando a los diversos pueblos, barrios y comunidades indígenas atenta contra todos los derechos de estas poblaciones. Pareciera no importar los derechos adquiridos con los que cuentan, hecho que ha sido documentado por la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Electoral ambos de esta Ciudad”.
Salido cuestionó a la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, sobre el tipo de apoyos que están recibiendo estas poblaciones para llevar a cabo su pleno reconocimiento en ley. “Pues sabemos que esta población pertenece a grupos vulnerables reconocidos por nuestra Constitución”.
“Es importante que se nos informe qué está sucediendo con el registro de los pueblos, barrios y comunidades faltantes, y cuáles son las acciones que se están tomando para acelerar el proceso de registro, pues hasta la fecha estas poblaciones se encuentran indefensas”.
En este orden de ideas, a panista habló del pseudo proceso de consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, donde esa dependencia brilló por su ausencia.
“Pues fue nula fue la intervención en defensa de los derechos particulares de estas poblaciones en un tema tan importante como es la conformación del territorio. También es importante abordar el tema del derecho a la vivienda de estas poblaciones, pues en el informe que fue remitido a esta soberanía al tema se le dedica una cuartilla sin mayor explicación, a sabiendas de la problemática actual que tiene la Ciudad en esta materia”.
Hizo especial mención del pueblo Santiago Ahuizotla, que previamente tenía el reconocimiento como un pueblo originario, y que hoy, padece las consecuencias de un desarrollo desenfrenado, como es el caso del predio ubicado en Morelos 34 en el que se pretende construir un desarrollo de más de 12 mil metros cuadrados, de cuál es manifiesta la inconformidad de los habitantes de este pueblo.
“Es bien sabido que una construcción de tal magnitud tiene una afectación directa y sustancial en la prestación de servicios públicos, en este sentido, me parece importante que se nos informe qué es lo que se está haciendo para defender el territorio de los diferentes pueblos, Barrios y comunidades ubicadas en la Ciudad de México, porque si retomamos lo que sucede con el Sistema de Registro, la perspectiva no es muy alentadora y las violaciones a sus derechos persisten”.