Ciudad de México, 7 dic (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó hoy que está muy activo el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Javier Laynez, quien suprimió el decreto sobre eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Es el mismo magistrado que intervino en Nuevo León en el caso de violación de lo establecido de colocar en el cargo de gobernador en ausencia justificada del titular a un integrante del mismo partido del saliente.
Pero allá avaló poner a uno de la oposición, un exfiscal, que no le correspondía, y se creó una crisis que obligó a Samuel García dejar su candidatura a presidente de México y regresar a su cargo, sobre lo cual aún hay litigio.
Y ayer, ese mismo ministro ordenó eliminar un decreto de Salud Pública que prohíbe todo lo relacionado con los vapeadores y consumo de nicotina y similares dañinos para la salud según investigaciones científicas, para favorecer a los empresarios inescrupulosos que medran con la salud de las personas.
Lo de los fideicomisos es para que los del Poder Judicial no devuelvan el dinero que no les hace falta porque les sobra el del presupuesto para todas las responsabilidades de esa instancia y el salario y prestaciones de los trabajadores, aclaró.
Recordó que cuando planteó su eliminación porque se usaban para enormes privilegios de la cúpula del Poder Judicial, desde carros blindados hasta operaciones estéticas y viajes al exterior, grandes hoteles con dietas sustanciosas, casas y muchísimos más privilegios, la presidenta de la SCJN Norma Piña estuvo de acuerdo con dedicar esos 857 millones de dólares a la reconstrucción de Acapulco.
Pero nombran al señor Laynez como ministro para ver el caso y lo echa todo para atrás y sin muchos argumentos anula lo aprobado por ambas cámaras y el ejecutivo, y dicta que el dinero se siga gastando en cosas suntuosas en favor de la cúpula y se le quite a los damnificados.
Dijo que tiene solamente dos explicaciones: una, que Norma Piña sintió de corazón que lo correcto era destinar esos dineros a un fin justo y humano porque no les afectaba en nada en lo laboral, operativo y de prestaciones, sino solamente las prebendas.
Otra, que fue solamente un figurado de ella para salir del paso mientras al mismo tiempo organizaban la campaña para no entregar los 15 mil millones de pesos en moneda nacional a los damnificados de Acapulco.
Sería entonces el doble discurso, la doble moral, la hipocresía que se enseñorea en el Poder Judicial.
También pudo haber sido, añadió una tercera, que fuera sometida a presiones de los mandamases porque una cosa son los cargos formales y otra el poder real que pudiera estar detrás de ellos, porque antes en México, hasta hace poco, había quienes se sentían los dueños del país y mandaban en el Poder Legislativo y en el Judicial.
Aclaró que la decisión no afecta la recuperación de Acapulco porque el dinero que hace falta para esa titánica obra de recuperar el principal centro turístico de México el gobierno lo tiene garantizado y las obras de reconstrucción marchan según lo previsto, y anunció que ya están casi terminadas las gigantescas y engorrosas tareas de limpieza.