Los diputados federales Rubén Ignacio Moreira Valdez, Jorge Romero Herrera y Luis Ángel Espinosa Cházaro, presentaron a la Comisión Permanente un exhorto para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado de Guerrero, de manera conjunta y coordinada implementen acciones de vigilancia en todo el territorio de ese estado ante los recientes hechos de violencia que reflejan una crisis de inseguridad para toda la población.
A través de un Punto de Acuerdo, los coordinadores de los Grupo Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura argumentaron que las acciones del crimen organizado atemorizan a las familias, ponen en riesgo el libre tránsito de los ciudadanos y la labor periodística, e intervienen en las actividades económicas que a diario millones de mexicanos realizan, generando con ello terribles consecuencias.
Puntualizaron que los últimos acontecimientos muestran la realidad que se vive en Guerrero, tres periodistas secuestrados, una pareja de maestros asesinada y 12 trabajadores de limpia de Taxco plagiados, así como los ataques con drones y el calcinamiento de varias personas en la localidad de Buenavista, municipio de Heliodoro Castillo.
Por ello, los legisladores del PRI, PAN y PRD se pronunciaron por una pronta y efectiva investigación que lleve a operativos que permitan la localización y liberación con vida de los trabajadores municipales privados de su libertad, de los periodistas desaparecidos, así como a la detención y castigo de los involucrados en los hechos registrados en los municipios de Taxco y Heliodoro Castillo.
También plantearon que se requiere una coordinación eficaz entre las fuerzas federales y estatales para la construcción, implementación, supervisión y evaluación de una estrategia en materia de seguridad que combata la actual crisis de violencia e inseguridad que se vive en esa entidad.
Asimismo, Moreira Valdez, junto a Romera Herrera y Espinosa Cházaro, llamó a la Fiscalía estatal y a la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a aplicar el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión para sancionar los delitos cometidos contra este gremio y garantizar su protección para desempeñar su labor.
Subrayan que es prioritario promover e implementar programas y acciones que eviten la normalización de la violencia e inseguridad que afecta a las familias guerrerenses. “El gobierno del estado no debe ser ajeno a la violencia que se apodera y que va dejando a su paso lamentables consecuencias”, agregó.
En el documento, firmado por los tres coordinadores, recordaron que durante años el Estado mexicano ha procurado el diseño y la existencia de instituciones, mecanismos y acciones para garantizar la seguridad de la población, así como para quienes desempeñan labores vulnerables y de riesgo como el periodismo.