Ciudad de México, 15 feb (Prensa Latina) Transportistas mexicanos insisten en realizar hoy un paro nacional a pesar de las negociaciones que su Confederación Nacional (Conatram) sostuviera la víspera un diálogo con la Secretaría de Gobernación para hacerlos desistir.
La entidad federal circuló un comunicado en el que dio cuenta de que se trató de un encuentro amplio con líderes de la Conatram, y las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional, sobre los asaltos en carreteras y medidas contra los criminales.
Entre los acuerdos alcanzados, la Conatram aceptó sumarse a las mesas de trabajo sobre las estrategias de atención en el tema del autotransporte. Además, participará en una segunda reunión en la Secretaría de Gobernación en la cual estarán las demás instancias.
Las demandas planteadas por las diferentes agrupaciones de transportistas tienen un objetivo común: garantizar la seguridad tanto de los operadores como de los vehículos de carga, señaló el comunicado.
Sin embargo, la denominada Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) informó por su lado que iniciará este jueves el paro nacional acordado con anterioridad, en respuesta a la creciente crisis de inseguridad que afecta la Red Nacional de Caminos.
Contrario a lo acordado por la Conatram ayer, la Amotac dijo que la medida será en protesta por el incumplimiento de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del autotransporte federal, incluyendo todas las instituciones que participaron en la reunión de ayer, así como los gobiernos estatales y municipales.
Entre las demandas planteadas por este gremio se encuentran la necesidad urgente de mejorar la seguridad en las carreteras, la prohibición de vehículos doblemente articulados tipo tanque y la regulación del parque vehicular.
También reclaman la fijación de tarifas oficiales de operación, la reclasificación de carreteras y la aplicación efectiva del reglamento de grúas a nivel federal y estatal, así como una regulación más clara en el pago de permisos y una atención contundente a los abusos y extorsiones por parte de algunas autoridades.