Pueblos originarios de Xochimilco demandaron judicialmente el nombramiento como “Barrio Mágico” por violar sus derechos como pueblos originarios y demandaron que dicho programa es realmente una decisión arbitraria de las autoridades ya que no cuenta con marco legal, ni fundamento para implementarse.
El 23 de noviembre de 2023, presentaron una demanda de amparo en contra de distintas autoridades federales y locales, debido al nombramiento que se hizo a Xochimilco como “Barrio Mágico”, todo esto sin haber realizado ningún tipo de consulta a los pueblos originarios y sin considerar ningún tipo de medida de prevención o mitigación por los posibles procesos de turistificación y gentrificación que ese tipo de programas ha generado en otros lugares del país.
El programa “Barrio Mágico” fue creado para zonas de las ciudades que, al encontrarse en un entorno urbano, no pueden aplicar al ya existente programa de “Pueblos Mágicos”, consistente en inversión pública para impulsar el turismo.
Durante el juicio, el Juzgado de Distrito exigió a las autoridades la Secretaría de Turismo a nivel federal, así como la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Alcaldía de Xochimilco, que presentarán toda la documentación de la cual se deriva el nombramiento de Xochimilco como “Barrio Mágico”.
Sin embargo, durante semanas las autoridades respondieron con evasivas sin poder entregar documentación alguna de dicho programa. El 4 de abril de 2024, en el marco de ese juicio, la Defensa Jurídica de la Alcaldía de Xochimilco presentó un certificado a manera de diploma donde se daba el nombramiento de Xochimilco como “Barrio Mágico”.
Dicho documento consta de una sola página con fecha indeterminada de “octubre de 2023”. Esa es la única documental que acredita la existencia del programa “Barrios Mágicos”.
Cabe destacar que no existe ninguna convocatoria, ni reglas de operación en las que se haga mención a dicho programa. Tampoco existe ninguna norma o ley que le otorgue a las autoridades las facultades necesarias para implementar dicho programa.
Mucho menos a costa de los derechos de los pueblos originarios. Todo esto evidencia la arbitrariedad y el capricho por parte de las autoridades, quienes implementan un programa que legalmente no existe y del cual, por lo tanto, no existe ninguna forma de fiscalizar y hacer escrutinio de su presupuesto y su desarrollo.
Esta ilegalidad fue, además, realizada sin consultar a los pueblos originarios de Xochimilco, exotizando su territorio para procesos de turistificación que atentan con su calidad de vida y el acceso al agua.
Adicionalmente, a partir de esta inexistencia, tal pareciera que únicamente se pretendió beneficiar a la empresa “Comex” ya que el gobierno federal en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México anunciaron cuando se hizo el “nombramiento”, inexistente jurídicamente, que esa empresa iba pintar, supuestamente 140 fachadas e iba patrocinar murales en diversos espacios públicos, es decir, pretenden utilizar esos murales como un comercial para fines de lucro y propios.
El amparo presentado está siendo analizado por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.